La Cámara Alta declaró de urgencia y aprobó este martes en dos lecturas consecutivas el Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado correspondiente al año 2026, ascendente a un monto de RD$1,841,701,394,621.
La iniciativa pasará ahora al Poder Ejecutivo para que el presidente Luis Abinader decida si la promulga o la observa.
El vicepresidente de la Comisión Bicameral a cargo del estudio del proyecto, senador Pedro Antonio Tineo, expuso que el actual presupuesto está elaborado con el objetivo de garantizar el retorno al crecimiento económico, proyectado en un 5% para el próximo año, de acuerdo con las estimaciones de los organismos internacionales.
La pieza aprobada y remitida por la Cámara de Diputados detalla que este presupuesto garantiza el sostenimiento de un mayor desenvolvimiento del crecimiento, y que los ingresos consolidados de RD$1,439,933,579,891 indican el nivel de crecimiento que tiene la economía, "que va complaciendo la inmensa mayoría de las solicitudes que realizan las diferentes comunidades".
Deuda pública
Previo a presentar ante sus pares el proyecto de ley, el presidente de la Cámara Alta, Ricardo de los Santos, agotó un turno en el que defendió la inversión social que se presenta en el presupuesto y destacando que, contrario a lo que sugiere la oposición, ha habido una reducción de la deuda pública con relación al Producto Interno Bruto (PIB).
“Con relación al tema de la deuda pública respecto al Producto Interno Bruto (PIB), en el año 2020 alcanzó el 56.6%, mientras que a octubre del presente año se sitúa en 46.9%; es decir, casi diez puntos porcentuales por debajo de como la recibimos, aun considerando el impacto de la pandemia”, apuntó
De los Santos negó que el Presupuesto General del Estado fuera deficitario y afirmó que las obras ejecutadas por el Gobierno "son visibles" en todo el territorio nacional, por lo que este “es un país totalmente diferente al que recibimos en 2020”.
Durante los debates, también se refirieron al tema los senadores Johnson Encarnación, Antonio Marte, Cristóbal Castillo, Ramón Rogelio Genao, y Milciades Aneudy Ortiz, quienes defendieron la inversión social que ejecuta el Gobierno.
Mientras que Eduard Espiritusanto y Omar Fernández se pronunciaron en contra de la pieza. Este último señaló que en la inversión pública propuesta, los gastos de capital apenas alcanzan los 215,284 millones de pesos, lo que representa solo un 13.2 % del gasto total y un 2.5 % del PIB
La indexación salarial
El senador Omar Fernández intentó nfructuosamente que los congresistas del Partido Revolucionario Moderno (PRM) cumplieran con restablecer el ajuste que deben recibir cada año el salario de los empleados del país.
Fernández lamentó que la mayoróa oficialista de legisladores pierda de vista “lo esencial”, evitando hacer cumplir la indexación salarial.
El proyecto de ley de presupuesto refiere que las estimaciones de los ingresos y fuentes financieras consolidadas constituidas por las del Gobierno central, organismos autónomos y descentralizados no financieros y las instituciones públicas de la seguridad social, asciende a un billón ochocientos cuarenta y un mil setecientos un millones trescientos noventa y cuatro mil seiscientos veintiún pesos dominicanos (RD$1,841,701,394,621).
Puntualiza que para el año 2026 se contemplan RD$460,096.4 millones, equivalente al 35.4% del gasto primario del Gobierno central, en la articulación de bienes y servicios públicos relacionados con la Estrategia Nacional de Desarrollo.
Este monto representa el impulso al desarrollo local, provincial y regional, y asegura una economía articulada, innovadora y ambientalmente sostenible, con una estructura productiva que genera crecimiento alto y sostenido, con trabajo digno; y fortalece el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación para dar respuestas a las demandas económicas, sociales y culturales de la nación.
En el informe presentado por la Comisión Bicameral se informó que, previo a sancionar esta pieza, los legisladores escucharon a Magín Díaz, ministro de Hacienda y Economía; Camila Hernández, viceministra de Política Fiscal, y a José Rijo Presbot, viceministro de Presupuesto y Contabilidad, y agotaron los mecanismos que le reconocen la Constitución de la República y los reglamentos de la Cámara de Diputados y del Senado de la República.
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