Tres años después de la explosión que devastó una parte del centro de San Cristóbal, la calle Padre Ayala vuelve a recibir diariamente vehículos, peatones y compradores. Los comercios mantienen sus puertas abiertas y en el área afectada se construye actualmente un estacionamiento.
El movimiento en las calles proyecta una imagen de recuperación. Sin embargo, la reconstrucción de los espacios no ha borrado las consecuencias de lo ocurrido el 14 de agosto de 2023. Para sobrevivientes, familiares de las víctimas y propietarios de negocios, regresar al lugar todavía significa enfrentarse a los recuerdos, las pérdidas y las preguntas que permanecen sin respuesta.
Una de esas personas es Rosanna Castillo, quien había salido de la zona minutos antes de la explosión. Aunque ha regresado en varias ocasiones, asegura que todavía debe prepararse emocionalmente antes de pasar por la zona.
“Créame que cuando me parqueo aquí me duele el alma de recordar esa situación. He pasado por aquí más de cuatro veces, porque lo pienso mucho para entrar. Es que cuando entro a este lugar, esos recuerdos siempre vienen a mí y me da mucha tristeza”.
La tarde que cambió el centro de San Cristóbal
Pasadas las tres de la tarde de aquel lunes, una fuerte detonación estremeció el antiguo Mercado Viejo, en la intersección de las calles Padre Ayala y Francisco J. Peynado, una de las zonas comerciales más concurridas de San Cristóbal.
La onda expansiva destruyó nueve edificaciones, provocó incendios y ocasionó daños en viviendas, vehículos y establecimientos cercanos. Las llamas, la inestabilidad de las estructuras y la cantidad de escombros dificultaron las labores de búsqueda y rescate.
El balance consignado por las autoridades fue de 38 personas fallecidas y alrededor de 59 heridas. Entre los afectados hubo personas con quemaduras, amputaciones y traumatismos.
La magnitud del siniestro también dificultó la recuperación e identificación de restos humanos. Algunas familias debieron esperar durante meses para obtener información sobre sus parientes, mientras otras enfrentaron la imposibilidad de recuperar completamente los restos de sus seres queridos.
Guarionex Castillo, propietario de una cafetería cercana, recuerda que parte de una edificación cayó sobre su negocio. El impacto afectó el techo y las paredes, y obligó a los presentes a salir del establecimiento en medio de la confusión.
Aunque logró reparar parte de los daños y reabrir la cafetería, asegura que el negocio todavía no ha recuperado el movimiento que tenía antes de la tragedia.
Negocios abiertos, pérdidas que continúan
La reapertura de los establecimientos no significó una recuperación inmediata. Algunos comercios permanecieron cerrados durante semanas o meses, mientras sus propietarios intentaban reparar puertas, cristales, techos, paredes y equipos.
A los gastos de reconstrucción se sumaron el tiempo sin trabajar, la pérdida de mercancías y la reducción del flujo de clientes.
“Todavía nosotros no nos sentimos bien, porque la pérdida que hubo ahí nos ha afectado. Las ventas del negocio están por mitad todavía. No ha habido aumento. De ahí para allá, las ventas han sido por mitad y, a veces, menos de la mitad. O sea que tenemos ese sufrimiento también”, explicó Guarionex Castillo.
Después de la explosión, el Gobierno puso en marcha diferentes modalidades de asistencia para familiares de fallecidos, heridos, hogares, trabajadores y comercios afectados.
Los familiares de las víctimas mortales recibieron una primera ayuda de RD$50,000, además de aportes mensuales de RD$20,000 hasta diciembre de 2023. Para las personas heridas fueron anunciadas contribuciones adicionales, determinadas según las condiciones particulares de cada paciente.
En el caso de los daños materiales, la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep) y el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (Mived) intervinieron inicialmente 70 comercios y 12 viviendas. El Gobierno también anunció gestiones con compañías aseguradoras y entidades financieras públicas para asistir a los negocios afectados, principalmente aquellos que no contaban con seguro.
A través del programa Supérate, también se implementó el Bono de Emergencia, consistente en transferencias de RD$20,000 durante un período de entre tres y cinco meses. Entre los grupos priorizados se encontraban familiares de fallecidos, personas heridas, hogares con viviendas afectadas y empleados de negocios ubicados en la zona cero.
Los registros oficiales indican que una primera entrega benefició a 440 familias en septiembre de 2023, mientras que una segunda partida alcanzó a 215 hogares en diciembre de ese año.
Pese a esas intervenciones, propietarios de negocios aseguran que la asistencia recibida no alcanzó para cubrir las reparaciones ni compensar los ingresos perdidos durante el tiempo que permanecieron sin trabajar.
Uno de ellos es el propietario de una barbería conocido como “el Fiscal”, quien afirma que recibió RD$50,000, pero tuvo que invertir más del doble para reconstruir el establecimiento.
Al momento de la detonación, en la barbería se encontraban varios clientes, entre ellos un niño que recibía un corte de cabello y una niña. La explosión rompió los cristales, derribó la puerta y provocó daños en la estructura. El establecimiento permaneció cerrado durante aproximadamente dos meses.
“Nos dieron cincuenta mil pesos, pero nosotros gastamos ciento y pico para arreglarla. Uno duró dos meses sin trabajar. Y, imagínate, esto es el día a día de uno y uno vive de esto”.
Para quienes dependían de estos pequeños negocios, la reparación de los locales fue solo una parte del proceso. También tuvieron que recuperar clientes, pagar deudas acumuladas durante el cierre y enfrentar el temor que permaneció entre trabajadores y visitantes.
