El Congreso Nacional aprobó la modificación al Presupuesto General del Estado de 2026, una reforma que incrementa el gasto público en RD$ 40,978.3 millones, eleva el presupuesto consolidado hasta RD$ 1.785 billones y autoriza nuevos financiamientos por US$ 465 millones para proyectos de inversión.
La modificación aprobada este mes ha generado una discusión que va más allá del aumento del gasto. El centro del debate es si la operación mantiene intacta la meta de déficit fiscal, como sostiene el Gobierno, o si realmente incrementa el desequilibrio de las cuentas públicas, como argumenta el economista Nelson Suárez.
La diferencia no radica en los números aprobados por el Congreso, sino en la forma en que se contabilizan parte de los recursos que financiarán el gasto adicional.
¿Qué cambió con la modificación del Presupuesto General del Estado 2026?
La reforma incrementa el presupuesto originalmente aprobado mediante la Ley 99-25 en RD$ 40,978.3 millones, llevando el monto total del gasto público hasta RD$ 1.785 billones.
De acuerdo con la exposición de motivos del Poder Ejecutivo, los recursos adicionales permitirán fortalecer la inversión pública, financiar subsidios y atender prioridades en infraestructura, agricultura, salud y vivienda, apoyados también por el mayor nivel de recaudaciones registrado tras la entrada en vigor de la Ley 30-26 de Medidas Pro-Crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional.
Paralelamente, el Congreso aprobó contratos de préstamos por US$ 465 millones, destinados principalmente a proyectos de infraestructura y programas de desarrollo.
¿En qué se utilizarán los recursos adicionales?
El análisis del economista Nelson Suárez muestra que los principales incrementos presupuestarios se concentran en seis instituciones.
| Institución | Incremento |
|---|---|
| Tesoro Nacional | RD$21,574.7 millones |
| Obras Públicas | RD$11,600.2 millones |
| Agricultura | RD$4,090.4 millones |
| Vivienda y Edificaciones | RD$3,792.7 millones |
| Hacienda y Economía | RD$3,321.2 millones |
| Salud Pública | RD$2,642.1 millones |
En contraste, el Ministerio de Educación registra una reducción de RD$ 2,000 millones.
¿Por qué el Gobierno afirma que el déficit fiscal no aumenta?
De acuerdo con el análisis de Suárez el gasto adicional será financiado mediante dos fuentes.
La primera corresponde a RD$ 19,830.8 millones provenientes de mayores ingresos generados por la reforma fiscal contenida en la Ley 30-26.
La segunda son RD$ 21,147.5 millones correspondientes al balance neto de caja acumulado al cierre del ejercicio fiscal 2025.
Según Hacienda, esos recursos permiten financiar el incremento del gasto sin modificar la meta de déficit contemplada en el presupuesto aprobado a finales del año pasado.
Desde esa óptica, el déficit financiero se mantiene en RD$ 280,575 millones, equivalente al 3.24 % del producto interno bruto (PIB).
El punto de controversia: los RD$ 21,147 millones que dividen a Hacienda y a los economistas
El economista Nelson Suárez sostiene que la conclusión cambia cuando se aplica la metodología utilizada en las estadísticas fiscales internacionales.
Su argumento parte de que los RD$ 21,147.5 millones provenientes del cierre presupuestario de 2025 no constituyen ingresos del ejercicio 2026, sino una fuente de financiamiento derivada de disponibilidades de caja acumuladas.
Bajo ese criterio, dichos recursos no pueden utilizarse para reducir artificialmente el déficit fiscal.
En consecuencia, el déficit pasaría de RD$ 280,575.3 millones a RD$ 301,722.7 millones, un incremento de aproximadamente 7.5 % respecto al monto originalmente aprobado.
Como proporción del PIB, el déficit aumentaría de 3.24 % a 3.48 %.
La diferencia, explica Suárez, no responde a un error matemático, sino a una diferencia metodológica sobre la clasificación de los recursos utilizados para financiar el gasto adicional.
Más gasto y más deuda: el otro componente de la reforma
La modificación presupuestaria fue aprobada casi simultáneamente con nuevos contratos de préstamos por US$ 465 millones, destinados a proyectos de infraestructura y desarrollo.
Para el Gobierno, el nuevo endeudamiento permitirá acelerar inversiones consideradas prioritarias y fortalecer la capacidad de respuesta del Estado durante el segundo semestre del año.
Sin embargo, diversos economistas recuerdan que cada modificación presupuestaria debe analizarse no solo por el monto del gasto, sino también por su efecto sobre la trayectoria de la deuda pública y la sostenibilidad fiscal de mediano plazo.
La oposición cuestiona la rapidez del trámite y la ejecución del gasto
Durante el debate legislativo, diputados de la Fuerza del Pueblo criticaron que la modificación presupuestaria fuera conocida bajo el procedimiento de urgencia y coincidiera con la aprobación de nuevos préstamos internacionales.
El diputado José David Báez sostuvo que antes de ampliar el gasto el Gobierno debía explicar el bajo nivel de ejecución de varias obras públicas ya financiadas.
Como ejemplo mencionó la construcción de la verja perimetral fronteriza, cuya ejecución —según afirmó durante los debates congresuales— rondaba apenas el 15 %, pese a contar con partidas presupuestarias aprobadas.
La organización política también cuestionó el incremento del endeudamiento y pidió mayor transparencia sobre el uso de los nuevos recursos.
¿Qué implica este debate para las finanzas públicas?
La interpretación que prevalezca tendrá efectos distintos sobre la lectura de las cuentas fiscales.
Si se mantiene el criterio del Ministerio de Hacienda, el déficit fiscal no experimentaría variaciones, ya que la modificación sería considerada un ajuste operativo sustentado en mayores ingresos y en la disponibilidad de recursos de caja.
En cambio, bajo la interpretación que advierte un aumento del déficit, el resultado fiscal del país reflejaría un mayor desequilibrio, aun cuando ese incremento no provenga de un aumento del gasto financiado con nuevos impuestos o con un endeudamiento adicional de igual magnitud.
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