La llegada del mes de agosto ha despertado las avispas, en particular en las redes sociales, y las especulaciones han brotado con insistencia sobre los posibles o necesarios cambios en la administración pública. No es cosa nueva que con el aniversario del gobierno se piense siempre que el presidente tiene la potestad y la necesidad de hacer cambios en su gabinete.
Algunos cambios ya han sido anunciados, incluso por los incumbentes, como sucedió con el Superintendente de Bancos, Alejandro Fernández, quien explicó su salida de la administración pública para trabajar en la academia y dedicar más tiempo a su familia.
Se ha especulado que Pedro Silverio, economista que fue Gerente General del Banco de Reservas y que en el 2020 fue designado asesor económico del Poder Ejecutivo, sería la persona que sustituiría al Superintendente de Bancos.
Milton Morrison, director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), y quien fuera antes administrador de Edesur, anunció también su salida de la posición que ocupa. Se desconoce si iría a otra posición o si volvería a ocupar funciones en el sector privado, donde ejerció en el área energética, o si decidirá quedarse como presidente del partido País Posible.
Guido Gómez Mazara, presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), fue de los primeros en anunciar su salida de la entidad que encabeza, pero varios medios le han asignado un posible ministerio, muchísimo más cercano al presidente de la República.
Se ha hablado también de la posible sustitución de Héctor Valdez Albizu como Gobernador del Banco Central, posición que ocupa el 2004 de forma consecutiva. Joaquín Balaguer lo designó en 1994 como Gobernador y ocupó la posición hasta el año 2000, cuando Hipólito Mejía lo sustituyó por Francisco Guerrero Prats, quien ocupó la posición hasta inicios del 2003.
No hay certeza sobre esa posición, que es la cabeza del sector financiero, y de paso moldea el control de la economía, pese a que el ministerio de Hacienda y Economía ejerce una función ahora más amplia.
Son muchos los cambios que se avecinan en áreas como la supervisión bancaria, la economía, la educación, la Emilia, seguridad ciudadana y judicial.
Las especulaciones sobre los cambios implican a altos funcionarios del Palacio Nacional, como los ministerios Administrativo de la Presidencia, de la Presidencia, de Defensa, Educación e Interior y Policía.
Se trata de especulaciones. Nada es cierto hasta que sean dados a conocer los decretos del presidente el 16 de agosto, fecha en que siempre se esperan cambios. Las especulaciones son, en algunos casos, más deseos de renovación que buenas o malas intenciones con los funcionarios de abordo. En otros casos son asuntos políticos y partidarios, que mejorar o deterioran las posiciones de adversarios o amigos, que desean reposiciones que ofrezcan ventajas.
Eso no quita que se proponga al presidente renovación de parte de su gabinete para relanzar el gobierno, parar actos innobles, tapar huecos, deficiencias, conflictos de intereses o conductas que desdicen la proyección que el presidente ha hecho de un gobierno transparente y pulcro.
Lo que si se conoce es que en estos días el Consejo Nacional de la Magistratura tendrá la evaluación de 11 jueces de la Suprema Corte de Justicia, incluyendo a su presidente Luis Henry Molina, lo que otorgará la potestad a Luis Abinader de designar casi la totalidad de los miembros de ese organismo del poder judicial.
Molina declinó la evaluación, lo mismo que Nancy Salcedo Fernández, secretaria del CNM, María Garabito Ramírez y Manuel Ramón Herrera Carbuccia. Entregan sus posiciones para en su lugar sean designados otros magistrados, que pudieran ser o no egresados de la carrera judicial, dependiendo de la orientación o inclinación del Consejo Nacional de la Magistratura.
Ya circulan hasta las preguntas de evaluación que serán formuladas por los miembros del CNM a los magistrados que acepten ser evaluados, y como se sabe, allí todavía quedan unos cuantos designados en la gestión del presidente Danilo Medina, y que se les tiene como parte de su equipo judicial.
Por tanto, con especulaciones o sin ellas, son muchos los cambios que se avecinan en áreas como la supervisión bancaria, la economía, la educación, la Emilia, seguridad ciudadana y judicial.
Con sus decisiones, será el presidente quien indique el camino a seguir en su administración en los dos años que le quedarán a partir del 16 de agosto próximo. Es tiempo de ir cerrando el segundo mandato, y quedar como lo fue planeado.
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