Depositada primera acción de inconstitucionalidad contra la Ley 30-26

La abogada tributarista Pablita Cabrera Martínez depositó este lunes 22 de junio ante el Tribunal Constitucional una acción directa de inconstitucionalidad contra la Ley 30-26 sobre medidas de procrecimiento económico y mitigación de la crisis internacional, al considerar que varias de sus disposiciones vulneran derechos fundamentales vinculados al debido proceso, la tutela judicial efectiva y el régimen de retenciones tributarias.

Aunque el recurso fue interpuesto por la jurista a título personal, la misma actúa en representación de la Asociación de Emprendedores Unidos por el Desarrollo y la Libertad (EMUDELI).

Esto introduce un matiz institucional en la iniciativa, vinculándola a sectores del emprendimiento y el empresariado.

La acción se dirige contra el párrafo 4 del artículo 2 y el literal A del artículo 17 de la normativa recientemente promulgada, disposiciones que, según la accionante, alteran el equilibrio entre la administración tributaria y los contribuyentes.

Cuestionamientos al régimen de retenciones

Uno de los principales señalamientos recae sobre el artículo 17, que establece una retención del 15 % sobre pagos por alquiler o arrendamiento de bienes muebles e inmuebles.

La abogada sostiene que la disposición amplía de forma generalizada la figura del agente de retención, sin distinguir entre personas físicas o jurídicas ni entre distintos tipos de bienes.

“Estamos accionando sobre el literal A del artículo 17, ya que pone obligación de manera abierta en manos de personas que no han sido declaradas como agentes de retención”, argumentó Cabrera Martínez, al advertir posibles distorsiones en el cumplimiento tributario.

Debate sobre acceso a la justicia

Otro de los puntos impugnados es el párrafo 4 del artículo 2, que permite al contribuyente consignar el monto de la deuda ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) para poder interponer recursos, evitando medidas conservatorias.

Para la accionante, esta disposición podría condicionar el acceso efectivo a la justicia al pago previo de montos en disputa, lo que —según sostiene— podría contravenir principios constitucionales como el debido proceso y la tutela judicial efectiva.