La administración del presidente Donald Trump derogó una de las protecciones más importantes de la Ley de Especies en Peligro de Extinción (ESA, por sus siglas en inglés), al eliminar la interpretación que durante décadas permitió considerar como "daño" la destrucción o degradación de los hábitats críticos para la supervivencia de la fauna amenazada.
La medida, defendida por el Gobierno como un esfuerzo para reducir trabas regulatorias y facilitar proyectos de desarrollo, ha sido recibida por organizaciones ambientalistas como uno de los mayores retrocesos en la política de conservación estadounidense y anticipa una nueva batalla judicial.
La modificación reduce el alcance de una ley considerada histórica
La decisión, anunciada este viernes por los departamentos del Interior y de Comercio, elimina una definición regulatoria que desde hace décadas interpretaba que la destrucción significativa del hábitat constituía una forma de "daño" cuando afectaba procesos esenciales para la supervivencia de las especies, como la reproducción, la alimentación o el refugio.
En la práctica, esa interpretación había servido para impedir proyectos de tala, minería, urbanización y otras actividades industriales en ecosistemas considerados indispensables para especies protegidas.
La Ley de Especies en Peligro de Extinción, aprobada en 1973, es considerada una de las legislaciones ambientales más influyentes de Estados Unidos. A ella se atribuye la recuperación de especies emblemáticas como el águila calva y el caimán americano, además de la protección de numerosos mamíferos, aves, reptiles y peces amenazados.
La Casa Blanca defiende el cambio como una reducción de cargas regulatorias
El secretario del Interior, Doug Burgum, sostuvo que la modificación devuelve la ley a la intención original del Congreso y pone fin a lo que calificó como un uso excesivo de la normativa.
Según el funcionario, durante años las agencias federales utilizaron la legislación para limitar el uso legítimo de terrenos privados e imponer cargas innecesarias a propietarios y empresas, por lo que el cambio pretende ofrecer mayor seguridad jurídica y agilizar la aprobación de proyectos económicos.
La nueva regulación abre la posibilidad de autorizar actividades productivas en áreas que anteriormente podían ser objeto de restricciones debido a su importancia ecológica para especies protegidas.
Ambientalistas anuncian demandas contra la administración Trump
Las principales organizaciones de defensa del medioambiente reaccionaron con dureza al anuncio y adelantaron que recurrirán a los tribunales.
Earthjustice calificó la medida de carente de fundamento científico y jurídico, al recordar que la protección de los hábitats ha sido uno de los pilares que explican el éxito de la legislación durante más de cinco décadas.
La organización recordó además que en 1995 la Corte Suprema de Estados Unidos respaldó la interpretación de que la destrucción del hábitat podía constituir una forma de "daño" prohibida por la ley.
Por su parte, Tara Zuardo, del Center for Biological Diversity, advirtió que eliminar la protección de los ecosistemas equivale, en la práctica, a poner en riesgo la supervivencia de las especies.
"Si los animales ya no tienen un lugar donde vivir, no pueden sobrevivir", señaló.
Temor por nuevos proyectos industriales
Las organizaciones conservacionistas sostienen que la nueva regulación facilitará la expansión de explotaciones mineras, proyectos forestales, infraestructura energética y otras actividades industriales en zonas sensibles desde el punto de vista ecológico.
Earthjustice también recordó que la administración Trump ya había impulsado otras medidas para reducir el alcance de la Ley de Especies en Peligro de Extinción, entre ellas excepciones para determinadas operaciones de explotación petrolera en el Golfo de México, donde habitan especies marinas protegidas como ballenas y tortugas.
Un nuevo capítulo en la disputa sobre la política ambiental de Estados Unidos
La decisión vuelve a poner de manifiesto el contraste entre la agenda de desregulación impulsada por la administración Trump y la posición de organizaciones científicas y ambientalistas, que sostienen que la pérdida y fragmentación de hábitats constituye la principal amenaza para la biodiversidad mundial.
El caso también anticipa una prolongada disputa judicial que podría definir hasta dónde llega la capacidad del Ejecutivo para reinterpretar una de las leyes ambientales más relevantes del país.
La Ley de Especies en Peligro de Extinción (ESA) fue promulgada en 1973 con el objetivo de evitar la desaparición de especies animales y vegetales amenazadas.
Diversos estudios la consideran una de las herramientas de conservación más eficaces de Estados Unidos, con cientos de especies recuperadas o estabilizadas gracias a las restricciones impuestas sobre actividades capaces de afectar sus hábitats.
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