Organizaciones ciudadanas y activistas pro derechos reclamaron al gobierno un pacto fiscal con justicia social, que no incremente las cargas sobre trabajadores, clases medias ni personas en pobreza general y extrema.
Bajo el lema “¡Que paguen más quienes ganan más!”, Centro de Investigación para la Acción Femenida0 (CIPAF), Articulación Nacional Campesina, IDEAC, CIDEL, Foro Ciudadano, Ciudad Alternativa, Observatorios de Políticas Públicas de la UASD y la Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung. llamaron a construir un sistema tributario progresivo, transparente y equitativo.
Al mismo tiempo, ante lo que considera una “escasa apertura institucional” para escuchar las demandas sociales, el manifiesto convoca a la ciudadanía a construir un movimiento social democrático, amplio y participativo que exija en las calles políticas fiscales con justicia social, equidad y respeto a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
Los firmantes rechazaron que la solución a los problemas fiscales del país se limite a aumentar impuestos al consumo o modificar tasas sin revisar el modelo de gasto público ni los privilegios fiscales.
Señalaron que los déficits y el endeudamiento público son consecuencia directa de una estructura tributaria regresiva, altos niveles de evasión y elusión fiscal, gasto clientelar, impuestos a la propiedad muy bajos y exenciones que benefician a grupos empresariales.
El manifiesto recuerda que entre 2004 y 2012 se aprobaron siete reformas tributarias que no corrigieron las raíces del problema fiscal. Aunque el PIB ha crecido por décadas, la presión tributaria sigue estancada en torno al 12% del PIB, mientras el gasto público supera el 15%.
Propusieron medir la eficiencia y el impacto del gasto público, implementar un marco de gasto de mediano plazo que oriente las inversiones en salud, educación, transporte, seguridad y producción.
"El gasto corriente del gobierno central continúa dominado por nóminas clientelares, transferencias usadas políticamente y pago de deuda, en lugar de priorizar salud, educación, seguridad, transporte y eficiencia institucional. También advierten sobre corrupción en licitaciones y obras de infraestructura que benefician a consorcios privados", precisaron.
El documento alerta que el déficit fiscal ronda el 3% del PIB cada año y que la deuda pública supera los US$74,000 millones (61% del PIB), generando pagos de intereses que consumen cerca del 20% del gasto corriente y que no benefician directamente a la población.
Los firmantes consideraron peligroso que nuevas reformas vuelvan a cargar el peso sobre los consumidores vía aumento del ITBIS o ampliación de su base, mientras se mantienen exenciones, evasión y elusión que erosionan los ingresos públicos.
Plantearon que una verdadera reforma debe establecer impuestos progresivos: quienes más ganen y más posean, paguen más, aumentar la elasticidad de los ingresos fiscales para evitar reformas repetitivas, eliminar exenciones y privilegios injustificados y combatir con firmeza la evasión y elusión con un régimen de consecuencias ejemplar.
Propusieron medir la eficiencia y el impacto del gasto público, implementar un marco de gasto de mediano plazo que oriente las inversiones en salud, educación, transporte, seguridad y producción. Además exigen que el presupuesto público incluya metas e indicadores evaluables trimestralmente, permitiendo ajustes cuando el gasto no responda al interés social.
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