La historia de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años con problemas de movilidad que se convirtió en un símbolo de la crisis de vivienda en España tras ser desalojada del inmueble en el que había vivido durante 70 años, tuvo un nuevo giro este martes, después de que su abogada anunciara que podrá regresar a su hogar.
Tras el desalojo, que ocurrió el 23 de septiembre, la mujer tuvo que ser ingresada en un hospital.
Durante días se acusó a la empresa Urbagestión, propietaria del inmueble donde residía Maricarmen, de no permitir ningún tipo de negociación para que pudiera quedarse allí.
Sin embargo, la abogada de Abascal, Beatriz Duro, declaró en una rueda de prensa que había existido "buena voluntad por ambas partes" y que su clienta aceptó regresar a su hogar pagando una cantidad similar de alquiler bajo un nuevo contrato, lo que evitará una importante subida del precio.e el acuerdo.
El caso provocó una fuerte reacción e indignación en toda España.
El gobierno de Pedro Sánchez aprobó este martes medidas de alivio en materia de vivienda que ahora deben ser aprobadas por el Congreso español y que incluyen la prohibición de desahucios hasta 2030 y una prórroga de 2 años de los contratos de alquiler que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028, entre otras.
En los últimos días, miles de personas se han movilizado en la Puerta del Sol de Madrid, instalando un campamento para exigir no solo el regreso de Maricarmen a su hogar, sino también una nueva regulación en materia de vivienda.
Un largo litigio
El padre de Maricarmen alquiló por primera vez la vivienda en 1956 y ella continuó como inquilina tras la muerte de sus progenitores, durante una época en la que existía un límite legal a los alquileres.
La firma de inversión Urbagestión, que compró el inmueble en 2018, aumentó el alquiler de unos US$572 mensuales a US$3.020.
Posteriormente, la empresa ofreció reducirlo a US$1.700, pero aun así Abascal no podía permitírselo, pues recibe una pensión mensual cercana a los US$1.400. .
Tres intentos previos de desalojarla habían sido bloqueados por los tribunales.
Su caso desencadenó protestas en todo el país y llevó a decenas de miles de personas a manifestarse por las calles de las principales ciudades españolas para rechazar el desalojo y exigir una mayor protección para los inquilinos frente a la escasez de vivienda y el encarecimiento de los alquileres.
Duro afirmó que el acuerdo para que Maricarmen regrese a su hogar es el "resultado de la movilización social".
Los partidarios de la anciana calificaron el desenlace como una victoria, pero prometieron continuar su lucha para evitar desalojos similares y presionar para que la vivienda sea más asequible.
El Banco de España estima que en el país faltan 700.000 viviendas, tomando como referencia la diferencia entre la demanda existente y el ritmo de construcción de nuevas viviendas.
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