Un tribunal colegiado del Distrito Judicial de San Cristóbal dictó condenas de 7 y 5 años de prisión contra siete miembros de la red de narcotráfico y lavado de activos asociada a la Operación Larva, y ordenó el decomiso de bienes —apartamentos, locales comerciales, vehículos y relojes de lujo— por un monto que, según el Ministerio Público, supera los 14 millones de dólares.

El fallo impone 7 años de prisión a Jorge Luis Herasme y Ramón Eduardo Peña Reyes, quienes deberán cumplir la sanción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Najayo, en San Cristóbal.

En cambio, el tribunal condenó a cinco años con suspensión de la pena a James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Elizabeth Spataro Rodríguez, María Mercedes Ramona Estrella y Sarai Esther Herasme Estrella, quienes quedarán sujetos a reglas de conducta: si incumplen, la condena puede convertirse en prisión efectiva.

Además de las penas, los sentenciados deberán pagar multas fijadas en salarios mínimos, en escalas que van —según el comunicado— entre 100, 150 y 200.

Un punto sensible: la pena suspendida en delitos complejos

La decisión vuelve a colocar bajo discusión un tema recurrente en casos de criminalidad organizada: el alcance real de las penas suspendidas en expedientes donde el Ministerio Público sostiene que hubo lavado de activos, narcotráfico, armas ilegales y falsedad documental.

Sin acceso al texto íntegro de la sentencia (motivaciones, individualización de la pena y valoración probatoria), queda abierto el debate sobre por qué cinco imputados no cumplirán prisión inmediata y qué criterios pesaron para diferenciar entre los dos condenados a cárcel y los beneficiados con suspensión.

Empresas condenadas y bienes decomisados: el golpe económico

El tribunal declaró culpables a varias personas jurídicas, entre ellas: Upper Promotion, SRL; J&H Administración y Servicios, SRL; H&S Inmobiliaria, SRL; Inversiones y Servicios Jorge y María, SRL; Corporación de Crédito Corona Cocreco, SRL, y Lush, EIRL, con una multa de 200 salarios mínimos.

La sentencia también dispone el decomiso de bienes valorados en más de US$ 14 millones, incluyendo:

  • Apartamentos y locales comerciales en sectores del Distrito Nacional.
  • 10 vehículos de distintas marcas y modelos.
  • Relojes de lujo (menciona Patek Philippe y Rolex).
  • Sustancias narcóticas, además de otros bienes.

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