La aprobación, en segunda lectura, del proyecto que modifica la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos ha generado preocupación e inquitud en sectores empresariales que consideran que la reforma fue conocida sin un proceso suficiente de discusión técnica y consulta con los actores afectados.
La Asociación Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA) y la Asociación de Industrias de Bebidas No Alcohólicas (ASIBENAS) coincidieron en reclamar que la reglamentación de la normativa incorpore mecanismos de diálogo que permitan revisar disposiciones que, a su juicio, podrían afectar la competitividad y la seguridad jurídica.
La Ley 225-20 regula la gestión integral y el coprocesamiento de residuos sólidos en la República Dominicana y establece mecanismos de responsabilidad compartida para mejorar la recolección, valorización y disposición final de los desechos.
Su modificación ha sido objeto de debate entre sectores empresariales, ambientales y legislativos debido a sus efectos económicos y regulatorios.
ADOZONA advierte efectos para las empresas de zonas francas
La Asociación Dominicana de Zonas Francas afirmó que resulta preocupante que una legislación de alto impacto económico y regulatorio vuelva a ser modificada pocos meses después de una reforma anterior, sin que, según sostiene, se agotara un proceso de análisis técnico suficientemente amplio y participativo.
La organización señaló que algunos cambios aprobados tendrían un efecto diferenciado sobre las empresas acogidas al régimen de zonas francas establecido en la Ley 8-90.
Cuestionan mecanismo de deducción tributaria
ADOZONA explicó que el mecanismo de deducibilidad contemplado en la reforma no tendría el mismo efecto para las empresas de zonas francas, debido a que estas operan bajo un régimen de exención del Impuesto sobre la Renta (ISR), lo que impediría aplicar ese beneficio fiscal y, en consecuencia, las colocaría —según la entidad— en una situación de desventaja frente a competidores de otros países.
La organización también recordó que las operadoras de parques de zonas francas ya tienen responsabilidades legales relacionadas con el manejo de los residuos generados dentro de sus instalaciones.
ASIBENAS cuestiona el proceso legislativo
Por separado, la Asociación de Industrias de Bebidas No Alcohólicas manifestó que comparte los objetivos de fortalecer la economía circular y mejorar la gestión de los residuos sólidos, pero considera que reformas de esta naturaleza deben construirse mediante procesos abiertos, participativos y sustentados en evidencia técnica.
La entidad lamentó que, durante el conocimiento del proyecto en la Cámara de Diputados, no se habilitaran espacios suficientes para que los sectores involucrados presentaran observaciones técnicas antes de la aprobación definitiva.
Asimismo, sostuvo que algunas de las nuevas obligaciones previstas en la modificación podrían aumentar las cargas sobre el aparato productivo en un contexto en el que el país procura fortalecer la inversión y la competitividad.
Tanto ADOZONA como ASIBENAS coincidieron en solicitar que el proceso de reglamentación de la ley permita revisar aquellos aspectos que consideran susceptibles de afectar la competitividad empresarial, sin abandonar los objetivos ambientales perseguidos por la legislación.
Las dos organizaciones insistieron en que la sostenibilidad ambiental y el desarrollo económico pueden avanzar de manera simultánea siempre que exista un marco regulatorio estable, predecible y construido mediante el consenso entre los sectores involucrados.
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