Cada privado de libertad le cuesta al Estado unos RD$ 1,400 diarios, en su mayoría internos que son inocentes, aseguró el director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), Roberto Santana Sánchez.
Dijo que muchos de los presos preventivos no han recibido sentencias, y que lo adecuando es, que salvo excepciones, toda persona inocente debe llevar su proceso en su casa y dentro de su comunidad.
Si se toma en cuenta que hay unos 25,000 privados de libertad, de acuerdo con Santana, el gasto del Estado asciende a RD$ 35 millones diarios, para una cifra anual de RD$ 12.7 mil millones.
“Nos duele más si esos 1,400 pesos diarios que tenemos que pagar por cada persona privada de libertad, lo estamos pagando por una mayoría que es inocente. Esas personas nosotros tenemos que ahí en prisión darle agua, luz, cama, alojamiento de general, tenemos que brindarle seguridad, etcétera y además lidiar con una familia inconforme y con un inocente inconforme”, indicó
El también director de la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria (Onaprep), dijo que no puede ser que la privación de libertad para los preventivos se convierta en los hechos de una condena anticipada.
En busca de una reinserción social
Santana firmó un acuerdo por la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria con el pastor Feliciano Lacen Custodio, presidente de la Confederación Dominicana de Unidad Evangélica (Codue), con el fin de impulsar iniciativas conjuntas orientadas al desarrollo integral de las personas privadas de libertad.
El acuerdo con vigencia de tres años, establece un marco de cooperación interinstitucional alineado en: inclusión social, salud, participación ciudadana y prevención de la violencia, con especial énfasis en la población juvenil del sistema penitenciario.
¿Qué abarca el acuerdo?
El convenio entre Onaprep y Codue contempla una serie de líneas de acción orientadas a fortalecer los procesos de rehabilitación y reinserción social de las personas privadas de libertad.
En materia de inclusión social, el acuerdo prevé facilitar el acceso de los internos a programas de formación académica, becas de estudio en distintos niveles educativos y oportunidades de crecimiento personal, con el propósito de prepararles para su reintegración a la sociedad.
En emprendimiento y formación técnica, las instituciones se comprometen a desarrollar programas de capacitación técnica y profesional, talleres de habilidades blandas y proyectos de emprendimiento, dirigidos a mejorar la empleabilidad de los privados de libertad y fomentar el autoempleo tras cumplir sus condenas.
En cuanto a salud y bienestar integral, el pacto incluye la realización de campañas de sensibilización y la implementación de programas de atención en salud física, mental y espiritual, así como acciones preventivas relacionadas con las adicciones y el bienestar emocional.
El acuerdo también promueve la participación y liderazgo comunitario, mediante la integración de la comunidad evangélica en iniciativas de voluntariado, liderazgo y proyectos de impacto social dentro del sistema penitenciario, con el objetivo de fortalecer el acompañamiento social y espiritual de los internos.
Asimismo, se contempla un componente de prevención de la violencia y fomento de valores, orientado a impulsar una cultura de paz, promover principios éticos y religiosos, y ofrecer herramientas para la resolución pacífica de conflictos tanto en los centros penitenciarios como en los entornos familiares de los privados de libertad.
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