La protección de las tortugas marinas comienza mucho antes de que las crías rompan el cascarón y lleguen al mar. Requiere vigilar las playas donde las hembras depositan sus huevos, evitar el saqueo de los nidos, reducir la contaminación y preservar los ecosistemas costeros de los que depende su reproducción. En esa tarea, el voluntariado ambiental desempeña un papel importante al involucrar a las comunidades en el cuidado de estas especies amenazadas.
La participación comunitaria resulta importante en las zonas donde el saqueo de nidos, la contaminación y las actividades humanas amenazan la supervivencia de estas especies. Además de contribuir a la vigilancia y la limpieza de los espacios naturales, el voluntariado puede ayudar a generar conciencia sobre la importancia de proteger los hábitats costeros.
En Samaná, la experiencia de la Fundación EcoBahía muestra cómo el monitoreo y la educación ambiental pueden contribuir a reducir el saqueo de nidos. Su trabajo también evidencia que la conservación de las tortugas marinas no depende únicamente de los técnicos y las autoridades, sino de la participación de las comunidades que conviven con estos ecosistemas.
Frente a esta realidad, la Fundación EcoBahía desarrolla programas de conservación y monitoreo en destinos turísticos del país, con acciones que incluyen la vigilancia de las zonas de anidamiento, recuperación de nidos, liberación de crías y educación ambiental en las comunidades cercanas.
En la zona norte, el trabajo se concentra en Samaná. Según el técnico de la fundación Jhandiel García de la Cruz, el monitoreo permanente ha permitido reducir el saqueo de los nidos. “Ya hace dos años que estamos trabajando y se ha reducido más de un 80 % el nivel de saqueo de los nidos en la playa”.
García de la Cruz explica que una de las principales dificultades consiste en llegar a los lugares de anidamiento antes que los saqueadores, muchos de ellos vinculados a actividades pesqueras.
“Tenemos que madrugar, o sea, cuatro de la mañana, cinco de la mañana en la playa para poder llegar primero al lugar donde la tortuga puso”.
El técnico señala que el esfuerzo implica una carrera contra el tiempo para lograr recuperar los huevos y garantizar que las crías puedan nacer y ser liberadas.
La directora ejecutiva global de Piñero, Encarna Piñero, agrega que la fundación ha participado en la protección de 4,000 crías de tortugas marinas en Samaná y otros puntos del país, además de desarrollar programas de educación ambiental y conservación de la biodiversidad.
En las costas dominicanas, las tortugas tinglar, de nombre científico Dermochelys coriacea, anidan entre marzo y noviembre de cada año y llegar a depositar entre 80 y 230 huevos, de tamaño similar a una pelota de golf. El Museo Nacional de Historia Natural los define como redondos, de color blanco y cubierta muy flexible.
Sin embargo, esta especie está declarada como “en peligro” (EP). Con ella están identificadas 434 especies bajo amenaza, de las cuales, 69 están en peligro crítico, 95 en peligro y 260 en situación vulnerable.
La temporada de anidación de la tortuga tinglar llegó este 2025 con señales preocupantes: menos nidos, playas bloqueadas por sargazo y zonas costeras sin suficiente personal de vigilancia, además de la masificación del turismo de ‘sol y playa’ y los efectos del cambio climático.
Pero, además, el informe anual 2024 de República Dominicana para la Convención Interamericana de Tortugas Marinas (CIT) destaca que la Dermochelys coriacea se enfrenta a amenazas como la captura incidental, desarrollo costero, contaminación y cambio climático.
El titular del viceministro de Recursos Costeros del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, José Ramón Reyes, señaló que, en la Cumbre Mundial de los Océanos en Niza, Francia, han destacado la “situación que enfrentan las costas del país”, especialmente por la llegada masiva de sargazo y la contaminación plástica, “que afecta gravemente a la fauna marina, en particular a las tortugas”.
A pesar de ser una especie protegida desde 2012, mediante el Decreto 288-12 y reafirmado por 10 años más su protección (Decreto 285-23), los sitios de anidación enfrentan amenazas crecientes y reta a las autoridades a trabajar con mayor velocidad para proteger esta especie marina.
