La Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme) expresó su respaldo a la modificación de la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, al considerar que corrige distorsiones introducidas por la Ley 98-25 que, a su juicio, afectaban de manera desproporcionada a las micro, pequeñas y medianas empresas.

La organización recordó que fue una de las primeras entidades en cuestionar la legislación vigente e incluso interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional al entender que el esquema de contribuciones vulneraba principios constitucionales al imponer cargas excesivas a miles de empresas.

El presidente de Codopyme, Fernando Pinales, sostuvo que las iniciativas legislativas de ese alcance deben ser discutidas con todos los sectores antes de su aprobación para evitar que se produzcan distorsiones como las que, según afirmó, presentaba la normativa.

Pinales valoró que la reforma establezca una escala de contribuciones más acorde con la capacidad económica de las empresas. No obstante, consideró que el cálculo continúa tomando como referencia las ventas, cuando, a su juicio, el criterio debería ser la cantidad de residuos que genera cada empresa.

"Las ventas no constituyen un parámetro adecuado para determinar el monto del aporte", expresó, al señalar que aún existen aspectos de la legislación que requieren revisión.

Pide representación en el fideicomiso

Codopyme también solicitó ser incorporada al órgano de gobernanza del fideicomiso que administrará los recursos recaudados mediante la ley, en representación del sector de las micro, pequeñas y medianas empresas.

La entidad argumentó que la Ley 488-08 le reconoce la representación del sector, que —según indicó— constituye el 98 % del tejido empresarial dominicano.

A juicio de Pinales, la participación de las mipymes en ese organismo contribuiría a fortalecer la transparencia, la legitimidad institucional y la adecuada implementación de la normativa.

El dirigente empresarial reiteró que la protección del medio ambiente y la competitividad empresarial deben avanzar de manera conjunta y sostuvo que un sistema de gestión de residuos solo será sostenible si cuenta con reglas claras, seguridad jurídica y un esquema de financiamiento equilibrado.

Finalmente, afirmó que el debate no debe centrarse únicamente en cuánto paga cada empresa, sino en construir un sistema que garantice una gestión eficiente de los residuos sólidos, promueva el reciclaje y la economía circular, y distribuya las contribuciones de manera justa entre los distintos sectores productivos.

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