El turismo, la agroindustria y la banca dominicana dependen de ecosistemas que se degradan, pero todavía no lo contabilizan como riesgo. Eso es lo que busca cambiar una nueva ronda de diálogos impulsada por ECORED, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Ministerio de Medio Ambiente, en el marco de la iniciativa global BIOFIN.
¿Por qué el sector privado dominicano está hablando de biodiversidad ahora?
La presión no viene solo de adentro. Marcos internacionales como el TNFD (Taskforce on Nature-related Financial Disclosures) están redefiniendo lo que los mercados globales esperan de las empresas: que reporten, gestionen y reduzcan su dependencia e impacto sobre los ecosistemas naturales. Para compañías dominicanas con vínculos a cadenas de valor internacionales o con acceso a financiamiento externo, ignorar ese estándar empieza a tener costo.
En ese contexto, ECORED convocó dos encuentros separados —uno con el sector financiero y otro con el empresarial— para mapear dónde está parado el país y qué hace falta para que el capital privado empiece a fluir hacia la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad.
¿Qué riesgos concretos enfrenta la economía dominicana si sigue ignorando la biodiversidad?
Los participantes de los diálogos identificaron sectores con exposición directa: turismo de playa y naturaleza, agroindustria, energía, infraestructura y seguros. Todos dependen, en distintos grados, de ecosistemas funcionales: arrecifes de coral, cuencas hidrográficas, suelos fértiles, manglares.
La degradación de esos sistemas no es solo un problema ambiental. Es un riesgo operativo —menos agua, menos productividad agrícola, más vulnerabilidad ante huracanes— y un riesgo reputacional creciente en un mundo donde los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) pesan cada vez más en las decisiones de inversión.
¿Qué propone BIOFIN y cuál es el rol del sistema financiero dominicano?
BIOFIN —siglas de Biodiversity Finance Initiative— es un programa global del PNUD que trabaja con gobiernos para identificar brechas de financiamiento para la biodiversidad y diseñar soluciones concretas. En República Dominicana, el programa busca que el sistema financiero local no sea un espectador, sino un actor en la movilización de recursos.
El diálogo con el sector bancario y financiero exploró instrumentos posibles: bonos verdes vinculados a naturaleza, líneas de crédito con criterios de biodiversidad, fondos de inversión de impacto y mecanismos de compensación. La discusión, sin embargo, dejó en evidencia que la mayoría de estas herramientas aún no tienen escala ni marco regulatorio claro en el país.
¿Cuáles son las barreras reales para que el dinero privado llegue a la conservación?
Tres obstáculos emergieron con fuerza en el encuentro con el sector empresarial:
- Falta de métricas compartidas: sin estándares locales para medir el impacto en biodiversidad, es difícil justificar inversiones ante juntas directivas o accionistas.
- Invisibilidad de lo que ya existe: muchas empresas ya realizan inversiones en sostenibilidad que contribuyen a la biodiversidad, pero no las reportan ni las comunican como tales.
- Ausencia de incentivos claros: el marco regulatorio dominicano todavía no premia de forma tangible a las empresas que integran criterios de naturaleza en sus modelos de negocio.
República Dominicana es uno de los países con mayor biodiversidad del Caribe, pero también enfrenta presiones severas por deforestación, degradación costera y expansión urbana no planificada. El país suscribió el Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal en 2022, que establece la meta de proteger el 30% de los ecosistemas terrestres y marinos para 2030 —el llamado 30×30—, un compromiso que requiere financiamiento público y privado a escala.
Los diálogos de ECORED y BIOFIN son un primer paso en esa dirección, pero los propios participantes reconocieron que el camino de la sensibilización a la acción concreta todavía es largo.
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