Para José Antonio González, el vuelo 901 de la tarde del 19 de julio de 1994 iba a ser el primero de muchos.
"Tony, como le llamábamos cariñosamente, había cumplido 19 años en mayo", recuerda su madre, Marta Márquez. "Acababa de terminar sus estudios de piloto en Estados Unidos, siguiendo los pasos del papá, y empezaba su instrucción como observador. Estaba emocionadísimo".
Para Saúl Schwartz, un empresario de 35 años que tenía negocios en la Zona Libre de Colón, la segunda ciudad de Panamá, situada en la costa Caribe a 80 kilómetros de la capital, era un vuelo más.
Un trayecto breve y cotidiano que lo llevaría, como a la mayoría de los 18 pasajeros que abordaron aquel avión de Alas Chiricanas, desde la segunda zona franca más grande del mundo — y el principal centro de distribución comercial de América Latina— a su casa en Ciudad de Panamá.
Sin embargo, a 10 minutos de haber despegado del aeropuerto France Field, la aeronave explotó en el aire, esparciéndose sus restos sobre el cerro Santa Rita sin dejar sobrevivientes.
Tras más de tres décadas de incógnitas e impunidad, el esclarecimiento del caso parece hoy más probable que nunca.
Con un imputado extraditado desde Venezuela y que Israel vincula a Hezbolá — un grupo político y militante chiita con sede en Líbano y respaldado por Irán— , la Fiscalía panameña investiga lo ocurrido como "un acto con características convencionales de terrorismo".
De confirmarse esta hipótesis, se trataría del peor ataque de este tipo en la historia de Panamá.
"Recogimos nuevos elementos que, a nuestro criterio, son esenciales para aclarar los hechos", le dice a BBC Mundo la fiscal a cargo, Geomara Guerra. "Estamos en el buen camino".
La primera investigación: sin avances significativos
Uno de los primeros en llegar a buscar a los suyos a las faldas del Santa Rita aquel fatídico 19 de julio fue el cineasta panameño Abner Benaim, sobrino de Saúl Schwartz.
"Había lluvia y mucho lodo. Caminé y caminé, hoy sigo sin saber cuánto. Hay quienes me dicen que cruzamos un río. Finalmente llegamos a la finca donde cayó el avión", le cuenta a BBC Mundo.
La policía ya se encontraba en el lugar y uno de los agentes le indicó que no podía pasar. "Le dije que era familiar de uno de los pasajeros y que quería ayudar. Me respondió: 'No, no, están todos muertos’", recuerda.
Aquella frase fue el germen de un documental al que tardaría años en dar forma y que hoy se ve como una obra sumamente personal y a la vez una tenaz búsqueda de respuestas a las preguntas que siguen rodeando al caso.
"De repente, algo que pudo haberle pasado a mi tío en 1994 se volvió lo más importante de mi vida. Fue como si el avión me hubiera explotado a mí encima", le dice a su psicóloga en una escena del filme que tituló "Paraíso tropical" y que se estrenó por fin en abril de este año.
¿Qué ocurrió realmente? ¿Quién estuvo detrás? ¿Quiénes colaboraron? ¿Quién o quiénes eran el objetivo? ¿Por qué tuvo lugar en Panamá?
Con el tiempo, algunas de las cuestiones se han ido aclarando, mientras otras siguen yaciendo bajo una neblina tan espesa como la que cubre las colinas de la costa caribeña en época de lluvias.
Lo que más inmediatamente se conoció fue que entre los 21 fallecidos había 12 miembros de la comunidad judía panameña — Schwartz uno de ellos— y tres ciudadanos estadounidenses.
Con los días, todos los cuerpos serían reclamados por los familiares, salvo uno.
Por las laceraciones que presentaba el cadáver y otras evidencias, la investigación forense apuntó a que pertenecía presuntamente al sujeto que portaba el explosivo que habría hecho estallar al avión. Más adelante se le identificaría con el nombre de Lya Jamal o Ali Hawa Jamal, el del asiento 6 que habría activado la bomba que llevaba en un radio de comunicación.
Ese hecho y que la tragedia ocurriera apenas 24 horas después del atentado con carro bomba que dejó 85 muertos en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), el principal centro comunitario judío en Buenos Aires, y hoy sigue impune, complicó aún más las indagaciones.
Con dos hipótesis sobre la mesa — un presunto atentado contra la comunidad judía perpetrado por los hutíes, un movimiento militante chiita autodenominado Ansar Allah que opera en Yemen y se asocia a Hezbolá, o un "ajuste de cuentas" contra una persona "posiblemente involucrada con los cárteles de la droga colombiana"— , la investigación en Panamá tuvo varias idas y vueltas, y cerró sin avances significativos.
BBC Mundo solicitó una entrevista al fiscal entonces a cargo, Juan Antonio Tejada, quien remitió a quienes hoy encabezan el Ministerio Público.
La Justicia argentina hizo su propia pesquisa, resumida en un legajo reservado.
