La deuda pública consolidada se multiplicó por 4.12 entre diciembre de 2010 y junio de 2026, al pasar de US$19,705.3 millones a US$81,179.4 millones, según un análisis del economista Nelson Suárez. Aunque el nivel bajó de 57.9% a 56.0% del PIB entre 2025 y junio de este año, sigue muy por encima del 36.6% de 2010.
En ese período el sector público no financiero destinó US$91,071.9 millones al servicio de la deuda, y el 46.7% de esa suma, unos US$42,547.4 millones, se fue solo en intereses y comisiones. Esa carga limita el margen del Estado para invertir en servicios básicos e infraestructura.
El estudio revisa la ejecución presupuestaria de 2025 y los primeros ocho meses de 2026 y encuentra que el 58.9% del servicio de la deuda se pagó con nuevos préstamos, internos y externos. De los RD$715,633.7 millones obtenidos por endeudamiento en ese lapso, el 53.7% se usó para cubrir intereses y amortizaciones. El patrón es más marcado en el capital: el 99.3% de las amortizaciones se financió con crédito externo. Los intereses, por su parte, dependieron en un 51% de nuevos préstamos.
La tendencia continúa en el Proyecto de Presupuesto 2027, sometido al Congreso el 23 de septiembre. Según las estimaciones del autor, el 61.2% de los RD$461,553.9 millones previstos para el servicio de la deuda se pagaría con nuevo crédito, incluido el 89.3% de las amortizaciones. El presupuesto también prevé cubrir con bonos internos las transferencias al Banco Central para intereses, por RD$44,555.9 millones. Con ello, el 70.5% del endeudamiento de 2027 iría a pagar deuda del sector público no financiero y del financiero.
Suárez sostiene que refinanciar o hacer “gestión de pasivos” puede aliviar el presupuesto si abarata la deuda, pero advierte que el país no ha publicado datos que demuestren un ahorro real, por ejemplo en valor presente neto. Señala además que la falta de transparencia en recompras, permutas y fideicomisos abre riesgos de conflictos de interés y de uso de información privilegiada. Cita la advertencia del FMI sobre el encarecimiento del financiamiento y pide al Congreso, la Cámara de Cuentas y la Contraloría que fiscalicen con más rigor el origen y el destino de los préstamos.
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