El Senado aprobó en segunda discusión un proyecto de ley que modifica la Ley 60-23 para reservar al menos un 10 % de los recursos obtenidos por bienes incautados, decomisados y en procesos de extinción de dominio a programas de prevención y atención de la violencia de género e intrafamiliar.
La iniciativa aún deberá completar el trámite legislativo correspondiente antes de convertirse en ley.
La propuesta redefine el destino de parte de los recursos recuperados
La iniciativa, sometida por el senador Pedro Catrain, incorpora nuevos párrafos al artículo 82 de la Ley 60-23 con el objetivo de garantizar una fuente de financiamiento para políticas públicas dirigidas a la protección de mujeres víctimas de violencia.
De acuerdo con el texto aprobado por la cámara alta, los recursos deberán fortalecer las acciones de prevención, la respuesta institucional y la asistencia integral a las víctimas, además de respaldar programas destinados a reducir la violencia de género desde distintos ámbitos del Estado.
Entre las prioridades figuran el financiamiento de casas de acogida para mujeres en situación de riesgo y centros de atención conductual dirigidos a hombres involucrados en hechos de violencia de género o tentativa de feminicidio.
Distribución de los recursos
El proyecto establece que los fondos serán administrados por el Ministerio Público en coordinación con el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Interior y Policía y el Ministerio de Educación, entre otras instituciones públicas.
Según la propuesta legislativa, el 40 % de los recursos será destinado al Ministerio Público para fortalecer las acciones de prevención, investigación y protección de las víctimas. El 60 % restante será distribuido entre las demás entidades responsables de ejecutar programas preventivos, educativos y de atención.
Educación y campañas de prevención
La iniciativa también contempla el desarrollo de programas educativos en las escuelas públicas orientados a promover relaciones igualitarias entre hombres y mujeres y prevenir la violencia desde edades tempranas.
Asimismo, plantea la realización de campañas de comunicación en medios tradicionales y plataformas digitales para sensibilizar sobre la violencia de género y fomentar cambios culturales relacionados con la convivencia y el respeto a los derechos de las mujeres.
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