El nuevo Pleno de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana fue designado por el Senado el pasado 22 de abril, generando grandes expectativas en la sociedad dominicana.
El economista Nelson Suárez advirtió que la confianza pública está condicionada por "las pasadas y recientes frustraciones nacionales" acumuladas ante el historial institucional de este órgano fiscalizador.
Suárez recordó que la Cámara de Cuentas, creada por la Constitución de 1858, ha sido percibida históricamente como un ente político, más que técnico, lo cual ha limitado su eficacia.
Desde la Constitución de 2010, este organismo fue definido como el órgano superior externo de control fiscal, con autonomía administrativa, operativa y presupuestaria.
La designación de sus miembros, anteriormente en manos del Poder Ejecutivo, recae ahora en el Senado, a partir de ternas presentadas por la Cámara de Diputados, según la normativa vigente.
Suárez subrayó que el control del gasto público debe estar alineado con los principios de legalidad, eficiencia, economía y moralidad administrativa, tal como lo plantean la Constitución y la legislación vigente.
Citando la Declaración de Lima de 1977, el economista destacó que el control no es un fin en sí mismo, sino una herramienta reguladora esencial en la gestión de los recursos del Estado.
Aunque el país cuenta con un marco legal adecuado, la debilidad institucional y la falta de aplicación plena de las normas han limitado los avances tangibles, según Suárez.
La Constitución de 2024 establece cuatro tipos de control sobre los fondos públicos: el político (Congreso), el interno (Contraloría), el externo (Cámara de Cuentas) y el social (sociedad civil).
El nuevo Pleno tiene el desafío de transformar la visión limitada de “auditoría inquisitorial” y asumir un rol activo, técnico y transparente ante los órganos que manejan fondos públicos.
Suárez enfatizó que además del control financiero, la Cámara debe reforzar su función jurisdiccional, esencial para establecer responsabilidades por mal manejo de recursos estatales.
La Ley 18-24, en sus artículos del 86 al 89, delimita los alcances de esta función, incluyendo la posibilidad de imputaciones penales, administrativas o civiles.
Otro reto crucial es aplicar el criterio de proporcionalidad en la fiscalización, diferenciando los niveles de análisis según el tipo y magnitud del gasto público.
Suárez criticó que se auditen con el mismo enfoque gastos menores en eventos religiosos o deportivos y proyectos de gran impacto en educación, salud o infraestructura.
Enfatizó la "escasez de auditorías de cumplimiento, desempeño y calidad" sobre sectores estratégicos como la deuda pública, inversiones estatales o empresas gubernamentales.
Finalmente, advirtió que cambiar la percepción ciudadana sobre la Cámara no se logrará con relaciones públicas, sino con cumplimiento riguroso de sus atribuciones y transformaciones reales.
A juicio de Suárez, el éxito del nuevo equipo dependerá de su capacidad técnica, su liderazgo moral y su compromiso con una "verdadera rendición de cuentas".
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