El Comité Institucional Codiano (CIC) denunció la lentitud en la ejecución de la Ley 16-26, al cumplirse tres meses de su promulgación, y aseguró que cientos de contratistas de obras del Estado continúan sin conocer un cronograma de pagos ni información oficial sobre el avance del proceso.

El vocero del CIC, Miguel Liberato, afirmó que la Comisión Ejecutora había anunciado reuniones ordinarias cada 15 días, pero sostuvo que han transcurrido más de tres semanas desde el primer encuentro sin que se conozca si la siguiente reunión fue celebrada ni cuáles decisiones se han adoptado.

"El silencio institucional comienza a convertirse en una seria preocupación", expresó.

Liberato también cuestionó que los veedores contemplados en el artículo 16 de la Ley 16-26 aún no hayan sido incorporados formalmente a las reuniones de la Comisión Ejecutora.

A su juicio, esa figura fue creada para garantizar la transparencia y el seguimiento permanente del proceso, por lo que consideró inaceptable que permanezca al margen de las decisiones.

El dirigente aseguró que el CIC ha agotado los canales institucionales para obtener respuestas. Indicó que la organización ha remitido varias comunicaciones con observaciones y propuestas a la Comisión Ejecutora y ha solicitado el acompañamiento de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), el Defensor del Pueblo y el Congreso Nacional.

Asimismo, recordó que los contratistas realizaron recientemente una protesta pacífica frente al Ministerio de Hacienda para reclamar información sobre el inicio de la implementación de la ley.

Piden cronograma y mayor transparencia

Liberato sostuvo que la falta de información, el presunto incumplimiento del calendario de reuniones anunciado por la propia Comisión Ejecutora y la exclusión de los veedores generan preocupación entre los contratistas.

Añadió que el retraso afecta especialmente a personas de edad avanzada y a familias que llevan años esperando una solución.

"Existen colegas con enfermedades de gravedad, personas con discapacidad y familias de profesionales fallecidos que esperaron durante años una solución", manifestó.

Ante esta situación, el CIC exhortó al presidente de la Comisión Ejecutora y a sus integrantes a informar sobre el estado de ejecución de la Ley 16-26, convocar a los veedores, cumplir con la periodicidad de las reuniones anunciadas y publicar un cronograma con fechas para la revisión de expedientes y el inicio de los desembolsos.

El gremio advirtió que continuará dando seguimiento al proceso y que utilizará los mecanismos institucionales disponibles para denunciar cualquier retraso o falta de transparencia en la aplicación de la ley.

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