El endeudamiento público es una herramienta poderosa, pero también delicada, en manos del Estado. Cuando se utiliza con responsabilidad, puede contribuir al crecimiento económico, a la mejora de la infraestructura y al desarrollo social. Sin embargo, si se gestiona de manera imprudente, puede convertirse en un obstáculo estructural que limita el progreso de las generaciones futuras.

El endeudamiento público se refiere al conjunto de obligaciones financieras que el Estado ha contraído, tanto a nivel interno como externo. Su medición más común se expresa como un porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), lo que permite valorar su dimensión en función de la capacidad económica del país. En términos generales, se considera que un nivel de deuda inferior al 40% del PIB es sostenible. A partir del 60%, se comienzan a generar señales de alerta, especialmente en economías en desarrollo. En algunos casos, como Japón o Italia, la deuda supera incluso el 100% del PIB, lo que representa riesgos considerables para la estabilidad financiera y fiscal de esos países.

La política fiscal y su impacto en el endeudamiento

La política fiscal comprende todas las decisiones que toma el gobierno en relación con los ingresos – principalmente a través de impuestos – y los gastos públicos. Cuando los gastos superan consistentemente a los ingresos, se genera un déficit fiscal que suele financiarse mediante el endeudamiento. Una política fiscal equilibrada contribuye a reducir la necesidad de endeudamiento en el largo plazo, genera confianza entre los inversionistas y promueve la estabilidad macroeconómica. Por el contrario, una política fiscal excesivamente expansiva, sin respaldo financiero sostenible, puede provocar desconfianza en los mercados, aumentar el riesgo país, presionar la inflación y debilitar la moneda local.

Comparación internacional: niveles de deuda y riesgos

A nivel mundial, existen contrastes significativos en los niveles de deuda pública. Según el IMF, Banco Mundial y Eurostat, en 2024, países como Japón, Italia y Estados Unidos presentaban niveles de endeudamiento muy elevados, con cifras que rondaban entre el 120% y el 255% del PIB. En América Latina, Brasil se encontraba en torno al 90%. En contraste, economías como Noruega, Chile, los Países Bajos y Perú mantenían niveles relativamente bajos, entre el 33% y el 49% del PIB. Un alto endeudamiento implica mayores pagos de intereses, lo que reduce el espacio fiscal disponible para políticas sociales o inversión pública. Además, puede limitar la capacidad de respuesta del Estado ante crisis, generar presiones cambiarias y disminuir la calificación crediticia del país.

El caso de la República Dominicana

La República Dominicana ha registrado un aumento considerable en su nivel de endeudamiento en los últimos años. Según datos del Ministerio de Hacienda y el Banco Central, al final de febrero 2025, la deuda del sector público no financiero ascendía a 59,780.8 millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 46.5 % del PIB. En comparación con 2020, cuando la deuda era de 44,622.3 millones de dólares, el incremento ha sido significativo, alcanzando un 34% en solo cuatro años. La mayor parte de esta deuda es de carácter externo, lo que implica una exposición considerable a las fluctuaciones del tipo de cambio y a las tasas de interés internacionales.

Si bien el nivel actual aún puede considerarse manejable, el aumento continuo de la deuda reduce el margen fiscal disponible para invertir en áreas prioritarias como salud, educación o transición energética. Además, aunque la inflación se ha mantenido relativamente controlada, cualquier presión fiscal o cambiaria vinculada a la deuda externa podría alterar ese equilibrio. El tipo de cambio, por ahora relativamente estable, también podría verse afectado si se percibe un deterioro en la sostenibilidad de la deuda. La inversión extranjera directa sigue llegando al país, pero una carga creciente de deuda pública puede afectar la percepción internacional sobre el riesgo país y la credibilidad macroeconómica.

Lecciones desde los Países Bajos

La experiencia de los Países Bajos ofrece valiosas lecciones para países como la República Dominicana. Este país europeo ha mantenido tradicionalmente una política fiscal disciplinada, con reglas claras que limitan el déficit y controlan el crecimiento del gasto estructural. Además, la transparencia en la gestión pública y la rendición de cuentas ciudadana son pilares fundamentales de su gobernanza económica. Otro aspecto destacable es su enfoque preventivo: durante los ciclos de bonanza económica, el gobierno neerlandés tiende a ahorrar y consolidar sus finanzas, lo que le permite contar con mayor capacidad de respuesta en tiempos de crisis. Finalmente, la diversificación de sus fuentes de ingresos fiscales —con sistemas progresivos y una base impositiva amplia— le ha permitido reducir su dependencia del endeudamiento externo.

Recomendaciones para la República Dominicana

La República Dominicana podría beneficiarse de la implementación de reglas fiscales claras que limiten el déficit estructural y garanticen la sostenibilidad a largo plazo. Es necesario también mejorar la eficiencia del gasto público, priorizando las inversiones que generen crecimiento económico y bienestar social. Reducir la dependencia de la deuda externa a través del fortalecimiento del mercado de capitales interno es otra estrategia viable. Asimismo, es fundamental avanzar hacia un sistema tributario más progresivo y equitativo, que no afecte desproporcionadamente a los sectores más vulnerables. En este sentido, es clave formalizar la economía, ya que una parte significativa de la actividad productiva permanece en la informalidad, lo que limita la recaudación fiscal y genera una carga adicional sobre el sector formal. Promover la formalización no solo ampliaría la base impositiva, sino que también mejoraría el acceso de los trabajadores a la seguridad social y los servicios del Estado. Finalmente, fomentar una cultura de transparencia, monitoreo y participación ciudadana en la gestión fiscal contribuiría a fortalecer la confianza en las instituciones públicas.

Conclusión

El endeudamiento público no es, por sí mismo, ni bueno ni malo. Su impacto depende del contexto, del uso que se le dé y de la capacidad del Estado para gestionarlo de manera responsable. En el caso dominicano, los desafíos son evidentes, pero también lo son las oportunidades. Con voluntad política, disciplina fiscal y visión de futuro, es posible consolidar un modelo económico más sólido y sostenible. La experiencia de países como los Países Bajos demuestra que la prudencia fiscal y la eficiencia en la gestión pública no son un lujo, sino una necesidad para garantizar un desarrollo inclusivo y duradero.

Armand Toonen

Director Ejecutivo del Holland House Caribbean. Consejero Independiente

Armand Toonen, PDEng MSc CPIM MBA, es actualmente Director Ejecutivo del Holland House Caribbean, Consejero Independiente e inversionista. Armand tiene treinta años de experiencia en multinacionales de clase mundial que operan en servicios financieros, telecomunicaciones y alta tecnología en Europa, América y Asia. En la Republica Dominicana trabajo como Vicepresidente en Orange, AGL, Banco Santa Cruz y Altice. Historial comprobado como CEO, CCO, CMO, COO, CSO y consultor. Experiencia en “growth hacking” mediante redefinición de estrategias, transformación (digital), fusiones y adquisiciones y creación de equipos de alto rendimiento. Armand tiene un doctorado y varias maestrías en administración de empresas, ingeniería industrial y logística. Se preparó entre otros en Harvard Business School y Hemingway para el rol de consejero. Ex miembro del Programa de Liderazgo Global de Vodafone.

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