Santiago Hazim decidió no insistir en la solicitud de arresto domiciliario que había planteado su defensa y continuará cumpliendo en prisión preventiva la medida de coerción de 18 meses que pesa sobre él por el caso de presuntas irregularidades en el Seguro Nacional de Salud (Senasa).
No ha trascendido aún una explicación pública que revele por qué decidió desistir de algo que horas antes había planteado su defensa, por lo que continuará cumpliendo en prisión preventiva la medida de coerción de 18 meses que pesa sobre él por el caso de presuntas irregularidades en Senasa.
El exdirector ejecutivo de Senasa comunicó su decisión durante la audiencia de revisión de la medida de coerción ante el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
Su abogado, Miguel Valerio, informó al juez Deiby Timoteo Peguero que, luego de consultar con su representado, este optó por no objetar la continuidad de la prisión preventiva.
El tribunal mantiene la prisión preventiva
La decisión supone que Hazim permanecerá recluido en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, en San Antonio de Guerra, mientras continúa el proceso judicial.
De acuerdo con la información suministrada sobre la audiencia, el tribunal consideró que la prisión preventiva continúa siendo una medida idónea, necesaria y proporcional, por lo que mantuvo la coerción.
La revisión tiene carácter obligatorio y no constituye una decisión sobre la culpabilidad o inocencia de los imputados.
La prisión preventiva contra Hazim y otros seis procesados ya había sido ratificada el 30 de abril por el mismo Séptimo Juzgado de la Instrucción.
En aquella ocasión, el juez Peguero concluyó que no habían variado las circunstancias que sustentaron la medida y fijó una nueva revisión para el 30 de julio.
La salud, uno de los argumentos de la defensa
La situación médica de Hazim ha formado parte de la estrategia de su defensa desde el inicio del proceso. En diciembre de 2025, sus abogados presentaron ante el tribunal informes que señalaban un diagnóstico de esclerosis múltiple y la necesidad de tratamiento especializado.
El neurólogo Luis A. Taveras Guzmán había recomendado entonces considerar una medida menos gravosa y permitir los desplazamientos a Nueva York para recibir tratamiento.
La defensa también había argumentado que las condiciones de reclusión podían afectar su estado de salud. Sin embargo, el Ministerio Público cuestionó desde entonces que la condición alegada hubiera sido acreditada por un médico forense y sostuvo que los argumentos médicos no justificaban la sustitución de la prisión preventiva.
Los demás imputados
El expediente involucra a Santiago Hazim, Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.
Otros tres imputados —Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo— han enfrentado medidas de coerción menos gravosas, entre ellas arresto domiciliario, de acuerdo con las decisiones judiciales anteriores.
El Ministerio Público atribuye a los principales imputados una estructura que habría operado dentro de Senasa y ocasionado un perjuicio al Estado que inicialmente fue estimado en más de RD$15,000 millones.
Posteriormente, el Ministerio Público dijo que investiga autorizaciones de servicios fraudulentas solicitadas entre el 28 de enero de 2021 al 20 de febrero de 2025, sumando 4,363 para cirugía menor ambulatoria y consulta especializada, con un monto acumulado de al menos RD$41,125,551.02.
Un proceso todavía sin sentencia
Las acusaciones incluyen, según el expediente del Ministerio Público, coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, sobornos, falsificación y uso de documentos falsos y lavado de activos.
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