Un tribunal de San José de Ocoa impuso tres meses de prisión preventiva a Juan Encarnación y Nery Encarnación, investigados por el corte y la destrucción de árboles en unas 30 tareas de terreno ubicadas en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Valle Nuevo.
La intervención se produjo luego de una denuncia presentada por comunitarios de La Placeta de Yuna, en el municipio de Rancho Arriba. Técnicos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, guardaparques y miembros del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA) realizaron una inspección en el área y documentaron los daños.
De acuerdo con el informe técnico citado por Medio Ambiente, en el lugar fueron encontrados árboles cortados de cabirma santa, manacla, pino macho y yagrumo, además de dos aserraderos manuales.
El informe también establece que los trabajos se realizaban a menos de diez metros de un arroyo.
Caso fue llevado ante los tribunales
A partir de los hallazgos de la inspección, el Ministerio Público presentó el caso ante la justicia y solicitó la medida de coerción, que posteriormente fue acogida por el tribunal.
Medio Ambiente destacó el caso como parte de las acciones que, según la institución, buscan reforzar la aplicación de las normas contra las agresiones a los recursos naturales y las áreas protegidas.
La entidad señaló que existen antecedentes de prisión preventiva por delitos ambientales y vinculó la actuación en este caso con el Decreto 615-26, que establece disposiciones relacionadas con la protección de los recursos naturales y la coordinación entre las instituciones responsables.
El ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, afirmó que quienes incurran en daños deliberados al patrimonio natural deben enfrentar las investigaciones y los procesos correspondientes conforme a la legislación.
“El que destruya deliberadamente nuestro patrimonio natural debe saber que habrá investigación, sometimiento y consecuencias conforme a la ley”, expresó Henríquez.
El funcionario también sostuvo que el Estado dará seguimiento a la protección de los parques nacionales y bosques.
La prisión preventiva es una medida de coerción y no constituye una declaración de culpabilidad. El proceso judicial continuará bajo la responsabilidad del Ministerio Público y los tribunales.
Medio Ambiente informó que mantendrá la vigilancia en la zona y dará seguimiento al proceso en coordinación con el Ministerio Público y el SENPA.
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