Sin la voz de la cultura no hay ley de patrimonio

La reciente aprobación en segunda discusión por el Senado de la República del proyecto de ley para la protección y adquisición del Patrimonio Cultural de la República Dominicana ha encendido las alarmas en amplios sectores vinculados al arte y la memoria nacional.

Nadie se opone a fortalecer la protección del patrimonio. Toda iniciativa dirigida a preservar los monumentos, las tradiciones y los bienes materiales e inmateriales que conforman la identidad dominicana merece respaldo. Sin embargo, una ley de esta trascendencia no debe medirse únicamente por la nobleza de sus propósitos, sino por la legitimidad de su proceso de elaboración.

Y es precisamente ahí donde surge la mayor preocupación.

Hasta donde abarca el conocimiento del sector, este proyecto no fue sometido a un proceso abierto de consultas ni a vistas públicas con sus actores principales. Centros culturales, museos, fundaciones, academias, universidades, investigadores, historiadores, arqueólogos, gestores y artistas no fueron convocados a discutir una legislación que impactará directamente el futuro cultural del país.

Esa omisión resta transparencia y consenso a una iniciativa de alto interés nacional. Una ley de esta naturaleza no puede construirse de espaldas a quienes han dedicado su vida a preservar la memoria colectiva. Resulta paradójico que un proyecto destinado a proteger el patrimonio prescinda del diálogo con su patrimonio vivo.

Las leyes culturales más sólidas del mundo nacen de la concertación. La cultura no admite imposiciones; exige escucha, rigor técnico y construcción compartida.

Por ello, hacemos un llamado al senador proponente de esta pieza legislativa y a los demás integrantes del Senado de la República, para que abran una pausa constructiva en el trámite del proyecto y faciliten un espacio formal de vistas públicas. La labor legislativa se engrandece cuando se nutre de la experiencia de los especialistas.

Igualmente, este es un momento decisivo para que los centros culturales del país, los órganos vinculados a la Ley de Mecenazgo, las fundaciones privadas, el sector académico y los gestores de inversión cultural estudien a fondo el texto aprobado, identifiquen sus vacíos operativos o técnicos y presenten propuestas concretas de mejora. Al sector cultural le corresponde articularse y asumir una postura activa ante una ley que condicionará su ejercicio por las próximas décadas.

Confiamos también en que el presidente de la República, Luis Abinader —quien en distintas ocasiones ha demostrado sensibilidad democrática al escuchar a los diversos sectores y reconsiderar iniciativas cuando la sociedad ha planteado observaciones legítimas—, propicie este puente de diálogo antes de la promulgación definitiva.

Todavía hay tiempo para corregir el rumbo. No se trata de frenar una ley de patrimonio, sino de garantizar que nazca con el respaldo y la solidez técnica de quienes han construido, preservado y defendido esa memoria durante generaciones. Una ley sobre el patrimonio cultural no solo debe resguardar la historia dominicana; debe ser, en sí misma, un ejercicio democrático fundamentado en el diálogo y en el respeto a la inteligencia colectiva del país.