Venta de líneas prepago sin trazabilidad suficiente complican la persecución de fraudes y delitos de alta tecnología  

 En República Dominicana, la venta informal de tarjetas SIM, conocidas popularmente como chips telefónicos, se ha vuelto común en el mercado prepago. En un colmado de Santo Domingo Este, entre botellones de agua, fundas de arroz y una nevera de refrescos, estos chips aparecen como cualquier producto de mostrador. No se ofrecen en una tienda de una prestadora ni pasan por una oficina con turnos y formularios. Basta con pedir una línea nueva de cualquiera de las compañías telefónicas y tener alrededor de cien pesos en el bolsillo. 

Ese gesto mínimo, pagar, recibir el plástico y activar una línea, resume una falla mayor: una tarjeta SIM no es solo un producto barato; es una llave de identidad digital. Sirve para recibir códigos de verificación, crear cuentas, coordinar pagos, abrir perfiles y comunicarse. Cuando se vende sin controles visibles, las autoridades dejan de saber con certeza quién está detrás de un número.  

La escena se repite en colmados, tiendas de celulares, bancas, paradas de guaguas y vendedores ambulantes. Allí, lo que debería ser un servicio regulado se resuelve como una compra rápida: se paga, se entrega el chip y el cliente sigue su camino. El problema no es solo que existan líneas mal registradas; es lo fácil que resulta ponerlas en la calle.  

El negocio informal detrás del chip prepago  

La venta irregular de tarjetas SIM no ocurre fuera del sistema telefónico; empieza dentro de una cadena formal que, en algún punto, pierde control entre prestadoras, distribuidores, intermediarios y vendedores de esquina. Si las empresas deben saber quién usa una línea, también deberían poder explicar cómo esa línea terminó en un punto informal. 

Según el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), en el país se contratan cerca de 400,000 líneas móviles prepago cada mes y el 85 % se vende de manera informal en la calle. Traducido: alrededor de 340.000 números mensuales podrían estar entrando al mercado por canales donde la verificación de identidad es débil, incompleta o inexistente.  

Ese volumen potencial, superior a cuatro millones de líneas prepago al año, no puede verse como una anomalía aislada, sino como señal de una estructura comercial paralela que opera a plena luz. Detrás de cada chip hay una ruta de distribución, una comisión y una decisión empresarial o regulatoria que permitió que la tarjeta llegara hasta la calle. 

Mientras más fácil sea comprar una SIM, más rápido crece la base de líneas activas; para el vendedor puede haber una comisión, para la cadena una recarga futura o un paquete de internet, y para el negocio, volumen. 

El presidente del Consejo Directivo de INDOTEL, Guido Gómez Mazara, ha sido citado por medios de comunicación al relacionar ese incentivo comercial con el crecimiento acelerado de las líneas prepago. En esas declaraciones, sostuvo que respeta el derecho de las telefónicas a ser rentables, pero advirtió que el volumen de activaciones y la venta “al granel” sin control dificultan la trazabilidad de las líneas.  

Del distribuidor al colmado: la cadena que nadie transparenta  

El punto de fondo no está únicamente en quién compró la línea, sino en quién la puso en esa gaveta. En recorridos por Santo Domingo Este, algunos comerciantes dicen que los chips les llegan por intermediarios o promotores que los colocan “para moverlos”. La frase suena casual, pero revela una cadena que se mueve con más soltura que la fiscalización.  

En esa cadena, la prestadora habilita el servicio, el distribuidor lo mueve, el vendedor final lo coloca y el regulador suele llegar tarde, cuando la línea ya fue vendida, activada o usada. Lo que debía quedar claro desde el origen termina convertido en una verificación posterior.  

“Si yo no lo vendo, lo vende el de al lado. La gente no quiere ir a la tienda a hacer fila”, cuenta un colmadero consultado. Su explicación resume el mercado: el cliente busca rapidez, el vendedor busca ganarse algo y la cadena necesita colocar volumen; en ese equilibrio, la identidad del usuario puede quedar como un trámite incómodo.   

Las telefónicas suelen negar que promuevan canales irregulares, aun así, el hecho visible es difícil de esquivar: chips de compañías formales aparecen en mostradores informales. Llegar a más barrios puede ser una ventaja comercial, pero se vuelve un riesgo cuando no hay controles claros.  

Cuando las empresas conocen a sus distribuidores, también están en condiciones de responder a aspectos básicos: cuántas tarjetas entregan, a quiénes, bajo qué condiciones, cuántas se activan por cada canal y qué medidas toman cuando un lote termina en puntos no autorizados. La responsabilidad no puede quedarse en el colmadero que vende el chip al final de la cadena.  

