La falta de políticas y regulaciones adecuadas continúa siendo uno de los principales obstáculos para ampliar el uso de paneles solares en los países del Caribe, pese a la reducción del costo de esta tecnología y a que su instalación resulta cada vez más viable para los consumidores.
Así lo planteó Carolina Sánchez, vocera de la Red del Gran Caribe Libre de Fósiles, durante la XI Semana de la Energía de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (Olade), que se desarrolla en Santo Domingo.
Sánchez explicó que un estudio publicado recientemente encontró que la instalación de paneles solares en el Caribe es mayor de lo que reflejan los registros oficiales. A su juicio, esto evidencia una adopción creciente de esta tecnología que no necesariamente está siendo recogida por las estadísticas de los países.
“Los paneles solares se instalan mucho más en el Caribe de lo que está registrado oficialmente”, sostuvo la representante de la sociedad civil, al señalar que el acceso a esta tecnología también se ha vuelto más viable desde el punto de vista económico.
Sin embargo, consideró que la expansión de la energía solar enfrenta dificultades relacionadas con las normas que regulan la generación y el uso de electricidad. Indicó que varios países de la región todavía discuten cuáles deberían ser las reglas aplicables a quienes producen energía mediante paneles solares.
Sánchez resaltó, además, la necesidad de que las regulaciones establezcan diferencias entre los distintos tipos de consumidores. Cuestionó que los cargos y requisitos relacionados con el uso de las redes eléctricas sean aplicados de la misma manera a usuarios industriales, comerciales y residenciales.
“Ese tipo de regulación debería ser escalonado y no aplicar de la misma manera para los industriales, los comerciales y los residenciales”, afirmó.
Sostuvo que una regulación diferenciada permitiría tomar en cuenta las características y capacidades de cada sector, especialmente en el caso de los hogares que optan por instalar sistemas de generación solar.
Sociedad civil pide participar en las decisiones energéticas
Sánchez también llamó a las organizaciones de la sociedad civil a involucrarse en los procesos de discusión y elaboración de las políticas energéticas.
Consideró que no corresponde únicamente a los gobiernos, empresas y especialistas técnicos definir las reglas que determinarán el futuro energético de los países, por lo que defendió una mayor participación de las organizaciones sociales en los procesos legislativos.
“Nosotros desde la sociedad civil también creemos que nos tenemos que educar como sociedad civil y sensibilizar para participar de los procesos legislativos o de los congresos”, expresó.
La vocera planteó que esa participación debe servir para aportar propuestas sobre cómo desarrollar una política energética que tome en cuenta las diferencias entre los consumidores y permita una transición energética que considere criterios de justicia.
Según Sánchez, la transición hacia fuentes renovables requiere no solo inversiones en tecnología, sino también cambios en las reglas que determinan quién puede generar energía, cómo puede hacerlo y bajo qué condiciones puede conectarse a las redes nacionales.
La representante reconoció que actualmente no existe un modelo único en la región que pueda presentarse como una solución definitiva para estos desafíos.
“No te puedo decir que ya hay una solución o que ya hay un país que realmente lo haya designado, pero sí que estamos todos en ese proceso”, señaló.
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