“Este año, en Playa Mosquea, vimos dos salidas al inicio de la temporada, luego el sargazo tapó completamente la playa”, explicó la bióloga Yolanda León, del Grupo Jaragua, una de las organizaciones que lidera la conservación de tortugas marinas en la región Sur del país. “Es muy probable que las tortugas que llegaron después hayan muerto, porque no pueden pasar por encima de esas masas espesas (algas)”.
Tres especies de tortugas marinas anidan en estas costas
Esmerlin Moya Valdez, especialista en ciencias forestales y coordinador de conservación de la Fundación EcoBahía en la zona norte de Samaná, explica que el programa trabaja con tres especies de tortugas marinas que anidan en las costas: la tortuga tinglar o laúd, la tortuga verde y la tortuga carey.
En lo que va de la temporada, la fundación registra alrededor de 70 nidos en todo el país, mientras que en Samaná contabiliza unos 35 nidos de tortuga verde y tinglar.
La tortuga tinglar destaca por sus dimensiones: puede alcanzar aproximadamente dos metros de largo, mientras que la tortuga verde registrada en la zona puede superar el metro de longitud.
“Nadie ama lo que no conoce. Si tú no conoces que una tortuga está amenazada, pues te da igual lo que le pase a la especie. Por eso es importante: si conocemos, protegemos; si no, no”.
Para Moya Valdez, la conservación requiere que la población conozca las especies y las amenazas que enfrentan. Entre estas menciona los residuos sólidos y la intervención humana.
El principal desafío: la presión humana
Aunque la contaminación por residuos sólidos representa un riesgo para las tortugas marinas, los entrevistados coinciden en que la actividad humana constituye una de las principales presiones sobre estas especies.
El saqueo de huevos, la alteración de las zonas de anidamiento y la contaminación obligan a mantener vigilancia y seguimiento durante la temporada.
Por ello, la Fundación EcoBahía plantea la conservación como un trabajo que requiere coordinación entre técnicos, autoridades, comunidades, centros educativos, hoteles y organizaciones académicas.
De hecho, en julio del 2023, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto 285-23, donde se establece una veda por 10 años, para la captura, matanza, recolección de huevos y comercialización de tortugas marinas.
En el caso de la zona norte, los resultados del monitoreo muestran una reducción superior al 80 % en el saqueo de nidos después de dos años de trabajo, mientras decenas de crías han podido completar su proceso de eclosión y regresar al mar.
La tarea, sin embargo, continúa cada temporada ya que deben localizar los nidos, protegerlos, evitar su extracción, acompañar la eclosión y lograr que las tortugas lleguen al mar forman parte de una misma cadena de conservación.
En la franja costera del Gran Estero, desde el río Boba, en María Trinidad Sánchez, hasta La Majagua, en el municipio Sánchez, Samaná, el saqueo de nidos pasó de 89 % a 29.6 % en un año, de acuerdo con los registros de la temporada 2025.
Durante esa temporada fueron protegidos 4,956 huevos y liberadas 3,420 crías correspondientes a 46 nidos.
Por especie, fueron liberadas:
- 1,549 crías de tortuga verde
- 1,152 de carey
- 719 de tinglar
Monitoreo, educación y conservación
La protección de los nidos no depende únicamente de la vigilancia de las playas. La fundación también desarrolla acciones de educación ambiental en comunidades y escuelas próximas a las zonas de anidamiento.
El objetivo es que la conservación no se limite al trabajo de los técnicos durante la temporada de desove, sino que involucre a las comunidades que conviven con estos ecosistemas.
“Estamos también implementando educación ambiental en las comunidades y en las escuelas que están cerca de esta zona de anidamiento para poder concientizar a las generaciones futuras del cuidado y la preservación de la especie”.
El trabajo se realiza con apoyo del Ministerio de Medio Ambiente y los guardaparques de las áreas protegidas, mientras la fundación cuenta con permisos de monitoreo y un convenio con esa institución.
