Un panel de expertos de las Naciones Unidas pidió hacer "investigaciones independientes" a la actual fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, en relación con presuntas adopciones ilegales internacionales de niños indígenas en una casa hogar de la que fue directora.
La ONU se pronunció trar recibir información sobre "al menos 80 niños indígenas" que fueron internados en el Hogar Temporal Elisa Martínez, un centro ya clausurado y del que Porras fue directora y administradora durante siete meses en 1982.
"Nos preocupa especialmente que no se haya realizado una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial sobre la presunta implicación de algunas autoridades estatales en estos procesos y que las madres afectadas por estas adopciones ilegales aparentemente no hayan recibido ni el reconocimiento ni las reparaciones adecuadas", señalaron las y los expertos.
En concreto detallaron que estas adopciones ilegales pueden ocurrir mediante "actos ilícitos o prácticas ilegales, incluidos el fraude en la declaración de adoptabilidad, la falsificación de documentos oficiales, la coacción o la falta de consentimiento libre e informado de los padres biológicos, así como el beneficio financiero indebido para los intermediarios".
Esta declaración se produce cuando Porras está por concluir su gestión como fiscal general. Dirige el Ministerio Público desde mayo de 2018 y en 2022 ganó la reelección.
Ese mismo año Estados Unidos la incluyó en la lista de actores corruptos y antidemocráticos por obstruir y menoscabar "en forma reiterada investigaciones contra la corrupción en Guatemala con el propósito de proteger a sus aliados políticos y conseguir favores políticos indebidos".
También en estos días participaba como candidata a ocupar otro puesto público, el de magistrada titular o suplente para la Corte de Constitucionalidad, cargos nombrados por la Universidad de San Carlos de Guatemala, la única universidad pública del país. Sin embargo, quedó fuera por falta de apoyos.
Elecciones polémicas
La figura de Porras ya ha sido cuestionada antes.
En las protestas ciudadanas que tomaron las calles y redes sociales de Guatemala durante 2023 se clamaba por su renuncia.
En ese momento, la actuación de Porras estaba plagada de señalamientos por supuestamente bloquear investigaciones judiciales, criminalizar a jueces y fiscales, proteger a políticos corruptos y coludir con el presidente del país en ese momento, Alejandro Giammattei.
Ella lo negó tajantemente y aseguró en ese momento que se trataba de campañas mediáticas con sesgo político en su contra.
Además, en ese tiempo también se señaló a su Fiscalía por llevar a cabo numerosas acciones para suspender al Movimiento Semilla, la formación liderada por el actual presidente del país, Bernardo Arévalo, que de manera inesperada venció en las elecciones presidenciales de agosto de 2023.
En ese año electoral, las críticas internacionales al organismo liderado por Porras también fueron escalando.
Tras una visita a Guatemala, el entones secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, dijo que “las denuncias expresadas por el Ministerio Público son sin claridad y sin tipificación legal, son claramente persecutorias de un partido político. La persecución contra el partido Semilla debe detenerse”.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó por su parte una profunda preocupación por estas medidas y por todas las acciones de las autoridades judiciales, que parecen adoptarse “para socavar el resultado del proceso electoral en Guatemala” y “el estado de derecho en general”. Además, advirtió de su incompatibilidad con las leyes internacionales de derechos humanos.
Arévalo había anunciado durante su campaña electoral que, de ganar, pediría la renuncia de Porras, elegida en 2022 por el presidente saliente Giammattei para un segundo mandato de otros cuatro años al frente del Ministerio Público. Y en este tiempo es algo que intentó en varias ocasiones, sin éxito.
Previo al segundo mandato de Porras, la directora en funciones para las Américas de Human Right Watch señaló que “la renovación de su mandato podría ser un revés fatal para el Estado de derecho y la lucha contra la corrupción en Guatemala”.
Giammattei afirmó en aquel momento que la reelección de Porras no fue “una decisión sencilla tomada a la ligera”, aseguró que cumplía con todos los requisitos para continuar en el cargo y descartó “los señalamientos mediáticos o políticos que puedan existir” contra ella.
Tras conocer esta designación, el gobierno estadounidense sancionó nuevamente a la fiscal, a quien ya meses antes la había incluido en su lista Engels de "actores corruptos y antidemocráticos”, suspendió la cooperación con su despacho y le retiró la visa para entrar al país.
Ola de criminalización
Nacida en 1953 en San Juan Comalapa, en el centro de Guatemala, Porras estudió Ciencias Jurídicas y trabajó como integrante de la Corte de Apelaciones y como magistrada suplente de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, aunque no tenía experiencia en temas de investigación criminal de alto impacto antes de ser designada para el Ministerio Público.
Fue nombrada inicialmente para este ministerio en mayo de 2018 por el entonces presidente Jimmy Morales en sustitución de Thelma Aldana, la fiscal general que lideró una importante batalla contra la corrupción en el país.
Poco después de que Porras asumiera su cargo, Morales anunció la salida de la Comisión Internacional contra la Corrupción en Guatemala (Cicig), una misión creada por Naciones Unidas que operó durante 12 años y que logró desmantelar numerosas redes criminales.
Uno de los primeros movimientos de la Fiscalía de Porras fue actuar judicialmente contra quien fuera su predecesora.
Aldana se trató de presentar como candidata a la presidencia, pero el Ministerio Público, liderado ya por Porras, la acusó de "malversación de fondos" y giró una orden de captura en su contra, por lo que la reconocida exfiscal se tuvo que exiliar en EE.UU.
Para organizaciones de defensa de los derechos humanos fue entonces cuando comenzó una corriente de criminalización desde el Ministerio Público contra decenas de jueces, fiscales y periodistas que trabajaban o investigaban temas vinculados a la corrupción y que acabaron detenidos o bien eligieron salir de Guatemala para evitar la cárcel.
“Su dedicación completa fue obstruir las investigaciones que ya habíamos adelantado. Y sobre las denuncias que recibíamos que podían involucrar al presidente (Giammattei) y su círculo cercano, decidía que las deriváramos a otras fiscalías con el ánimo de que las investigaciones no avanzaran”, le dijo en junio a BBC Mundo Juan Francisco Sandoval, quien estuvo al frente de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala y que vive en EE.UU. desde que Porras lo destituyera de su cargo en 2021.
Los cuestionamientos hacia la fiscal han llegado también desde la Iglesia católica de Guatemala, aunque Porras se caracteriza por llevar un rosario en forma de pulsera atado en la mano, símbolo de su fe religiosa.
También ha sido criticada por numerosos grupos de la sociedad civil, comunidades indígenas y de estudiantes.
En 2021 se viralizó un video en el que, durante una clase virtual, un grupo de universitarios la increpaba por su gestión y la tildaba de "corrupta", lo que generó un escándalo que llevó a Porras a dejar de dar clases.
Pese a las duras críticas y señalamientos, Porras continúa defendiendo firme su labor. Al terminar su primer mandato, sostuvo que la lucha contra la corrupción fue una de sus prioridades y que la Fiscalía se volvió más independiente bajo su gestión.
“Puedo afirmar con gran satisfacción que hemos afianzado al Ministerio Público como una institución eminentemente técnica y jurídica sin ningún tipo de sesgo o ideología política”, afirmó entonces.
Ahora, al terminar su segundo mandato, enfrenta esas y nuevas acusaciones.
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