Transparencia con contraseña: la Cámara de Cuentas restringe el acceso ciudadano a sus auditorías 

La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD), lejos de abrir sus informes al escrutinio público, ha colocado nuevos requisitos para que la ciudadanía pueda consultar, desde su portal de transparencia, las auditorías realizadas a instituciones del Estado. La medida genera preocupación porque pone en duda el compromiso real del órgano fiscalizador con la transparencia y con el derecho de la población a saber cómo se administran los recursos públicos. 

La decisión no solo preocupa, también contradice la naturaleza de una institución creada para fiscalizar y rendir cuentas. La CCRD no debería levantar obstáculos entre los ciudadanos y los informes que produce con recursos públicos. Cuando acceder a una auditoría depende de formularios, validaciones y otros pasos digitales, la transparencia deja de ser un ejercicio abierto y se convierte en un proceso condicionado. 

Según la nueva disposición, quienes deseen acceder a los informes de auditoría publicados en la página de la institución deben introducir un correo electrónico, una clave de seguridad y completar formularios digitales. Al menos tres periodistas del periódico Acento intentaron descargar el informe de la auditoría realizada al Senado de la República, correspondiente al período 2020-2024, pero no pudieron obtenerlo debido a las trabas establecidas por la propia Cámara de Cuentas. 

"No tiene permisos suficientes para acceder a los archivos de esta categoría", indica un mensaje colocado en el apartado de auditorías.

El problema no es solo tecnológico; es, sobre todo, institucional. La CCRD parece trasladar al ciudadano la carga de superar procedimientos que ella misma debería simplificar. Exigir correos, verificaciones digitales y pasos adicionales para acceder a documentos públicos funciona como una barrera, especialmente para quienes no cuentan con internet estable, equipos adecuados o conocimientos suficientes para manejar esas plataformas. 

La Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública parte de un principio sencillo: la información del Estado pertenece a la ciudadanía y debe estar disponible de manera clara, oportuna y accesible. Por eso, cualquier mecanismo que retrase, condicione o dificulte la consulta de los informes de auditoría contradice el espíritu de esa normativa y debilita la confianza en la institución encargada de vigilar el buen uso de los fondos públicos. 

Resulta especialmente cuestionable que el órgano de control externo de los recursos del Estado imponga obstáculos para acceder a las auditorías que realiza a instituciones centralizadas, autónomas, descentralizadas y a otros poderes públicos. En lugar de facilitar la fiscalización social, la CCRD introduce requisitos que reducen la posibilidad de que la población conozca, sin intermediarios ni trabas, los resultados de su trabajo. 

La Cámara de Cuentas no puede conformarse con anunciar que existen auditorías mientras dificulta el acceso a su contenido completo. Su papel no es administrar la transparencia como si fuera una concesión, sino garantizarla como una obligación pública. Cada requisito innecesario debilita la rendición de cuentas y limita la capacidad de la sociedad para vigilar a quienes manejan dinero del Estado. 

Para los ciudadanos, si la CCRD quiere ser coherente con su misión, debe eliminar las trabas que impiden a periodistas, ciudadanos e investigadores consultar las auditorías con facilidad. La transparencia no se proclama; se demuestra con hechos. En este caso, la institución debe explicar por qué un órgano creado para fiscalizar termina imponiendo condiciones que hacen más difícil conocer los resultados de su propia labor. 

El jueves 27 de agosto, la Cámara de Cuentas publicó en su portal el informe de auditoría financiera del Senado de la República. Sin embargo, al intentar acceder al documento, los usuarios se encuentran con varias barreras digitales, como la exigencia de introducir un correo electrónico, una clave de seguridad, autenticar datos y cumplir otros requisitos que, lejos de facilitar la consulta, terminan impidiendo el acceso efectivo a la información.