Con la pensión de los trabajadores no se juega en Wall Street

En los últimos días se ha propuesto, en nombre de la "equidad", que al menos el 10% del ahorro previsional de los trabajadores dominicanos, unos RD$132,000 millones, alrededor de US$2,250 millones, salga del país para comprar acciones y bonos de empresas globales. La envoltura es simpática: si las familias ricas invierten afuera, ¿por qué no los trabajadores? Pero debajo de esa envoltura hay una decisión de enorme calado que nadie ha consultado con quienes son los únicos dueños de ese dinero: los trabajadores.

La Ley 87-01 no dejó este asunto al azar. Su artículo 96 establece que los fondos de pensiones son "producto del ahorro nacional" y que, por tanto, "serán invertidos en el territorio nacional". Si alguna parte pudiera invertirse en el exterior, "se tendrá que contar previamente con la aprobación del Consejo Nacional de Seguridad Social", que además dictará las normas que reglamenten ese tipo de inversión. El mismo artículo ordena a las AFP priorizar, en igualdad de rentabilidad y riesgo, las inversiones que generen empleo, vivienda y actividad industrial y agropecuaria.

No es una casualidad ni una omisión: es un diseño. El legislador quiso que el ahorro de los trabajadores financiara el desarrollo del país que los emplea, y puso la llave de la inversión en el extranjero en manos del órgano más representativo del sistema, el CNSS, donde se sientan el Gobierno, los empleadores, gremios profesionales y los propios trabajadores de diversos sectores de la economía. La Comisión Clasificadora de Riesgos y Límites de Inversión clasifica riesgos y fija límites sobre instrumentos ya autorizados; no tiene por sí sola la facultad de abrir la puerta al exterior. Quien quiera cambiar esa arquitectura debe convencer al CNSS con evidencia, no presionar a la Comisión desde los periódicos.

Esta Comisión es presidida por el Superintendente de Pensiones e integrada además por el Gobernador del Banco Central, el Superintendente de Bancos, el Superintendente de Seguros, el Superintendente del Mercado de Valores y un representante técnico de los afiliados, elegido por el sector trabajador representado en el CNSS. No es una composición caprichosa. Cada silla aporta una mirada distinta sobre el mismo riesgo: la Superintendencia de Pensiones vela por el afiliado y por la integridad de las cuentas individuales; el Banco Central aporta la visión de la estabilidad monetaria, del tipo de cambio, de las reservas y de la profundidad del mercado de títulos públicos; la Superintendencia de Bancos conoce la solvencia de las entidades que emiten los certificados en que invierten los fondos; la Superintendencia de Seguros supervisa a las aseguradoras que pagarán las rentas vitalicias y los seguros de sobrevivencia; la Superintendencia del Mercado de Valores garantiza la transparencia de la oferta pública de bonos y acciones; y el representante de los afiliados pone en la mesa la voz de los verdaderos dueños del dinero.

Sus decisiones se adoptan por mayoría absoluta y deben publicarse en un diario de circulación nacional en un plazo de tres días hábiles, como manda el artículo 99 de la Ley 87-01. Ese diseño de contrapesos, en el que ningún regulador decide solo y todos responden públicamente, es lo que da confianza al sistema: la pensión de los trabajadores no depende del criterio de una institución, sino del consenso de los cinco supervisores del sistema financiero dominicano.

Conviene destacar que las pensiones se pagan en pesos. Ese hecho elemental convierte la inversión en dólares en un descalce de moneda que hay que gestionar y que la propuesta ni siquiera menciona. Este mismo año lo demuestra: el peso acumula una apreciación superior a 7% al cierre de agosto. Una porción de 10% del fondo en dólares habría perdido unos RD$9,000 millones en ocho meses solo por tipo de cambio, antes de que se moviera un solo precio en las bolsas, y no existe en el país un mercado de coberturas con la profundidad necesaria para proteger US$2,000 millones.

Los mercados internacionales tampoco son la alcancía segura que se sugiere. La renta variable global ha caído entre 30% y 50% en 2000, 2008 y 2020; hasta los bonos globales perdieron más de 15% en 2022. Citar a Apple, Amazon y Nvidia es escoger a los ganadores después de la carrera; nadie pone en la lista a las empresas que desaparecieron por el camino. A eso se suman las comisiones de gestores y custodios extranjeros, que se pagan encima de las que ya cobran las AFP, y una realidad de supervisión: la Superintendencia de Pensiones vigila lo que puede ver, y una cartera repartida entre custodios y gestores en el exterior queda fuera de su alcance práctico.

