La Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito de Columbia anunció este viernes cargos formales contra Melitón Cordero, un supervisor de la Administración para el Control de Drogas (DEA) asignado durante seis años a la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana, por conspiración para soborno y fraude de visas, en un caso que ha generado fuerte impacto en la cooperación bilateral.
Según la acusación presentada en un tribunal federal en Washington, Cordero presuntamente aceptó miles de dólares en efectivo para ayudar a ciudadanos extranjeros a obtener visas de no inmigrante que les permitirían entrar temporalmente a Estados Unidos.
En al menos un caso descrito en los documentos judiciales, se le acusa de haber proporcionado un pasaporte y una visa a cambio de dinero. Durante su desempeño en la misión de Santo Domingo, expidió o agilizó al menos 119 solicitudes de visa, algunas de las cuales podrían ser fraudulentas, incluso orientando a los solicitantes para sus entrevistas consulares.
La fiscal federal Jeanine Ferris Pirro recalcó que la conducta imputada “no refleja a los miles de profesionales de la DEA que sirven honorablemente” y subrayó que violar la ley y socavar las prioridades migratorias del presidente es “inaceptable y no será tolerado”.
El caso conforma una amplia investigación federal en la que participan agencias como Homeland Security Investigations, el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado y la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia, además de la propia DEA.
Como consecuencia directa de las revelaciones, la embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah F. Campos, ordenó el cierre temporal de la oficina antinarcóticos de la DEA en Santo Domingo, calificando la situación como “una violación repugnante de la confianza pública” y enfatizando que no se tolerará ni siquiera la percepción de corrupción dentro de la misión diplomática.
Autoridades dominicanas, por su parte, han dejado claro que la decisión de cerrar la oficina responde a una investigación interna de Estados Unidos y no implica vinculación oficial del gobierno dominicano en irregularidades, enfatizando la importancia de la cooperación bilateral en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico.
Cordero, de 47 años, fue arrestado en Washington D.C. y se enfrenta ahora a procesos judiciales en el sistema federal estadounidense. Su detención y los cargos que se le imputan han provocado incertidumbre sobre la continuidad y la gestión de programas sensibles como los de intercambio de información e operativos de interdicción en el Caribe, pilares de la colaboración entre Estados Unidos y República Dominicana en la lucha contra el crimen transnacional.
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