Open Banking: nueva frontera de competencia financiera en República Dominicana

Recientemente, durante el Congreso Latinoamericano de Fintech 2025 celebrado en Ciudad de Panamá, quedó claro que la era de la banca tradicional, basada exclusivamente en sucursales físicas, está quedando atrás. El informe Global Open Banking 2025 publicado por la OCDE (actualizado Q3 2025) resalta que 32 países ya cuentan con esquemas regulatorios o en desarrollo para el Open Banking. Esta tendencia convierte el acceso y la compartición de datos financieros en un elemento decisivo para aumentar la competencia, mejorar la experiencia del usuario y fomentar la innovación. En este contexto, la República Dominicana tiene ante sí una oportunidad histórica: incorporar el modelo de Open Banking para modernizar su sistema financiero y ampliar la inclusión económica.

¿Qué es el Open Banking y por qué importa?

El Open Banking es un conjunto de mecanismos, normas y plataformas tecnológicas que permiten que instituciones financieras —bancos, fintechs y agregadores de datos— compartan, con el consentimiento del cliente, información financiera a través de interfaces seguras y estandarizadas. Sin embargo, su importancia no radica únicamente en la tecnología, sino en el impacto que genera. Para los consumidores, representa una revolución en términos de comodidad, rapidez y transparencia. Un usuario puede consultar en una sola aplicación todos sus productos bancarios, realizar pagos automatizados o comparar créditos de distintas entidades sin necesidad de desplazarse o realizar trámites repetitivos.

Para el sistema financiero, el Open Banking abre la puerta a una competencia más justa y a una mayor eficiencia operativa. Al permitir la entrada de nuevos actores, fomenta la innovación y la colaboración entre bancos y fintechs, moderniza procesos internos y mejora la trazabilidad de las transacciones. En última instancia, esto impulsa la formalización económica, reduce costos estructurales y fortalece la confianza del público en el sistema.

Regulación y riesgos

La adopción del Open Banking implica también una serie de desafíos regulatorios que no pueden pasarse por alto. La protección de los datos personales y la ciberseguridad se convierten en pilares fundamentales de este nuevo ecosistema. Para evitar fraudes, usurpaciones de identidad o fugas de información, los países que implementan Open Banking han optado por crear marcos normativos sólidos y adaptables.

Una legislación moderna debería obligar a las entidades participantes a operar dentro de entornos de prueba supervisados por las autoridades financieras, asegurando que las plataformas cumplan con estándares técnicos de seguridad y compatibilidad. Al mismo tiempo, los usuarios deben contar con total transparencia sobre quién accede a sus datos y con qué finalidad. Finalmente, las fintechs y nuevos participantes deben cumplir requisitos de solvencia y gestión de riesgos similares a los de la banca tradicional. Sin estos elementos, la adopción del Open Banking puede generar desconfianza o, peor aún, provocar fallos que afecten la estabilidad del sistema y la protección del consumidor.

Buenas prácticas globales: Europa, Estados Unidos y lecciones aprendidas

Europa es actualmente la referencia global en materia de Open Banking gracias a la Directiva de Servicios de Pago (PSD2), que obliga a los bancos a abrir sus plataformas a terceros bajo el consentimiento del cliente. Este modelo ha permitido el surgimiento de nuevas empresas que integran cuentas de distintas entidades, ofrecen comparadores de productos financieros y facilitan decisiones informadas. El resultado ha sido una reducción de los costos de adquisición de clientes de hasta un 40 %, una mejora sustancial en la retención, la activación de nuevos fintechs y una experiencia digital más coherente. La principal lección que deja Europa es que el éxito depende de la colaboración: cuando los bancos ven a las fintechs como aliadas, la innovación florece y el consumidor se beneficia.

En Estados Unidos, el panorama es diferente. Aunque aún no existe una legislación federal unificada, las iniciativas del Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) y el uso de estándares voluntarios han impulsado avances significativos. Sin embargo, este enfoque también ha generado un mercado fragmentado, donde las grandes instituciones tienen ventaja frente a las más pequeñas. De allí surge una segunda lección: la flexibilidad regulatoria puede acelerar la innovación, pero sin coordinación, también puede acentuar las desigualdades y dejar fuera a ciertos segmentos de la población.

Open Banking en América Latina y el Caribe

En América Latina y el Caribe, el interés por el Open Banking está creciendo con fuerza. Brasil es el ejemplo más avanzado, con la implementación del sistema PIX y Open Finance – un modelo integral que ha transformado el acceso a los servicios financieros. Millones de brasileños utilizan ya plataformas digitales para realizar pagos instantáneos y obtener préstamos con comisiones más bajas. México también ha avanzado mediante su Ley Fintech, aprobada en 2018, que regula la compartición de datos y la custodia de información sensible.

En el Caribe, la situación es más heterogénea. La alta informalidad, las limitaciones de infraestructura tecnológica y las brechas de conectividad en zonas rurales dificultan la adopción de estos modelos. Aun así, la experiencia de otros países demuestra que el Open Banking puede convertirse en un motor de inclusión siempre que se combine con educación financiera, inversiones en conectividad y políticas públicas orientadas a reducir la desigualdad digital.

Estado actual en la República Dominicana

En la República Dominicana, la Superintendencia de Bancos ha mostrado un compromiso constante con la digitalización del sistema financiero, aunque todavía no existe un marco regulatorio específico para el Open Banking. No obstante, se han dado pasos importantes en esa dirección. La Resolución SB 003-2023 sobre digitalización sienta las bases normativas para la interoperabilidad y la seguridad de los servicios financieros digitales, y el país ya cuenta con iniciativas concretas que apuntan hacia un ecosistema más abierto.

Entre ellas destaca el piloto de la Billetera Digital Interoperable, lanzado en 2024, que permite realizar pagos P2P entre bancos sin necesidad de compartir los datos completos del usuario. Asimismo, en junio de 2025 se creó el Laboratorio Fintech RD, impulsado por ADOFINTECH junto con Banreservas, Banco Popular y BHD, que funciona como un “sandbox regulatorio” para experimentar con nuevos modelos financieros digitales.

Además, sería recomendable lanzar un programa piloto con la participación de bancos tradicionales, fintechs y cooperativas, enfocado en ofrecer servicios a sectores de bajos ingresos y comunidades rurales. La educación financiera debe acompañar este proceso: campañas de capacitación y herramientas digitales sencillas pueden marcar la diferencia en la adopción. Por último, establecer indicadores de impacto —como el número de usuarios que acceden a productos mediante Open Banking, la reducción de costos promedio y el aumento de créditos formales— permitiría medir resultados de forma objetiva y ajustar la estrategia en tiempo real. La protección de datos, reforzada mediante auditorías externas y sanciones proporcionales, debe ser un componente esencial de este nuevo ecosistema.

Conclusión

El Open Banking representa mucho más que una innovación tecnológica: es una oportunidad estratégica para transformar el sistema financiero dominicano, fortalecer la competencia, reducir los costos para los usuarios y ampliar la inclusión. Los países que han avanzado en esta materia demuestran que la clave está en la regulación clara, la cooperación público-privada y el enfoque en el ciudadano. Si la República Dominicana actúa con decisión y visión, puede convertirse en un referente regional de modernización y confianza digital.