Para Gianna Méndez Germán, quien trabaja en la Fundación EcoBahía en el área de alianzas, uno de los desafíos de la conservación es fortalecer los vínculos con instituciones académicas para que las acciones desarrolladas en las costas tengan una base científica y permitan generar datos de calidad.

Méndez Germán considera que estas alianzas pueden permitir que estudiantes tengan experiencias prácticas relacionadas con la gestión costero-marina, además de contribuir a producir conocimiento sobre los ecosistemas donde se desarrollan los programas de conservación.
La estrategia también contempla alianzas con ayuntamientos, hoteles, sociedad civil y comunidades locales. En algunos casos, personas que anteriormente participaban en el saqueo de nidos han pasado a involucrarse en su protección.
“Hay muchas personas que inicialmente depredaban nidos y, con el trabajo que llevan los chicos de conservación, han podido hacer cierta conversión para que en lugar de ser depredadores sean más defensores y protectores de estas tortugas”.
Durante décadas, una laguna arrecifal del Este de República Dominicana —considerada zona de cría natural de tortugas marinas— sufrió una grave degradación ecológica producto de la pesca indiscriminada con redes de arrastre (chinchorros).
“Antes, aquí no había tortugas. Yo veía cómo los botes tiraban las redes todas las noches y al amanecer las recogían. Muchas veces encontraba tortugas atrapadas entre los peces muertos”, recordó el director de la Fundación Ecológica Los Arrecifes de Bávaro, quien desde 2016 ha trabajado por la recuperación del ecosistema marino.
La transformación empezó ese mismo año, cuando la Armada Dominicana inició un operativo para erradicar el uso de chinchorros en la zona. “Fue un trabajo excelente. A partir de ahí, las tortugas comenzaron a regresar”.
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales estableció un área protegida marina de 18.4 kilómetros cuadrados para tortugas en la laguna arrecifal de Bávaro. La resolución 0008-2024 fijó las restricciones para mitigar el impacto en las poblaciones de tortugas marinas que pueden ser impactadas por embarcaciones utilizadas en actividades turísticas.
El titular del Viceministerio de Recursos Costeros y Marinos, José Ramón Reyes, destacó la creación de una base de datos con localizaciones de nidos, y la implementación del marcaje de nidos con cintas amarillas y el traslado de huevos en peligro a zonas seguras con el apoyo de organizaciones privadas.
Además, resaltó la regulación de iluminación costera, diseñada para proteger a las tortugas en zonas turísticas. “Esta normativa busca evitar que la iluminación artificial desoriente a las crías de tortugas, fenómeno que ocurre con frecuencia”.
El funcionario informó sobre la creación de una Red Nacional de Protección de Tortugas, que incluye una base de datos de nidos en zonas turísticas y programas de protección activa en coordinación con el sector privado.
“Estas acciones no solo buscan preservar las especies, sino también garantizar un equilibrio entre desarrollo turístico y sostenibilidad ambiental”, destacó.
En República Dominicana, el voluntariado está regulado por la Ley 61-13 que lo define como un mecanismo para poner en acción los valores de cooperación, solidaridad y compromiso social.
El monitoreo y la educación ambiental buscan frenar el saqueo de nidos de tortugas marinas
Esto fue posible en el monitoreo realizado por la Asociación de Hoteles y Turismo de El Seibo-Miches (ProMiches), que encabeza un programa de protección de tortugas marinas.
República Dominicana es uno de los países que protege el 30 % de sus áreas marinas. Cuida de 15,539 especies de flora y fauna a través de la Ley 64-00, y establecer la Lista Roja de especies en peligro, según los criterios de la Unión Internacional para la Conservación (UICN).
El estudio de las poblaciones de tortugas marinas nidificantes en el Parque Nacional Jaragua realizado en 2007 destacó que a pesar del incremento en la protección se siguen recolectando huevos de las playas de anidación en todas las áreas de puesta del país. Del total de nidos registrados en Saona y Jaragua, se encontraron 213 nidos depredados por personas.
