En los últimos años, las autoridades dominicanas han fortalecido la persecución de la trata y tráfico de personas, enfocándose en desarticular redes criminales en línea con los compromisos legales e internacionales del país.
De hecho, el Gobierno de los Estados Unidos reconoció que República Dominicana incrementó los esfuerzos en materia de persecución penal cuando se aborda este flagelo, aunque no investigó ni procesó adecuadamente los delitos de trata que implican trabajo forzoso.
El Gobierno dominicano procesó a 78 sospechosos en casos nuevos y en curso bajo la Ley 137-03, en comparación con 43 sospechosos en 2023; en 2023, algunos casos de trata se procesaron bajo leyes diferentes, acción que según Washington “podrían haber conllevado penas más bajas”.
Los tribunales condenaron a 11 tratantes bajo la Ley 137-03 (siete por explotación sexual comercial y cuatro por trabajo forzoso), en comparación con 20 tratantes sexuales reportados en 2023 (14 bajo la Ley 137-03 y seis bajo otras legislaciones), incluido un agente de policía.
En el informe de trata de personas enfocado en República Dominicana 2025, Washington detalló que las penas para los tratantes sexuales condenados oscilaron entre tres y 20 años de prisión, mientras que las penas para los tratantes condenados por trabajo forzoso oscilaron entre dos y 10 años de prisión.
La Fiscalía Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (PETT) y la Unidad Antitrata de Personas (ATU) fueron los principales organismos encargados de hacer cumplir la ley que investigaban los casos de trata. Pese a esto, el Gobierno carecía de tribunales especializados en trata de personas.
Estados Unidos señaló que, según una organización no gubernamental (ONG), las autoridades dominicanas concentraban casi todos sus esfuerzos contra la trata en los casos de explotación sexual comercial (ESC) dentro de las zonas urbanas, mientras que apenas destinaban recursos ni ejecutaban acciones significativas para enfrentar el trabajo forzoso en las áreas rurales.
Por su parte, el gobierno dominicano reconoció que las fuerzas del orden operan con recursos sobrecargados debido al incremento de los flujos migratorios, una situación que limita su capacidad para atender con eficacia los casos de trata de personas.
El gobierno reportó haber colaborado con agencias internacionales de seguridad en 50 investigaciones y participado en foros multilaterales donde intercambió estrategias con socios regionales para fortalecer la lucha contra la trata de personas.
Asimismo, ofreció capacitaciones a miembros de las fuerzas del orden, militares y personal de servicios sociales, con el objetivo de mejorar la identificación de casos de trata, la atención a las víctimas y la seguridad en las fronteras.
El gobierno también aseguró haber trabajado junto a empresas tecnológicas para detectar posibles casos de trata. No obstante, un observador destacó que la formación de los cuerpos de seguridad sigue siendo insuficiente y que la falta de coordinación entre las instituciones continúa afectando la eficacia en la persecución y sanción de este delito.
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