Por primera vez en la historia de la democracia española, un expresidente de Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tendrá que declarar como imputado ante la justicia.
Lo hará el próximo 2 de junio por el caso conocido como "Plus Ultra".
Anteriormente, el también expresidente Mariano Rajoy declaró por la trama de corrupción conocida como caso Gürtel, pero como testigo.
Al político socialista se le acusa de tráfico de influencias y de otros delitos relacionados con el presunto lavado de dinero procedente de Venezuela.
Tras gobernar España entre 2004 y 2011, Rodríguez Zapatero asumió un papel activo en las relaciones con Venezuela y en los intentos de mediación política entre el gobierno y la oposición del país sudamericano.
Después citarlo como imputado, el juez de la Audiencia Nacional (tribunal que cubre todo el país) encargado del caso ordenó a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que registrara su despacho, así como la sede social de una empresa propiedad de sus hijas.
El juez considera que hay indicios de "una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" en la que el objetivo era "la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros", y, principalmente, la empresa de aviación Plus Ultra.
Estiman en 1,95 millones de euros las supuestas comisiones irregulares que Zapatero y personas de su entorno pudieron recibir.
Rodríguez Zapatero defendió su inocencia en un video en el que aseguró haber actuado siempre con "absoluto respeto a la legalidad".
Pero, ¿qué es el caso Plus Ultra y cuáles son sus conexiones con Venezuela?
Una aerolínea rescatada
La compañía aérea Plus Ultra se creó en el año 2011 bajo la presidencia de Julio Martínez Sola y con personas provenientes de la extinta aerolínea Air Madrid.
Sus vuelos conectan principalmente destinos de América Latina, como Bogotá, Cartagena de Indias, Lima y Buenos Aires, con España.
Durante la pandemia por el covid-19, uno de los sectores económicos más afectados en España fue el turismo. Por ello, el gobierno del socialista Pedro Sánchez lanzó un rescate económico para varias compañías aéreas que supuso un gasto total de 839 millones de euros (US$1.031 millones al cambio de hoy) de los que ya se ha devuelto una parte.
Las compañías elegidas fueron clasificadas como empresas estratégicas para la economía española y la conectividad del país.
Las principales empresas rescatadas fueron Air Europa, Air Nostrum y Volotea.
A ellas se sumó Plus Ultra, la más pequeña de todas, con una cuota de mercado menor y que recibió un rescate de 53 millones de euros (US$61,43 millones). El rescate se justificó por su condición estratégica en rutas nicho hacia Latinoamérica y que su desaparición habría perjudicado la competencia en turismo de larga distancia.
Este rescate generó dudas, especialmente entre los partidos de derecha PP y Vox.
Una primera causa archivada
Los dos partidos presentaron querellas al respecto. También lo hizo la organización española Manos Limpias, liderada por Miguel Bernad, vinculado a la extrema derecha, y que ha ganado notoriedad a base de presentar denuncias judiciales sobre supuestos casos de corrupción política que con frecuencia han acabado archivadas.
En las querellas denunciando el rescate se hablaba de posibles delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias.
En 2023 la causa acabó archivada después de que Fiscalía y Abogacía del Estado concluyeran que no existían pruebas suficientes de delito.
"No aparece debidamente justificada la comisión de un delito", especificó en su momento la jueza Esperanza Collazos, al tiempo que argumentaba que se había aplicado correctamente el decreto de medidas urgentes de apoyo a la economía y el empleo por la pandemia.
Una nueva investigación
Más tarde, en 2024, la Fiscalía Anticorrupción de España recibió dos solicitudes de cooperación internacional para acabar con una "organización criminal" que apuntaban a la posibilidad de que el dinero del rescate a la aerolínea Plus Ultra se hubiera usado para alimentar una trama de lavado de dinero en Venezuela.
En concreto, Francia y Suiza pedían investigar a seis personas, entre las que no se encontraba el expresidente Zapatero.
En octubre de ese año, la Fiscalía Anticorrupción presentó una primera denuncia ante la Audiencia Nacional, institución que ahora imputó a Zapatero. En ese momento, la denuncia pesaba contra ciudadanos de Venezuela, Perú, Países Bajos y un español.
Pero el Juzgado de Instrucción 2 inadmitió la denuncia al considerar que los hechos eran constitutivos de un delito de blanqueo no cometido íntegramente en el extranjero, por lo que el tribunal especial no era competente.
El caso se derivó al mismo juzgado que en su momento había investigado las querellas de 2021, pero el pasado mes de febrero la Audiencia Nacional lo tomó.
La imputación a Zapatero se sustenta en conversaciones y registros de empresas que se realizaron en diciembre pasado luego de que fueran arrestados el presidente y propietario de Plus Ultra, Julio Martínez Sola; el CEO Roberto Roselli y el empresario Julio Martínez Martínez, amigo de Zapatero.
El auto judicial de este martes señala que el expresidente español tenía una "intervención directa" en "operaciones internacionales de alto valor económico", entre ellas "oro, compraventa de acciones o divisas".
La conexión con Venezuela
En 2017, en pleno auge de la crisis económica y social en Venezuela y cuando todas las aerolíneas se iban de ese país, Plus Ultra aterrizó y comenzó sus operaciones con vuelos desde Caracas hasta Madrid y Tenerife.
Cuando lo hizo, no pasó desapercibido. La entonces ministra venezolana de Turismo, Marleny Contreras, esposa del número dos del chavismo, Diosdado Cabello, y madre de la actual representante de la misma cartera, Daniella Cabello, celebró con un post en sus redes sociales la llegada de la compañía y lo consideró como un "logro que consolida el avance del desarrollo económico de la Patria".
En una investigación hecha en 2018 por el periodista venezolano Roberto Deniz en Armando Info, destacaba que la empresa Plus Ultra "fraguó una sociedad con inversionistas venezolanos poco conocidos".
Se trataba de Rodolfo Reyes y Raif El Arigie y, según la investigación de Deniz, esta incorporación "significó la expansión de Plus Ultra".
En plena pandemia por el coronavirus, cuando el espacio aéreo venezolano estuvo cerrado a cal y canto mucho más severamente que en otros países europeos, Plus Ultra logró que el Gobierno de Nicolás Maduro le permitiera fletar aviones para repatriar a ciudadanos españoles desde Venezuela entre 2020 y 2021.
Ahora el vínculo parece ser aún más intrincado y Plus Ultra, según la querella de la Fiscalía, aparece como "firmante y beneficiaria" de unos presuntos contratos de préstamo con tres sociedades dedicadas a blanquear dinero procedente de malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
En concreto, se citan ventas de oro del Banco de Venezuela y de los fondos de los CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), un mecanismo creado por las autoridades para centralizar la importación de alimentos que luego eran distribuidos a la población.
No es primera vez que el esquema CLAP está bajo la sospecha de corrupción. El aliado y supuesto testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, recientemente extraditado a Estados Unidos, fue señalado en innumerables ocasiones, también en investigaciones de Armando Info, de beneficiarse de contratos millonarios por el CLAP.
La sospecha es que el dinero del rescate público se usó para mover esos fondos a través de préstamos, contratos y estructuras financieras internacionales, dificultando así el rastreo de capitales presuntamente ilícitos.
El juez también investiga si Rodríguez Zapatero utilizó su red de contactos e influencia política para participar en estas estructuras financieras destinadas a mover y ocultar dinero en el extranjero.
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