El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC) y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (Insaproma) solicitaron la creación de un marco legal para transferir al Estado los beneficios extraordinarios derivados del valor de mercado del metal precioso.
La propuesta surge luego de que la cotización del recurso alcanzara un máximo histórico de US$ 5,100 por onza el pasado lunes 26 de enero.
Ambas organizaciones proponen que se establezca por ley un precio tope de US$ 2,000 la onza para la exportación.
Bajo este esquema, cualquier excedente por encima del límite fijado pasaría directamente a las arcas nacionales, independientemente de los acuerdos vigentes.
Los proponentes argumentan que el incremento en el valor no responde a inversiones de la empresa arrendataria, sino a la volatilidad geopolítica y la devaluación de divisas internacionales.
El colectivo recordó que el Estado dominicano mantiene la propiedad de la mina Pueblo Viejo a través de la empresa Rosario Dominicana.
Según datos técnicos presentados, el costo de producción actual se sitúa en 1,538 dólares por onza, lo que permitiría un margen de rentabilidad tras la aplicación de la medida.
Paralelamente, las entidades sugirieron que el Gobierno dominicano disponga el cobro de una proporción de los impuestos corporativos en oro físico.
Esta modalidad de pago en especie busca fortalecer las reservas internacionales del Banco Central frente a la incertidumbre financiera global.
La iniciativa, enviada originalmente en 2024 al Poder Ejecutivo y a la oposición política, incluye también la regulación de los excedentes en las ventas de plata.
Finalmente, los juristas y activistas sostuvieron que el Estado posee la soberanía nacional necesaria para dictar leyes generales sobre recursos naturales sin necesidad de reformar contratos específicos.
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