La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, afirmó que la responsabilidad ambiental dejó de ser únicamente una cuestión administrativa, al convertirse en un compromiso ético, jurídico y económico para las empresas.
Durante su ponencia en el desayuno-conferencia "Responsabilidad ambiental y el rol del sector empresarial ante el nuevo Código Penal", explicó que el nuevo marco legal introduce sanciones penales para las personas jurídicas que provoquen daños graves al medio ambiente, a los recursos naturales o a la salud pública.
Entre las sanciones contempladas figuran multas, suspensión de operaciones o incluso la clausura definitiva de las empresas responsables.
Ramos subrayó que las compañías deben asumir una gestión ambiental preventiva y transparente, centrada en el cumplimiento normativo, pues la falta de diligencia podría generar responsabilidad penal directa.
Por su parte, Christy Luciano, presidenta interina del consejo directivo de Ecored, sostuvo que el desarrollo empresarial y la protección del medio ambiente “no son caminos opuestos, sino rutas complementarias que deben avanzar juntas para aspirar a un futuro verdaderamente sostenible”.
Luciano señaló que la Ley 74-25, que moderniza el Código Penal dominicano, marca un “hito en la legislación ambiental del país y representa una oportunidad para fortalecer la gestión de riesgos, mejorar la gobernanza corporativa y proteger la reputación institucional”.
El encuentro fue organizado por la Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (Ecored) y tuvo lugar en el Hotel El Embajador, como parte de las actividades que promueven el diálogo entre el sector empresarial y las autoridades judiciales sobre el impacto del nuevo Código Penal en materia ambiental.
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