La informalidad puede generar incentivos difíciles de ignorar dentro del mercado prepago. No porque cada chip deje mucho dinero, sino porque suma usuarios con rapidez. Una línea activa puede traer recargas y paquetes de internet, y esa lógica comercial obliga a revisar si las metas de venta, las comisiones y los controles de prestadoras y distribuidores cierran la puerta a la informalidad o si la dejan abierta mientras el negocio crece. 

La preocupación también ha sido planteada desde el propio regulador. Desireé Logroño, directora ejecutiva de INDOTEL, aparece citada por medios al reconocer que, pese a los esfuerzos regulatorios, persisten vulnerabilidades en el mercado móvil y que en las calles todavía hay revendedores informales con “funditas” llenas de SIM preactivadas. El señalamiento desplaza el foco desde el usuario individual hacia la red de comercialización que permite que los chips circulen sin controles suficientes.  

Cuando el anonimato se compra por cien pesos  

El riesgo aparece cuando el anonimato se compra tan fácilmente como una recarga. Una tarjeta SIM sin registro real puede usarse para estafas, extorsiones, amenazas, fraudes tecnológicos o cuentas falsas, no porque el prepago sea el problema, sino porque un mercado sin controles puede facilitar el uso de identidades difíciles de rastrear. 

La preocupación también ha llegado a los organismos de persecución criminal. Autoridades de investigación tecnológica han advertido sobre incautaciones de grandes cantidades de chips en manos de una sola persona y sobre la dificultad de identificar al verdadero suscriptor cuando esas tarjetas se usan en delitos.  

Gómez Mazara también ha señalado públicamente que la venta masiva e informal de tarjetas SIM puede facilitar escenarios de uso indebido vinculados a delitos de alta tecnología. La preocupación, según esas declaraciones, no se limita a quien compra una línea para uso personal. También incluye casos en los que una misma persona adquiere lotes de 15, 20, 30 o 40 chips, una práctica que dificulta establecer con rapidez quién está detrás de una llamada, un mensaje de amenaza, una estafa por mensajería instantánea o una cuenta usada para recibir códigos de verificación.  

Una SIM mal registrada no prueba por sí sola la comisión de un delito, pero bajo criterios técnicos de trazabilidad sí puede convertirse en un recurso para ocultar identidad, dificultar la reconstrucción de comunicaciones y abandonar el número después de un uso irregular. 

La preocupación ha sido reforzada por datos de persecución penal. La Dirección de Policía Cibernética informó que solo en el primer trimestre de 2025 apresó a 148 personas por delitos tecnológicos como estafas, transferencias electrónicas no autorizadas, phishing, extorsión, robo de identidad y llamadas fraudulentas, con más de RD$23.9 millones y US$13,780 recuperados.  

Aunque esas cifras no atribuyen los casos al uso de tarjetas SIM irregulares, sí describen un ecosistema delictivo en el que una línea anónima o mal registrada puede funcionar como pieza operativa: contactar víctimas, activar perfiles falsos, recibir mensajes de autenticación, coordinar pagos o desaparecer luego de un presunto fraude. La relación entre cada caso penal y una SIM específica debe ser establecida por las autoridades competentes mediante investigación y prueba.  

Desde el lado investigativo, Edgar Arnaud, director de la Dirección de Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT), aparece citado en reseñas periodísticas al explicar que en allanamientos recientes se han incautado hasta 200 chips telefónicos en posesión de una sola persona. Según esas publicaciones, muchas de esas tarjetas operaban sin un suscriptor identificable, lo que complica investigaciones de extorsión y otros delitos porque rompe la trazabilidad entre el número y la persona que lo utiliza.  

La respuesta oficial: depurar después de vender  

Frente a esa realidad, INDOTEL volvió a poner el tema sobre la mesa mediante la Resolución 064-2025. La medida otorgó 30 días a las prestadoras móviles para depurar y validar la identidad de los usuarios de líneas prepago. En concreto, exige documentos oficiales, fotografía del comprador, registro seguro de datos y notificación del proceso de regularización.  

Si el usuario no completa la validación, la línea puede ser suspendida por hasta dos meses y luego cancelada. La resolución también abre la puerta a sanciones contra las prestadoras, aunque el reto está en pasar del papel a la calle para que las consecuencias no se queden en advertencias, sino que produzcan expedientes, multas y decisiones públicas cuando se detecten ventas o activaciones irregulares.  