Los porcentajes de depredación se han mantenido constante entre años (el 54.4 % en 2006 y el 51.3 % en 2007), entre especies (tinglar: 50.1 %; carey: 54.7 %; verde: 43.8 %) y entre áreas (Jaragua: 53.6 %; Saona: 50.3 %).
Si se descuentan los nidos incubados artificialmente, estos números indican que sólo el 25 % de los nidos puestos en las playas se incuban de forma natural sin ser depredados.
Aquí entra la fase de monitoreo, que según explicó la bióloga Yolanda León, exige una logística intensa: personal capacitado que pueda patrullar a diario durante varios meses, con transporte, alimentación, equipo especializado y comunicación.
La conservación efectiva, según León, requiere más que buena voluntad. “Hace falta financiamiento, sí, pero también seres humanos: personas capacitadas que estén en el campo, tomando datos y patrullan cada noche. Sin eso, no podemos saber con seguridad si estamos mejorando o no. No hay monitoreo serio sin presencia constante”, insistió.
A estos desafíos se suman factores culturales. Aunque la mayoría de la población dominicana conoce que la caza de tortugas y la extracción de huevos son ilegales, todavía persisten prácticas tradicionales en ciertas comunidades.
“Todavía vemos comunidades costeras que se aferran a esas supersticiones”, advirtió León. “No es que no sepan que está prohibido; la mayoría lo sabe, incluso los propios tortugueros te pueden dar una charla sobre el peligro de extinción. Pero hay una desconexión entre ese conocimiento y las decisiones que toman. Nos falta mayor conciencia ambiental y compromiso comunitario”.
Más allá del rescate y reubicación de nidos, la Fundación Eco-Bahía lleva a cabo una campaña de educación ambiental en comunidades costeras. La meta es clara: desmontar el mito del supuesto valor afrodisíaco de los huevos de tortuga y fortalecer una cultura de respeto a la biodiversidad.
“No es solo proteger nidos. Estamos intentando cambiar una cultura y crear conciencia sobre los riesgos para la salud humana y el daño ambiental que implica consumir estos huevos”, enfatizó Matos.
José Ramón Reyes, viceministro de Recursos Costeros, hizo un llamado a la ciudadanía a no caer en mitos sobre el consumo de huevos de tortuga y a rechazar el uso de fundas plásticas, las cuales suelen ser confundidas por las tortugas con medusas, su alimento natural.
Esto se debe alinear con el ítem 14 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) “vida submarina” que destaca que los Gobiernos deben conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y recursos marinos.
Protección de tortugas marinas: normas y medidas de conservación en RD
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales reconoce a estas especies de tortugas marinas como amenazadas y sujetas a distintos niveles de vulnerabilidad y peligro.
Por ello, figuran en la Lista Roja de Especies en Peligro de Extinción, Amenazadas o Protegidas de República Dominicana, en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).
En el país también existen normas específicas para su protección
La Resolución 0008/2020 establece el Reglamento Técnico Ambiental para el Manejo y Conservación de las Tortugas Marinas en República Dominicana.
A esta regulación se suma la Resolución 0024/2025, mediante la cual se establece el Reglamento para la Iluminación en Áreas de Anidamiento de Tortugas Marinas.
La normativa fija criterios para controlar la iluminación artificial en las zonas costeras y reducir el riesgo de desorientación de las hembras y sus crías durante el proceso de reproducción.
En 2025, además, el Ministerio de Medio Ambiente firmó un Memorando de Entendimiento para establecer la Red Nacional de Tortugas Marinas, con el propósito de unificar los sistemas de monitoreo, estandarizar los datos sobre anidamiento y promover acciones de conservación de los hábitats costeros.
Según un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), alrededor del 34.5 % de las personas en edad de trabajar, equivalente a 2,100 millones de personas, realizan labores voluntarias cada mes en todo el mundo.
El documento destaca que el voluntariado es clave para cumplir la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aunque sus contribuciones han sido subestimadas, por lo que llama a incluirlo más en las estrategias nacionales de desarrollo.
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