El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional conoce la tarde de este domingo la solicitud de medida de coerción en contra del empresario Antonio Espaillat, propietario de la discoteca Jet Set, cuyo techo se desplomó el pasado 8 de abril causando la muerte de 236 personas y heridas a más de 180.

El empresario, contra quien el Ministerio Público pide prisión preventiva, fue trasladado a las 2.26 de la tarde, bajo un fuerte dispositivo de seguridad, a la sala de audiencia desde la prisión del cuarto piso del Palacio de Justicia, donde también se ubica el citado tribunal, que había fijado la audiencia para las 2 de la tarde.

Unos minutos antes, también fuertemente custodia, ingresó a la sala la hermana del empresario, Maribel Espaillat, y quien, al igual que Antonio, está detenida desde el pasado jueves.

Posteriormente, se cerró la puerta del tribunal, por lo que la prensa no tiene acceso al interior de la audiencia.

En un comunicado difundido ayer tras depositar la solicitud de la medida de coerción, el Ministerio Público señaló que según la investigación, para la que contrató tres peritos, "durante años el Jet Set Club operó con una sistemática y grave negligencia en el mantenimiento y adecuación estructural de sus instalaciones, poniendo en riesgo la vida de sus clientes y empleados".

Los hermanos Espaillat "permitieron y gestionaron la realización de importantes remodelaciones, adecuaciones y ampliaciones en la estructura del establecimiento "sin obtener los permisos requeridos ni realizar las evaluaciones estructurales necesarias por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) o la Alcaldía del Distrito Nacional", señaló la nota.

Además, "cargaron el techo de la discoteca de manera excesiva y progresiva, con múltiples elementos de gran peso, como casetas técnicas, ductos, unidades de climatización de gran volumen (incluyendo seis aires acondicionados de 15 y 20 toneladas cada uno) y tinacos de agua", sostuvo.

Los imputados, afirmó, "apelaron a soluciones paliativas inadecuadas solo en interés de ahorrar recursos y siempre tuvieron conocimiento pleno de los problemas del techo", e, incluso, Maribel Espaillat, "con conocimiento de un incidente de caída de escombros horas antes del desplome y ante la petición de suspender la actividad, se negó a hacerlo, alegando la ausencia de su hermano", quien estaba en el extranjero.

Los peritajes técnicos han confirmado hallazgos críticos como la ausencia de una columna esencial, el anclaje deficiente de vigas y la ausencia de muros de mampostería de soporte, que validan las fallas estructurales directamente atribuibles a las acciones y omisiones de la gestión de la discoteca, agregó el documento.

Según la orden de arresto emitida el jueves, ambos cometieron presuntamente homicidio involuntario, conforme al artículo 319 del Código Penal dominicano, por mostrar "una inmensa irresponsabilidad y negligencia, al no hacer lo necesario para que el techo del Jet Set Club fuera intervenido de manera adecuada y especializada para poder evitar una tragedia que cobrara vida del público y de sus empleados que confiaban en la supuesta seguridad del lugar, como finalmente ocurrió".

En el documento también se alude a movimientos de los imputados para presuntamente intentar intimidar o manipular a empleados de la empresa Inversiones E y L, S.R.L., la cual manejaba la discoteca, y que pueden actuar como testigos en el proceso.

Un día después del arresto de los acusados, fue interrogado de nuevo uno de los empleados de la discoteca, Gregory Adames, quien supuestamente habría advertido a Antonio Espaillat de que la infraestructura presentaba un deterioro físico y no había condiciones para realizar la fiesta del 8 de abril, a la que cientos de personas acudieron para disfrutar de la actuación del popular merenguero Rubby Pérez, también fallecido en el siniestro.