La deuda histórica de 26 años
Hay preguntas que, después de muchos años, dejan de ser preguntas y comienzan a convertirse en deudas.
Veintiséis años después de la creación de la entonces Secretaría de Estado de Cultura, hoy Ministerio de Cultura, una de esas preguntas sigue esperando respuesta:
¿Dónde está la política cultural de Estado que la República Dominicana necesita?
No partimos de cero.
Tenemos artistas, escritores, músicos, actores, dramaturgos, investigadores, gestores culturales, universidades, instituciones, patrimonio y una extraordinaria diversidad de expresiones culturales. Tenemos, además, un marco constitucional y legal que reconoce la cultura como parte esencial de la vida nacional.
El artículo 64 de la Constitución establece el derecho de toda persona a participar libremente en la vida cultural, acceder a los bienes y servicios culturales y beneficiarse de la producción científica, artística y literaria. También compromete al Estado con la promoción de la cultura, la libertad de creación, la igualdad de acceso, la diversidad y la protección del patrimonio.
Y existe una segunda columna fundamental: la Ley 41-00, promulgada el 28 de junio de 2000, que creó la Secretaría de Estado de Cultura y le asignó, entre otras responsabilidades, coordinar el Sistema Nacional de Cultura y ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo cultural.
Es decir: el mandato existe. La responsabilidad también.
La pregunta, entonces, no es qué nos falta en el papel.
La pregunta es:
¿Qué hicimos durante estos 26 años con ese mandato?
Una deuda que ya no puede postergarse
Durante este cuarto de siglo hemos tenido ministros, viceministros, directores, programas, festivales, exposiciones, conciertos, ferias, publicaciones y numerosas iniciativas.
Algunas han sido valiosas.
Pero una sucesión de actividades no constituye, por sí misma, una política cultural de Estado.
Una política pública debe establecer prioridades, articular instituciones, garantizar derechos, asignar recursos, formar ciudadanos y creadores, proteger el patrimonio, descentralizar oportunidades, evaluar resultados y, sobre todo, tener continuidad.
Ese es precisamente uno de nuestros grandes déficits.
Cada gobierno llega con su propia visión. Cada ministro imprime su sello. Cambian funcionarios, programas y prioridades. Muchas veces se pierde la memoria de lo realizado y se vuelve a comenzar.
Así se administran cada coyuntura de gobiernos y sus ministros.
No se construye una política de Estado.
El problema, por tanto, no puede reducirse a determinar quién ha sido un buen o mal ministro. El problema es mucho más profundo: después de 26 años todavía no hemos conseguido convertir la cultura en una política nacional sostenida, capaz de sobrevivir a los gobiernos y a las personas.
El ministerio no puede ser el proyecto de un ministro
Un ministro puede tener sensibilidad, experiencia, conocimiento artístico y buenas intenciones.
Pero ninguna persona, por competente que sea, puede sustituir una política nacional.
El Ministerio de Cultura debe ser una institución del Estado dominicano, no el proyecto personal de quien circunstancialmente ocupa su despacho.
Tampoco debería convertirse en un espacio de reparto político.
Cuando cada administración sustituye equipos completos, modifica prioridades sin evaluación y comienza nuevamente a definir qué entiende por cultura, el país pierde algo que no aparece en los presupuestos: memoria institucional.
Y sin memoria no hay continuidad.
La Ley 41-00 habló de un Sistema Nacional de Cultura precisamente porque la cultura no podía depender de una sola institución ni de una sola persona.
Veintiséis años después, deberíamos preguntarnos cuánto hemos avanzado realmente en la construcción de ese sistema.
Los partidos también tienen una deuda
Pero sería injusto atribuir toda la responsabilidad a los gobiernos.
También existe una deuda política.
Durante estos 26 años, la cultura rara vez ha ocupado un lugar permanente en la agenda de los partidos políticos.
Se debate la economía.
La salud.
La educación.
La seguridad.
El empleo.
