La directora general de Desarrollo Social Supérate, Gloria Reyes, destacó la necesidad de asumir con claridad que la protección social no puede seguir siendo tratada como un gasto residual.
“Debe entenderse como una inversión estratégica para sostener la cohesión social, garantizar derechos y construir resiliencia en contextos de crisis superpuestas”, afirmó.
Reyes destacó que las limitaciones presupuestarias ponen a prueba la voluntad política. En ese contexto, afirmó que República Dominicana ha reafirmado su compromiso con la protección social como un pilar estratégico del desarrollo sostenible y no como un gasto prescindible.
Destacó la estrategia Atrévete a Soñar, que busca fortalecer la autoestima, los proyectos de vida y la esperanza de jóvenes en situación de pobreza extrema, partiendo de la teoría de las aspiraciones: no se puede alcanzar lo que no se puede imaginar.
“Más que empleabilidad, es un proceso de acompañamiento personalizado, con enfoque territorial”, subrayó. Reyes también informó que, desde Supérate, 1.4 millones de familias reciben apoyo, mientras que 200,000 han salido del programa de transferencias en los últimos dos años.
“Todo esto ha sido posible gracias a una inversión social equivalente al 8.7 % del PIB, priorizando sectores como educación, salud y protección social. La protección social se reafirma como una herramienta de resiliencia, dignidad y confianza en el futuro”, dijo.
La funcionaria expresó que la Cepal ha planteado con firmeza la necesidad de establecer estándares mínimos de inversión social.
“Nuestro país subraya la importancia de contar con instituciones sólidas, marcos normativos estables y compromisos de largo plazo que transcienda los ciclos políticos”.
En ese sentido, Reyes señaló que el país avanza hacia una protección social adaptativa, implementando desde 2022 el Bono de Emergencia, una ayuda rápida frente a situaciones de ese orden o desastres climáticos. Este programa ya ha beneficiado a más de 40,000 familias, con transferencias de hasta US$ 100 por hogar durante seis meses.
“Más de 40,000 familias han recibido este apoyo desde 2022, con transferencias ajustadas a la realidad de cada beneficiario”, detalló.
Durante la sexta reunión de la Conferencia sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), resaltó los avances en inclusión económica.
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