El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional volvió a aplazar el inicio del juicio de fondo contra los acusados en el caso relacionado con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), entre ellos el exdirector de esa institución, Hugo Beras, y José Ángel Gómez Canaán, conocido como Jochi Gómez.
Las juezas Arlin Ventura Jiménez, Leticia Martínez Noboa y Evelyn Rodríguez acogieron la licencia y el certificado médico presentados por el abogado Manuel Eduardo Mora Vásquez, quien además representa legalmente a Pablo R. Chain.
El tribunal suspendió la audiencia para permitir que Mora Vásquez presente la documentación médica correspondiente y, a partir de esta, establecer la fecha para continuar el proceso.
Las magistradas consideraron que solicitar informaciones adicionales sobre la condición médica del abogado constituiría una intromisión desproporcionada en su actividad y en el criterio profesional del médico que emitió la certificación.
La próxima audiencia fue fijada para el martes 13 de octubre de 2026, a las 9:00 de la mañana, por lo que las partes quedaron debidamente convocadas.
Otro aplazamiento
El juicio ya había sido aplazado el pasado 3 de septiembre, cuando el tribunal suspendió el inicio del proceso debido, entre otros asuntos, a una situación relacionada con la representación legal de una de las empresas incluidas en el expediente.
En esa audiencia, las juezas también concedieron un plazo adicional a la defensa de Mora Vásquez para examinar las evidencias incorporadas al proceso tras un nuevo apoderamiento y ordenaron realizar con carácter de urgencia las gestiones para designar un defensor público para una de las sociedades comerciales involucradas.
Además de Beras y Gómez Canaán, figuran como acusados Pedro Vinicio Padovani Báez, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Frank Rafael Atilano Díaz Warden, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
El expediente también incluye a las empresas Transcore Latam S.R.L., Aurix S.A.S., Inprosol S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, las sociedades habrían sido utilizadas para la adjudicación de contratos que la Fiscalía considera irregulares, así como para el presunto desvío de fondos públicos y operaciones que las autoridades califican como lavado de activos.
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