La medida deja una paradoja difícil de ignorar. El Estado intenta depurar después lo que el mercado vendió antes con poco control. La Resolución  citada se apoya en normas previas, como el Reglamento General del Servicio Telefónico y la Norma de Contratación y Activación de Servicios Públicos de Telecomunicaciones. Es decir, la obligación de identificar correctamente al usuario no nació en 2025; lo que vuelve a aparecer es la dificultad de hacerla cumplir donde realmente se vende el chip.  

La regulación de las tarjetas SIM no puede seguir funcionando como una reacción periódica ante un problema conocido. Si el país necesita cada cierto tiempo una nueva resolución para recordar que las líneas deben estar asociadas a personas reales, el fallo no está solo en la norma, sino en su ejecución. La idea, compartida por especialistas en regulación, es que regular no debe significar anunciar plazos y depuraciones después de que el chip llegó a la calle; debe implicar controles previos, auditorías constantes, sanciones verificables y responsabilidad clara para las prestadoras y sus canales de distribución. 

El historial regulatorio confirma que no se trata de una preocupación nueva. La Resolución núm. 092-02, del 29 de octubre de 2002, estableció mecanismos para detectar, prevenir y sancionar la activación de teléfonos móviles reportados como sustraídos o extraviados. Aunque esa norma no fue concebida como un registro general de usuarios prepago, muestra que el control de activaciones irregulares lleva más de dos décadas sobre la mesa. El punto débil sigue siendo parecido: la norma existe, pero la calle opera más rápido que la fiscalización.  

Lo que debe fiscalizarse: no solo usuarios, también vendedores  

El procedimiento anunciado no debería concentrarse solo en contactar usuarios, validar documentos y registrar datos ya existentes. Si la fiscalización se limita a líneas activas, el circuito informal puede volver a llenarse al mes siguiente. El criterio técnico apunta a mirar antes de la activación: los lotes de tarjetas entregadas, los distribuidores autorizados, los puntos de venta reales y los controles aplicados antes de que la línea comience a funcionar. 

En la práctica, el verdadero examen estará en tres áreas: cuántas tarjetas SIM dejan de venderse por canales informales, cuántos puntos de venta serán auditados y qué sanciones recibirán las prestadoras, distribuidores o intermediarios que mantengan activaciones irregulares. La sola amenaza de suspensión de líneas corrige al usuario no validado, pero no necesariamente desmantela la red comercial que colocó el chip sin control.   

Por eso, cualquier política seria debería publicar indicadores periódicos: líneas suspendidas, canceladas y reactivadas; centros fiscalizados; decomisos de SIM; sanciones impuestas; reincidencias detectadas; y empresas o canales vinculados a incumplimientos. Sin esos datos, la resolución corre el riesgo de limpiar bases de datos sin tocar el negocio que las alimenta.  

César Moliné, director de ciberseguridad de INDOTEL, también aparece citado sobre los riesgos que tecnologías como la eSIM pueden abrir en materia de suplantación de identidad si no existe una verificación robusta del usuario. Su planteamiento refuerza una idea central: la fiscalización no debe quedarse en retirar líneas mal registradas, sino asegurar que cada activación tenga una ruta verificable desde el origen hasta el usuario final.  

Lo que falta saber  

El punto débil sigue estando en la falta de información pública sobre la cadena de venta. Para medir la efectividad de INDOTEL no basta con anunciar una resolución: hacen falta cifras de operativos, decomisos, sanciones, reincidencias, distribuidores cerrados, puntos auditados y líneas canceladas. En términos de fiscalización regulatoria, también hace falta saber si las telefónicas han entregado mapas de distribución, listas de vendedores autorizados y auditorías internas sobre activaciones prepago. 

El Estado reconoce que la venta informal existe, las empresas deberían conocer la ruta comercial de sus tarjetas, los colmados siguen ofreciendo chips y las víctimas de delitos tecnológicos cargan con las consecuencias. La falta de datos públicos no permite afirmar dónde se rompe la cadena en cada caso, pero sí impide saber quién está corrigiendo el problema y si también hay actores que solo lo están administrando.  

Mientras tanto, la escena del colmado sigue ahí: alguien pregunta por un chip, paga cien pesos y sale con una línea nueva, quizás para llamar a su familia, trabajar o cualquier otro uso. Ese es el riesgo de un mercado con controles débiles, porque obliga al sistema a confiar en lo que debería comprobar. INDOTEL no tiene que demostrar solo que emitió una resolución; tiene que probar, con fiscalización visible, auditorías a distribuidores y sanciones cuando procedan, que puede cerrar los espacios por donde las tarjetas SIM siguen llegando a la calle sin trazabilidad suficiente.