Tres de cada cuatro personas de los países de ingreso bajo carecen de acceso a servicios sociales

Un nuevo informe del Banco Mundial revela los avances y desafíos actuales en el fortalecimiento de los sistemas de protección social y trabajo en los países de ingreso bajo y mediano. A partir de encuestas administrativas y de hogares, se muestra que en la última década, y en particular en respuesta a la pandemia de COVID-19, la cobertura de la protección social llegó a 4,700 millones de personas en estos países, el nivel más alto de la historia.

Sin embargo, tres de cada cuatro personas de los países de ingreso bajo carecen de acceso a servicios sociales, según el informe sobre el estado de la protección social 2025.

El estudio cita que a pesar de los avances significativos logrados en la expansión de los sistemas de protección social durante la última década, nada menos que 2,000 millones de personas aún no tienen acceso a una cobertura adecuada. "Con las tasas de crecimiento actuales, se necesitarán 18 años para llegar a todos aquellos que viven en la pobreza extrema".

La protección social va mucho más allá del apoyo directo en efectivo o en especie; abarca las políticas y los programas orientados a subsanar las brechas financieras, de habilidades y de información.

Los tres pilares de la protección social —asistencia social, seguro social y programas relativos al mercado laboral— desempeñan un papel crucial a la hora de ayudar a los hogares y a los trabajadores a gestionar las crisis, salir de la pobreza, atravesar las transiciones y aprovechar las oportunidades de empleo.

“Cuando están bien diseñados, los programas de protección social empoderan a las personas, ya que las ayudan a salir de la pobreza y volverse autosuficientes. Los programas también permiten que las mujeres pongan en marcha pequeños emprendimientos o que los jóvenes adquieran las habilidades necesarias para conseguir su primer empleo”, dijoIffath Sharif, directora mundial de Protección Social y Trabajo del Banco Mundial.

Durante la pandemia de COVID-19, 1,700 millones de personas de países en desarrollo recibieron respuestas de emergencia en materia de protección social, lo que demuestra la importancia de contar con sistemas de respuesta ante las crisis. Los países que ya poseían una sólida infraestructura de prestación de servicios antes de la pandemia respondieron con mayor eficacia; esto destaca la necesidad de realizar inversiones proactivas.

Sin embargo, en el informe se constata que los beneficios de la protección social se distribuyen de manera desigual. En una muestra de 27 países, las mujeres reciben, en promedio, 81 centavos por cada dólar recibido por los hombres. Las poblaciones desatendidas se concentran de manera desproporcionada en regiones frágiles, afectadas por conflictos y propensas al hambre de África, Asia meridional y Oriente Medio.

Según el informe, los servicios sociales y los programas de empleo pueden mejorar significativamente las oportunidades laborales para las personas pobres. Los programas de obras públicas, seguro de desempleo y servicios de inserción laboral pueden reforzar de forma considerable los ingresos de este grupo.

Sin embargo, no se suele aprovechar todo su potencial debido a la falta de financiamiento adecuado y de un diseño adaptado a las necesidades.

En el informe se describen tres medidas de política que los Gobiernos pueden adoptar, siempre que se las adecúe al contexto, la capacidad y las restricciones fiscales de cada país.

El organismo internacional explicó que los Gobiernos pueden ampliar la cobertura invirtiendo recursos limitados, especialmente en países de ingreso bajo, en infraestructura, pagos digitales y sistemas de gestión de casos, para apoyar con eficacia a los necesitados.

Además, adaptar el apoyo para ayudar a las personas, en particular en los países de ingreso mediano, a pasar de la supervivencia a la autosuficiencia.

Para el Banco Mundial, crear sistemas para responder a las conmociones reforzando los datos, los pagos y las herramientas de alerta temprana, de modo de proporcionar apoyo oportuno y estabilidad laboral durante las crisis.

Para contribuir a financiar estas recomendaciones, en el informe se señala que un mejor uso de los recursos actuales podría marcar una gran diferencia. Por ejemplo, si se reorientaran las transferencias monetarias de los ricos a los pobres, se podría cubrir casi la mitad del costo de brindar protección social al 20 % más pobre de la población.