La Cámara Dominicana de Comercio Electrónico (Cadolec) encendió las alarmas y reclamó la intervención urgente de los ministerios de Hacienda e Industria, Comercio y Mipymes ante el anuncio de la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina (Anadegas) de retirar los terminales de pago electrónico —conocidos como verifones— de sus establecimientos, en protesta por las comisiones que cobran las plataformas de pago digital.
Un conflicto que amenaza la economía digital
La disputa entre Anadegas y las empresas proveedoras de servicios de pago electrónico escaló hasta el punto en que los detallistas de gasolina anunciaron la eliminación de los dispositivos de cobro con tarjeta en sus estaciones. El detonante: las altas tarifas de comisión que, según Anadegas, les cobran las plataformas de pago electrónico por cada transacción realizada con tarjetas de débito y crédito.
El presidente de Cadolec, Domingo Rojas Pereyra, calificó la medida como un "grave retroceso" para el desarrollo de los negocios digitales en el país y advirtió que, de concretarse, el retiro de los verifones sentaría un precedente peligroso para todo el ecosistema de pagos electrónicos en la República Dominicana.
Hacienda e Industria, en el ojo del huracán
Cadolec dirigió su llamado directamente a Magín Díaz, titular del Ministerio de Hacienda, y a Eduardo Sanz Lovatón, al frente del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, para que actúen como mediadores en el conflicto. La organización considera que ambas carteras tienen la responsabilidad institucional de evitar que una disputa comercial entre privados termine afectando la infraestructura de pagos del país.
"Se sentarían un precedente y un retroceso funestos para el desarrollo de los negocios por la vía digital en la República Dominicana", señaló Rojas Pereyra en la comunicación enviada a ambos ministerios.
Las estaciones de gasolina son uno de los puntos de mayor tráfico de transacciones con tarjeta en el país. Su eventual salida del sistema de pagos digitales no solo afectaría a los consumidores que dependen de ese medio, sino que podría desincentivar a otros sectores a mantener o ampliar su infraestructura de cobro electrónico.
El conflicto pone sobre la mesa una discusión que el sector financiero y el comercio llevan años postergando: la regulación de las tasas de intercambio y comisiones que cobran las procesadoras de pago. En varios países de la región, los gobiernos han intervenido para fijar topes a estas tarifas, precisamente para evitar que los comercios abandonen los sistemas de pago electrónico.
En República Dominicana, ese debate no ha encontrado aún un marco regulatorio claro, lo que deja a los actores del mercado negociando —o confrontando— en un vacío normativo.
El llamado de Cadolec llega en un momento en que el gobierno dominicano ha impulsado la digitalización de la economía como uno de sus ejes estratégicos. El retiro masivo de terminales de pago en un sector de alto volumen como el de los combustibles iría a contramano de esa agenda y podría erosionar la confianza de los consumidores en los medios de pago electrónico.
La pelota queda ahora en la cancha de Hacienda e Industria. Si los ministerios optan por la mediación activa, el episodio podría convertirse en la oportunidad para sentar las bases de una regulación más clara sobre comisiones en pagos digitales. Si no actúan, el precedente que teme Cadolec podría volverse realidad.
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