La Fuerza del Pueblo (FP) denunció que entre 2021 y 2024 el Gobierno del PRM emitió 318 decretos para otorgar pensiones especiales sin justificación legal.
Según la organización, estas disposiciones beneficiaron a 11,007 personas y generaron un gasto anual de RD$ 3,925.9 millones para el Estado.
Raúl Martínez, secretario jurídico de la FP, afirmó que el hallazgo proviene de un "análisis minucioso" de las disposiciones presidenciales en el citado período.
Martínez calificó esta práctica como abusiva, discrecional y contraria al marco legal establecido en la Ley 379-81.
La normativa solo permite pensiones fuera del régimen ordinario por incapacidad médica o con aprobación del Congreso Nacional, según su artículo 10.
A juicio de Martínez, las pensiones se otorgan “por capricho”, lo que representa una violación a la ley vigente.
El informe de la FP indica que este gasto supera los presupuestos asignados para ministerios clave como Trabajo (RD$ 3,023 millones) y Administración Pública (RD$ 2,714 millones).
También rebasa con amplitud el presupuesto del Ministerio de la Mujer (RD$ 1,254 millones) y del Ministerio de la Juventud (RD$ 754 millones).
Órganos constitucionales como el Tribunal Constitucional, la Cámara de Cuentas y el Defensor del Pueblo cuentan con asignaciones muy inferiores.
El gasto en pensiones especiales es más de diez veces mayor que el presupuesto del Defensor del Pueblo, que solo dispone de RD$ 375 millones.
Desde el enfoque social, la FP comparó este desembolso con los fondos destinados a programas de salud como cáncer (RD$ 427 millones), tuberculosis (RD$ 235 millones) y VIH-SIDA (RD$ 1,737 millones).
También supera los montos para alfabetización primaria (RD$ 1,832 millones), salud materno-neonatal (RD$ 2,180 millones) y producción agrícola (RD$ 2,452 millones).
La inversión en infraestructura vial (RD$ 3,547 millones) también queda por debajo de este monto, lo que plantea cuestionamientos sobre las prioridades del gasto público.
Martínez advirtió que esta política genera un “desorden fiscal disfrazado de política social” y promueve privilegios irritantes en detrimento de sectores críticos.
Denunció además un presunto clientelismo político, señalando que varios decretos indican que las pensiones fueron solicitadas por dirigentes del PRM.
Citó como ejemplo el decreto 425-21, en el que un senador oficialista propuso a los beneficiarios, y el 273-21, donde las pensiones fueron gestionadas por un alcalde del PRM.
La FP exigió al Gobierno explicar los criterios usados, suspender la práctica y rendir cuentas sobre el uso de estos recursos públicos.
“El pueblo tiene derecho a saber cómo se gasta su dinero”, concluyó Martínez, exhortando a la ciudadanía a exigir transparencia y vigilancia social.
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