Peor aún, la República Dominicana tiene un fondo único por AFP, sin multifondos. Eso significa que el trabajador de 63 años absorbería exactamente el mismo golpe que el de 25, y que una caída en el año del retiro se convertiría en una pensión más baja de por vida. Chile y Perú crearon multifondos antes de ampliar su exposición externa, y aun así sufrieron retiros masivos y una crisis de legitimidad que obligó a Chile a reformar su sistema en 2025.

Hay también una fuga silenciosa: Estados Unidos retiene el 30% de los dividendos que paga a inversionistas de países sin tratado tributario, y la República Dominicana no lo tiene. Casi un tercio de cada dividendo de esas acciones globales se quedaría en el Tesoro norteamericano.

Sobre el impacto macroeconómico, US$2,250 millones equivalen a cerca del 15% de las reservas internacionales. Sacarlos presiona el tipo de cambio y, sobre todo, retira del mercado local a su mayor inversionista institucional. El resultado es aritmética simple: menos demanda de títulos, tasas más altas para el Estado, para las empresas y para las familias que toman crédito. Cada peso que se va deja de financiar una vivienda, una carretera, una planta de energía o una pequeña empresa dominicana.

Se argumenta que hay pocas empresas locales con estados financieros transparentes en las que invertir. Es cierto, y precisamente por eso la conclusión es la contraria. Los fondos de pensiones son el inversionista ancla del mercado de valores dominicano; son la demanda que hace posible que existan emisiones, calificaciones, custodia y liquidez. Si ese ahorro se marcha antes de que el mercado madure, el mercado nunca madurará. Ningún país desarrolló su mercado de capitales exportando primero el ahorro de sus trabajadores. Chile absorbió los fondos de sus AFP en el mercado local durante casi una década antes de permitir la primera inversión en el exterior, con límites mínimos, y tardó más de treinta años en llegar a los que tiene hoy.

Además, la diversificación de moneda que se reclama ya existe dentro del país: la normativa vigente permite invertir hasta 30% de los fondos en instrumentos locales denominados en moneda extranjera. El trabajador dominicano no está prisionero del peso; lo que no tiene, y no necesita, es su ahorro sirviendo de capital a Wall Street.

La economía dominicana creció 4.6% interanual en julio y el Banco Central proyecta cerca de 4.5% para 2026, una de las tasas más altas de América Latina. Un país que crece así tiene en qué invertir; lo que le faltan son instrumentos, no rentabilidad. El déficit habitacional, con la Ley 189-11 y los fideicomisos de oferta pública como vehículos; la infraestructura de agua, energía, puertos y carreteras, con la Ley 47-20 de alianzas público-privadas; la transición energética; el turismo y las zonas francas que generan las divisas que hoy aprecian el peso; y un mercado accionario que apenas ha visto sus primeras ofertas públicas y que la Ley 163-21 quiso impulsar. Ahí está la agenda: más emisores, más transparencia, más instrumentos de renta fija y variable emitidos por empresas nacionales, con rendimientos atractivos y con el respaldo de un aparato productivo que da empleo a los mismos trabajadores dueños del fondo.

El argumento de la "equidad" invierte la lógica. Las familias ricas arriesgan patrimonio discrecional; el trabajador aporta un ahorro obligatorio, con un mandato fiduciario y un pasivo en pesos que debe cubrir cuando llegue a los 60 años. Equidad no es que el obrero corra los riesgos del millonario; equidad es que su ahorro rinda de forma real, neta y segura, y que lo haga construyendo el país en el que va a jubilarse.

Los trabajadores tienen todo el derecho de reclamar sus fondos y de exigir más transparencia a las AFP: saber en qué está invertido cada peso, cuánto cuestan las comisiones, cuál es la rentabilidad real neta de su cuenta y tener voz efectiva, a través de sus representantes en el CNSS, en las decisiones que definen su vejez. Ese reclamo es legítimo, es urgente y debe abordarse donde corresponde: en una ley que fortalezca los derechos de los afiliados, la gobernanza del sistema y la rendición de cuentas de quienes administran RD$1.32 billones que no les pertenecen.

Los trabajadores dominicanos construyeron ese fondo con 23 años de esfuerzo, descuento a descuento, y merecen que se les hable con la verdad. Por eso conviene decirlo sin rodeos: ningún analista, por simpática que sea la envoltura, debe intentar ganarse el afecto de los trabajadores para enviar su dinero fuera del país cuando la economía dominicana, la que los emplea y la que un día les pagará la pensión, todavía tiene oportunidades que necesitan ese capital y pueden remunerarlo bien.