La infraestructura.
Pero la cultura suele aparecer como discurso ceremonial, como acompañamiento de una campaña o como escenario de una celebración.
Y eso es insuficiente.
Los partidos que aspiran a gobernar deberían explicar qué país cultural quieren construir.
Deberían tener un diagnóstico del sector, conocer sus instituciones, saber qué ocurre con las escuelas de arte, los museos, las bibliotecas, los archivos, el patrimonio, el libro, el teatro, la música, la danza, el cine, las artes visuales y las industrias culturales.
Deberían saber qué necesitan nuestros creadores y gestores.
Y deberían presentar propuestas antes de llegar al gobierno, no descubrir los problemas después de ocupar el poder.
La pregunta ciudadana es legítima:
¿Qué hará cada partido con la cultura dominicana si llega al gobierno?
Pero existe otra, quizás más incómoda:
¿Qué están haciendo hoy esos partidos por la cultura mientras permanecen en la oposición?
Una política cultural de Estado debería comenzar mucho antes de ganar unas elecciones.
Pedro Henríquez Ureña y la cultura como proyecto de nación
En esta discusión resulta inevitable volver a Pedro Henríquez Ureña.
Pero no para utilizar su nombre como una cita prestigiosa.
Hay que volver a él para preguntarnos qué significa realmente entender la cultura como instrumento de construcción nacional.
Don Pedro no concibió la cultura como adorno de la política ni como simple acumulación de prestigio intelectual. Su pensamiento vinculó educación, cultura, libertad, conocimiento y construcción de una sociedad más justa.
En un conocido ensayo del escritor, humanista y crítico literario dominicano “Patria de la justicia” aparece una concepción que continúa interpelándonos: el desarrollo de nuestros pueblos no podía reducirse al progreso material. La educación y la cultura debían contribuir a la formación humana y a una mejor Nación.
Esa mirada tiene plena vigencia.
Porque cuando hablamos de política cultural debemos preguntarnos también: ¿Para qué queremos la cultura?
¿Para organizar actividades y llenar carteleras?
¿Para repartir posiciones?
¿Para acompañar al poder y ser luego ex Ministro de Cultura ?
¿O para formar ciudadanos, preservar la memoria, fortalecer nuestra identidad, estimular la creación y ampliar las posibilidades de libertad y desarrollo humano?
Pedro Henríquez Ureña nos obliga a mirar más alto.
Por eso, quizás hemos aprendido a citarlo, pero todavía tenemos pendiente aprender a asumirlo.
Su pensamiento no debería servir únicamente para discursos académicos de citas, homenajes o efemérides.
Debería ayudarnos a construir políticas culturales.
Veintiséis años después
Después de 26 años, ya no resulta suficiente decir que necesitamos fortalecer la cultura.
Sabemos que la necesitamos.
Sabemos que existe talento.
Sabemos que existe patrimonio.
Sabemos que existen instituciones y creadores extraordinarios.
Sabemos incluso qué establece la Constitución y qué planteó la Ley 41-00.
Lo que todavía no hemos conseguido es convertir ese conjunto de posibilidades, derechos, instituciones y voluntades en una política cultural nacional, articulada y permanente.
Ese es el verdadero tamaño de la deuda.
Y esa deuda no pertenece exclusivamente al Ministerio de Cultura.
Pertenece a los gobiernos que no la han resuelto.
A los partidos que no han colocado la cultura en el centro de sus proyectos de Nación.
A los intelectuales, a la sociedad cultural que también debe exigir, participar y fiscalizar.
Y a nosotros mismos.
Porque la pregunta que debemos hacernos ya no es solamente quién tiene la culpa.
Es mucho más exigente:
¿Qué responsabilidad estamos dispuestos a asumir para construir lo que durante 26 años no hemos terminado de construir?
Y para responderla tendremos que volver, una vez más, a Pedro Henríquez Ureña.
Pero esta vez no para citarlo.
Para escucharlo.
Continuará.
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