Insaproma y CNLCC denuncian costos ambientales no pagados de Punta Catalina

El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC) y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (Insproma) afirmaron que la transferencia de US$ 258.4 millones realizada por Punta Catalina al Estado en 2025 corresponde en gran parte a costos ambientales y sociales no contabilizados derivados de la quema de carbón mineral.

Las organizaciones sostuvieron que los US$ 562.9 millones transferidos entre 2023 y 2025 se explican, en buena medida, por la ausencia de compensaciones por daños al medio ambiente, a los sistemas productivos y a la salud de comunidades de la provincia Peravia, así como a zonas de Haití, Cuba y Jamaica afectadas por la contaminación.

Indicaron que los reclamos de pescadores y agricultores de Nizao y de la comunidad de Sabana Uvero de Paya por la inundación costera asociada al espigón del puerto carbonero superan los US$ 13 millones.

Afirmaron que los pescadores de Nizao habrían perdido más de US$ 49 millones entre 2019 y 2024, situación que, según dijeron, provocó la desaparición de la actividad pesquera en ese litoral y el empobrecimiento extremo del sector.

Recordaron que en 2025 agricultores de Nizao atribuyeron a Punta Catalina la pérdida total de la cosecha de cebolla y exigieron indemnización por los daños ocasionados.

Advirtieron que las proyecciones de pérdida de productividad agrícola en el llano de Peravia se vinculan al cambio del pH del suelo por cenizas tóxicas de carbón y por gases ácidos emitidos por la central.

Señalaron que la restauración de la vida marina en Nizao y Paya, así como la reversión de la inundación costera, requerirían inversiones multimillonarias que no figuran en la contabilidad de la empresa.

Agregaron que tampoco se registran los gastos en salud que enfrenta la población por enfermedades asociadas a la quema de carbón utilizada en la generación eléctrica.

Denunciaron afectaciones a la calidad del aire y contaminación del agua y los alimentos por vertidos con mercurio y otros metales pesados, así como por la dispersión de cenizas tóxicas en suelos y acuíferos.

Informaron que datos del Ministerio de Salud Pública reflejarían una incidencia superior al promedio nacional de enfermedades respiratorias, cardiovasculares, renales y de cáncer en la provincia Peravia.

Sostuvieron que las muertes atribuibles a la contaminación representan un impacto que supera cualquier cálculo económico.

Afirmaron que, de internalizar y compensar estos daños, Punta Catalina no presentaría ganancias, sino resultados deficitarios.

Indicaron que las operaciones de la termoeléctrica han convertido a Peravia en una zona de sacrificio, con vulneración de derechos constitucionales al medio ambiente sano, la salud y la vida.

Señalaron que más de 500 afectados interpusieron el 9 de septiembre una querella con constitución en actor civil, reclamando US$ 3,000 millones por daños y perjuicios al Estado, a la colectividad y al medio ambiente.

Explicaron que la acción judicial se presentó tras más de tres años sin concretarse una Mesa de Diálogo y Concertación, pese a un acuerdo entre el Estado dominicano y las Naciones Unidas alcanzado en septiembre de 2023.