La reforma a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos ya superó el trámite legislativo, pero el debate que la acompañó durante su discusión podría estar lejos de concluir.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto en una sesión extraordinaria, apenas horas antes del vencimiento del primer pago de la contribución especial previsto en la legislación vigente para unas 147,000 empresas. La pieza fue liberada de comisión con el voto favorable de 114 diputados y el rechazo de 31.
¿Suavizan los cambios el impacto de la reforma?
Uno de los principales reclamos del sector empresarial esta dirigido al aumento de la contribución especial aprobado inicialmente por el Senado, sin contar, de acuerdo con la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), con un proceso suficiente de consultas y sin estudios técnicos que sustenten esa estructura de contribuciones.
La Cámara de Diputados modificó esa propuesta y redujo de RD$ 3 millones a RD$ 2.2 millones el aporte máximo que deberán realizar las empresas de mayor facturación. También exoneró del pago a las organizaciones sin fines de lucro, permitió que las empresas más afectadas puedan deducir la contribución del Impuesto sobre la Renta (ISR) e incorporó un tratamiento especial para empresas cuyos ingresos provienen principalmente de comisiones, estableciendo para ellas un tope de RD$ 675,000.
Durante el debate, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, defendió los cambios al afirmar que el incremento de las contribuciones afectará únicamente a unas 1,114 personas jurídicas y empresas, mientras alrededor de 145,000 pagarán igual o menos que bajo el esquema inicialmente aprobado por el Senado.
Según explicó, con la Ley 225-20 promulgada en 2020 la recaudación ronda los RD$ 3,000 millones anuales. La nueva estructura permitiría elevar esos ingresos hasta cerca de RD$ 8,000 millones, recursos que serían destinados al fortalecimiento del sistema de gestión de residuos sólidos.
"El concepto está mal planteado"
Más allá del debate financiero, el municipalista Waldys Taveras, experto en gestión municipal y asesor de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu), advierte que el problema de fondo es conceptual.
"Lo que tú estás pagando es la compensación de un pasivo ambiental", señaló Taveras. A su juicio, el error está en que el Congreso ha clasificado estos aportes como contribuciones especiales, una figura que el Tribunal Constitucional ya ha delimitado en dos sentencias contra el Ayuntamiento del Distrito Nacional.
"La contribución especial no puede ser permanente, sino que tiene que ser realizada por una actividad determinada y no permanente", explicó. "Ahí pudiera verse el hecho de que eso se va a ver como una ley y un pago mediante una ley, y el concepto debe ser distinto", sostuvo el exdirector de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo.
¿Quién debe pagar?
Taveras también cuestionó el criterio con que se distribuye la carga. Para el especialista, el aporte debería calcularse en función de la capacidad financiera de cada empresa, no de cuántos residuos genera.
"Si Duquesa se prende porque no hay recursos, no afecta solo a los que más generan, le afecta a todo el mundo", advirtió, al tiempo que aseguró que el vertedero no tiene la capacidad financiera para administrarse.
También, puso como ejemplo la contaminación del río Isabela, que —según explicó— afecta el suelo de la capital y los pozos de agua de los que se abastecen grandes edificaciones. "Solo de heces fecales se están depositando cerca de dieciséis mil galones de agua todos los días.
Un país con más de 200 botaderos a cielo abierto
El especialista también llamó a no perder de vista la magnitud del problema estructural. República Dominicana genera más de 13,000 toneladas de residuos sólidos al día y aún cuenta con más de 200 botaderos a cielo abierto que deben ser cerrados y reemplazados por infraestructura adecuada.
"Tienes que tener estación de transferencia para tener una planta de valorización en un sitio determinado, y eso tiene un costo", señaló Taveras, quien mencionó como ejemplo los cerca de doce vertederos a cielo abierto que rodean el Lago Enriquillo.
En ese sentido, coincidió parcialmente con los empresarios en que la discusión no puede reducirse a cuánto paga cada sector: "Hay que establecer cuánto cuesta esto en los grandes ayuntamientos y cuánto cuesta en los pequeños ayuntamientos", planteó.
El debate continúa
La aprobación de la reforma cierra un capítulo legislativo, pero abre otro.
Mientras el Gobierno defiende que el nuevo esquema permitirá fortalecer el financiamiento del sistema sin aumentar la carga para la mayoría de las empresas, el sector productivo insiste en que la reforma nació sin el consenso necesario y expertos en gestión municipal advierten que el verdadero desafío será demostrar que el modelo escogido es jurídicamente sostenible y suficiente para resolver uno de los principales problemas ambientales del país.
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