La información proporcionada años después por los servicios de inteligencia de Israel y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de EE.UU. llevó a que en 2018 el gobierno entonces encabezado por el presidente Juan Carlos Varela solicitara la reapertura del expediente.
La reapertura del caso
Y es que para el expresidente Varela, el tema también es personal.
"En el avión iba mi compañero de universidad, Mauricio Harrouche. Estudiamos juntos durante cuatro años en el Georgia Tech en Atlanta. Vivíamos puerta con puerta y en el último año se mudó conmigo", le dice a BBC Mundo.
La amistad entre sus familias se hizo más estrecha cuando ambos regresaron a Panamá y cuenta Varela que, al llegar a la vicepresidencia en 2009, empezó a darle seguimiento al caso, en contacto con personal del Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales israelí (el Mossad) en Bogotá.
Tuvo acceso a más información a través de un agente del FBI que había investigado el suceso y al que conoció durante una recepción siendo ya presidente, explica hoy.
Eso y una carta que recibió del primer ministro Benjamín Netanyahu durante una visita oficial a Israel le hizo solicitar al sistema judicial panameño retomar las indagaciones.
En la misiva, Netanyahu aseguraba que los servicios de inteligencia de su país tenían pruebas que avalarían que la explosión del avión fue "claramente un ataque terrorista".
"Vamos a tener reuniones con autoridades panameñas y autoridades internacionales para pedir formalmente la reapertura del caso Alas Chiricanas y que se dé con los responsables de este atentado", informó a raíz de ello Varela en una rueda de prensa en mayo de 2018.
"Hacerle justicia a mi amigo es algo que me puse como una meta", le dice hoy a BBC Mundo el exmandatario, quien fue llamado a juicio en el marco del caso Odebrecht, uno de los escándalos de corrupción más amplios y relevantes de América Latina, que presuntamente involucró a una constructora brasileña y a políticos, funcionarios y empresarios de una decena de países entre 2005 y 2014.
Varela negó en su momento haber recibido "pagos indebidos" de Odebrecht o cualquier otro contratista del Estado y se mostró dispuesto a "dar la cara" en un juicio que, por su condición de diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) debe solventarse ante la Corte Suprema de Justicia.
Las investigaciones del FBI e Israel
En paralelo a los desarrollos en Panamá, el FBI ha seguido investigando el "caso Alas" y mantiene desde el 29 de mayo de 2024 en su página web una solicitud de información al respecto.
En ella se incluye el retrato robot de Ali Hawa Jamal, al que se describe como sospechoso de haber llevado la bomba en el avión, y tres imágenes en blanco y negro sacadas de un video de seguridad que muestran a unos hombres sin identificar que podrían estar vinculados al suceso.
Según la información adjunta, el 27 y 28 de mayo de 1994 un hombre no identificado con ascendencia de Medio Oriente utilizó una tarjeta de crédito robada de un ciudadano estadounidense para alquilar dos carros 4×4 en Ciudad de Panamá y un sistema telefónico de dos líneas. Los vehículos que se encontrarían más tarde abandonados cerca del aeropuerto de la capital, Tocumen.
"Se desconoce si los hombres no identificados que se muestran en las fotos más arriba eran socios de Ali Hawa Jamal. Se cree que viajaron a Colombia, Venezuela, Costa Rica y Líbano. Y se afirma que estuvieron en contacto con personas que han sido vinculadas a traficantes de armas", se agrega.
También se informa de que el Departamento de Estado de EE.UU. ofrece una recompensa de hasta US$5 millones a cambio de información "que conduzca al arresto o la condena en cualquier país y de cualquier persona que cometiera, intentara cometer o confabulara para que se cometiera el atentado con bomba del vuelo 901 de la aerolínea Alas Chiricanas, o que fuera cómplice o instigador de este ataque que resultó en la muerte de tres ciudadanos estadounidenses".
Asimismo, en 2020 la agencia publicó un afiche solicitando información sobre el paradero de Ali Zaki Jalil, de unos 52 años, 91 kilos y 1,80 metros de altura, "un entusiasta del paracaidismo que viajaba mucho y que poseía varios bares en isla Margarita (Venezuela)", por considerar que podría tener "información crítica" sobre el caso.
Consultado por BBC Mundo, la Oficina Nacional de Prensa del FBI le aclaró que no hay detalles más allá que pueda compartir y le confirmó que la recompensa sigue en pie.
Sin embargo, Mike Benham, de la División Antiterrorista en la oficina en Miami del FBI, le reafirmó al documentalista Benaim que se trata de una investigación activa, que se trabaja "sobre varias teorías" y que se han identificado "tres individuos de interés".
En su afán por consultar a todas las fuentes posibles, el cineasta también acudió a Tel Aviv.
En su documental, Shabtai Shavit, quien fuera el director del Mossad entre 1989 y 1996, le dice a cámara que no puede hablar del tema porque es "tabú" y porque pasaron tantos años que ya no recuerda.
Pero tanto Yaacov Peri, exjefe de Shin Beit, otro servicio de inteligencia israelí, como Yoram Schweitzer, director del Programa sobre Terrorismo del Instituto Nacional de Estudios de Seguridad, sostuvieron la teoría de que Hezbolá habría estado detrás del suceso.
