En un contexto de rápido cambio económico y tecnológico, la República Dominicana se encuentra en una encrucijada crucial respecto al futuro del trabajo. Aunque el país ha registrado un crecimiento económico sostenido en los últimos años —incluso notablemente superior al promedio regional—, enfrenta desafíos estructurales que podrían limitar su capacidad de mantener esa trayectoria. Entre ellos destacan la alta informalidad laboral (el 55% de los trabajadores, según datos del Banco Central), una preocupante proporción de jóvenes que ni estudian ni trabajan (628 mil personas entre 15 y 35 años, según el estudio de la ONE de 2023), y brechas persistentes de género en el acceso al empleo formal.
Al mismo tiempo, la adopción de tecnologías digitales en el entorno laboral sigue siendo limitada: solo el 10% de los trabajadores utiliza de forma intensiva herramientas digitales y apenas un 13% participa en actividades laborales digitales o por encargo.
Esta combinación de factores plantea tanto riesgos como oportunidades. La República Dominicana, que ha gozado de un crecimiento económico notable y sostenido, necesita aumentar su productividad por trabajador para seguir avanzando. Para ello, es imprescindible integrar a estos grupos —jóvenes, mujeres y trabajadores informales— al mercado laboral formal, dotándolos de las competencias adecuadas para afrontar los retos del futuro del trabajo.
La experiencia internacional ofrece aprendizajes valiosos. En Estados Unidos, la digitalización ha transformado radicalmente el mercado laboral. Si bien ha facilitado el surgimiento de nuevas industrias y formas de empleo (como el trabajo remoto y la economía de plataformas), también ha contribuido a la desaparición de empleos rutinarios, aumentando la desigualdad y la precariedad en ciertos sectores. Europa, por su parte, ha optado por una regulación más activa del cambio tecnológico, promoviendo una transición justa mediante políticas de formación continua, protección laboral y subsidios a la contratación de jóvenes.
El caso de los Países Bajos resulta particularmente ilustrativo. Allí, el gobierno ha apostado por la colaboración entre el sector educativo, el sector privado y el Estado para alinear la formación con las demandas del mercado laboral.
Se han desarrollado "centros de excelencia" que combinan educación técnica con práctica laboral, fomentando habilidades digitales desde edades tempranas. Además, existe una cultura fuerte de aprendizaje permanente ("lifelong learning"), apoyada por incentivos fiscales y subvenciones. La flexibilidad laboral se equilibra con protecciones sociales, lo que ha permitido una transición menos traumática hacia formas de empleo no tradicionales. Estas prácticas pueden ofrecer claves para la República Dominicana, especialmente en el fortalecimiento de capacidades digitales y la inclusión de jóvenes en la economía formal.
Una primera recomendación clave es fomentar la educación y capacitación digital desde la escuela primaria hasta la universidad. Para reducir la brecha entre las competencias disponibles y las requeridas por el mercado, es esencial reformar los programas educativos, incorporar tecnologías en el aula y capacitar a los docentes en herramientas digitales. Además, deben promoverse alianzas entre instituciones educativas y empresas para ofrecer pasantías, formación práctica y certificaciones laborales.
En segundo lugar, es urgente abordar las barreras estructurales que enfrentan los jóvenes y las mujeres en el acceso al trabajo formal. Esto implica desde políticas activas de empleo y subsidios a la contratación, hasta el fortalecimiento de servicios de cuidado infantil y la formalización del trabajo en sectores informales. También es necesario fomentar una cultura de equidad en el lugar de trabajo, promoviendo entornos laborales inclusivos y libres de discriminación.
Otro elemento fundamental es el fortalecimiento de la infraestructura digital. Mejorar el acceso a internet de alta velocidad, especialmente en las escuelas, zonas rurales y marginadas, permitirá que más personas puedan participar en la economía digital. Asimismo, deben promoverse programas de alfabetización digital para adultos, con énfasis en competencias básicas como el uso de herramientas ofimáticas, navegación segura y gestión de datos.
Por último, es fundamental crear un marco normativo que proteja a los trabajadores en la nueva economía. Esto incluye el reconocimiento legal de nuevas formas de empleo, la garantía de derechos laborales básicos para trabajadores de plataformas digitales y la promoción de mecanismos de seguridad social adaptados a la realidad laboral cambiante.
En conclusión, el futuro del trabajo en la República Dominicana dependerá de la capacidad del país para adaptarse a los cambios tecnológicos, cerrar brechas de acceso y promover una economía inclusiva. Lecciones internacionales, como las de los Países Bajos, muestran que con visión estratégica, inversión en talento humano y compromiso multisectorial, es posible construir un futuro laboral que no deje a nadie atrás.
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