"Al principio nadie sabía que había sido un ataque terrorista, así que nadie lo trató como tal. Cuando se dieron cuenta, por el cuerpo del suicida y otras pruebas forenses, empezaron a investigar, pero el tiempo que pasó (…) influyó en la capacidad de encontrar pruebas. El tiempo es un factor crucial", le contesta en cámara.
Por su parte, Peri le subraya que, aunque "cualquier ataque terrorista en el mundo es de interés de la comunidad de inteligencia israelí", la investigación quedó en manos de las autoridades panameñas, quienes "han hecho un trabajo decente, en cooperación con las argentinas".
Extradición y "causa compleja"
La captura en noviembre de 2025 de Hage Jalil, colombiano naturalizado venezolano y de ascendencia libanesa, en la turística isla Margarita abrió un nuevo capítulo judicial del caso.
Fue extraditado de Venezuela a Panamá en abril de este año, como imputado por su presunta participación en lo que la Fiscalía de Descarga de Homicidio investiga como "un acto con características convencionales de terrorismo".
"Esta extradición envía un mensaje definitivo: el gobierno (de Donald) Trump tiene una memoria larga y un alcance aún más largo", declaró entonces el embajador Kevin Marino Cabrera en un comunicado de prensa.
Y agregó: "Esperamos que el proceso legal y su eventual conclusión traigan paz a las familias de las víctimas que han esperado más de 30 años por justicia".
Geomara Guerra, la fiscal al frente del caso, le dice a BBC Mundo que su equipo se centra ahora en los "huecos en la investigación que debían fortalecerse", así como en recoger nuevos "elementos esenciales para esclarecer los hechos".
"Logramos hacer identificaciones en lugares en los que la persona que presuntamente cargó el explosivo había estado antes de los hechos y vinculamos a otros dos sujetos al caso", explica, aunque reconoce que las más de tres décadas transcurridas les juegan en contra.
"Hacemos un gran esfuerzo investigativo, pero hay muchos elementos que no se pueden recabar ya, como por ejemplo la forma en la que se comunicaron, las llamadas".
Entre los que sí pudieron obtener está el comunicado presuntamente publicado por el grupo Ansar Allah en un diario libanés atribuyéndose la autoría cinco días después del suceso, lo que de acuerdo a la fiscal Guerra alimentaría la única teoría que manejan del caso.
El caso, a su vez, ha vuelto a poner bajo el foco la posible presencia de redes militantes transnacionales en América Latina. Los funcionarios estadounidenses y de la región llevan tiempo advirtiendo que grupos como Hezbolá mantienen infraestructura financiera y logística en algunas partes de la región, a menudo operando a través de empresas comerciales y comunidades de la diáspora.
En una audiencia el pasado 27 de abril, acogiéndose a un derecho constitucional, Hage Jalil se negó a declarar, mientras que su defensa pidió la prescripción de la acción penal alegando que han transcurrido más de 20 años de los hechos y que esa sería la pena máxima aplicable según el Código Penal vigente en el momento del suceso.
A principios de junio, y a petición de la Fiscalía, el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales del Primer Distrito Judicial de Panamá elevó el proceso a "causa compleja".
Esto le otorga a los fiscales 12 meses más para desarrollar la investigación antes de presentar las acusaciones contra los imputados y pedir un juicio. "Aunque eso no significa que tengamos que ocupar necesariamente todo el año. Vamos a tratar de que sea en el menor tiempo posible", aclara Guerra.
El profundo impacto de la violencia
"Pero, después de 32 años y de todas las investigaciones, ¿todavía se pueden recabar más pruebas?", se cuestiona Marta Márquez, la madre del joven piloto Tony, uno de los fallecidos en el vuelo 901 de Alas Chiricanas.
"Nunca albergué esperanzas de que fueran a agarrar a alguien o de que esto fuera a resurgir. Pensé que se iba a quedar así", admite.
"Así que me dio mucho gusto saber que lo han desgavetado y que probablemente se llegue a una justicia. Sería una forma de cierre, aunque no nos traiga a nuestros seres queridos de vuelta".
Benaim, por su parte, remarca que no solo sigue habiendo un puñado de preguntas por responder y un caso por resolver. "¿Cuál fue la razón? ¿Qué se buscaba? ¿Por qué Panamá?", repite una y otra vez.
Para el cineasta también continúa abierto el proceso emocional, algo de lo que se dio cuenta al mostrar el documental al público y ser testigo de la reacción, tanto de aquellos que lo recordaban a la perfección como de los que no habían oído hablar de ello.
"Esa era mi intención: entender el porqué pero también mostrar que hechos como aquel tienen implicaciones a través del tiempo, a través de generaciones, muy profundas y que cambian vidas", explica.
"Yo no soy mucho de moralejas, pero ese mensaje de que la violencia nos toca a todos, aunque suene a cliché, es verdad. Uno realmente no se puede imaginar el daño que hace la violencia en una sociedad hasta que lo vive".
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