Las ausencias detrás de las cifras
El balance de fallecidos permite medir la magnitud de la tragedia, pero no explica por completo sus consecuencias humanas. La explosión dejó familias sin padres, madres, parejas, hijos, amistades y compañeros de trabajo.
También provocó una compleja situación para quienes no pudieron recuperar o identificar los restos de sus parientes.
En agosto de 2024 fue promulgada la Ley 41-24, que estableció un procedimiento judicial especial para declarar el fallecimiento de las personas reportadas como desaparecidas tras la explosión.
La legislación surgió ante la situación de 12 personas que permanecían desaparecidas y eran consideradas presumiblemente fallecidas. Sin una declaración formal de defunción, sus familiares no podían completar trámites relacionados con pensiones, seguros, herencias, estado civil y otros derechos.
La medida permitió avanzar en esos procesos legales, pero no eliminó la incertidumbre ni el dolor de las familias que no tuvieron la posibilidad de despedir a sus seres queridos.
Para Rosanna Castillo, la tragedia está vinculada con la muerte de una amiga y compañera de trabajo, una maestra que se encontraba en la zona junto a su esposo.
Rosanna había salido minutos antes. Los escombros golpearon su vehículo mientras se encontraba en un estacionamiento cercano y, en un primer momento, pensó que había sido chocada por detrás. Cuando observó a las personas correr, todavía no conocía la dimensión de lo ocurrido.
Horas después comenzaron a circular en grupos de WhatsApp mensajes preguntando por el paradero de su compañera. La posterior confirmación de su muerte convirtió aquella experiencia en un recuerdo que todavía reaparece cada vez que Rosanna transita por el lugar.
Dos versiones sobre el origen de la explosión
Determinar cómo se produjo la explosión abrió un proceso técnico y judicial dirigido a establecer responsabilidades.
La acusación del Ministerio Público sostiene que la detonación se originó en las instalaciones donde funcionaba Vidal Plast, debido al manejo y almacenamiento inadecuados de materiales plásticos y sustancias químicas peligrosas.
Según el expediente, en el establecimiento se habría almacenado el producto químico Autofina-Luporox A 70S, clasificado como un peróxido orgánico y utilizado en procesos relacionados con plásticos y caucho.
La tesis de la Fiscalía establece que la sustancia permaneció en un espacio cerrado y con poca ventilación, junto a residuos plásticos. Estas condiciones habrían provocado una acumulación de gases que finalmente desencadenó la explosión.
El Ministerio Público también incorporó a la acusación un incidente ocurrido el 18 de marzo de 2023, cinco meses antes de la tragedia. De acuerdo con el expediente, una chispa generada durante un trabajo de soldadura produjo humo irritante y provocó quemaduras a un empleado en las mismas instalaciones.
Para el órgano acusador, ese episodio constituía una advertencia sobre las condiciones de riesgo existentes en el lugar y los responsables de la empresa no habrían adoptado las medidas necesarias para corregirlas.
La defensa de los procesados rechaza esa versión. Sus representantes han sostenido que la empresa había retirado sus equipos, que en el establecimiento no existían materiales capaces de provocar una explosión de esa magnitud y que el inmueble se encontraba bajo el control de autoridades municipales y otras instituciones.
Corresponderá al tribunal valorar ambas versiones a partir de los testimonios, documentos, peritajes y materiales audiovisuales incorporados al proceso.
Un expediente con 128 elementos de prueba
El 5 de septiembre de 2024, el Ministerio Público depositó la acusación formal contra Edward Armando Vidal Garrido, Maribel Sandoval Almánzar de Vidal y Mercedes Altagracia Vidal Sandoval.
La imputación contempla presuntas violaciones al Código Penal, la Ley General de Salud 42-01 y la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales 64-00.
El expediente está sustentado en 128 elementos de prueba, entre declaraciones testimoniales, documentos, informes periciales, fotografías, videos y otros materiales audiovisuales.
En diciembre de 2025, el Segundo Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal dispuso la apertura a juicio contra los tres imputados y admitió las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
El juicio de fondo comenzó el 22 de mayo de 2026 ante el Tribunal Colegiado de San Cristóbal. Durante las primeras audiencias declararon familiares de las víctimas, quienes relataron sus pérdidas y solicitaron que sean establecidas las responsabilidades correspondientes.
A tres años de la explosión, el proceso continúa sin una sentencia definitiva. Los imputados conservan la presunción de inocencia hasta que un tribunal determine lo contrario mediante una decisión firme.
Una recuperación todavía incompleta
Los comercios sobrevivientes reabrieron, los escombros fueron retirados y algunas de las estructuras afectadas fueron reparadas. En parte del espacio impactado por la explosión se desarrolla la construcción de un estacionamiento municipal, mientras el tránsito de vehículos y peatones continúa alrededor de la zona.
Pero la recuperación física ha avanzado más rápido que la emocional, la económica y la judicial.
Para algunos comerciantes, la tragedia permanece en las ventas que todavía no alcanzan los niveles anteriores. Para los sobrevivientes, reaparece en el temor provocado por un estruendo inesperado. Para las familias, se refleja en una silla vacía, en los trámites que debieron enfrentar y en la espera de una decisión judicial.
Tres años después, el centro de San Cristóbal continúa su marcha, pero las consecuencias de la explosión siguen presentes entre quienes sobrevivieron, perdieron a sus familiares o vieron desaparecer en segundos el trabajo construido durante años.
La zona comienza a transformarse nuevamente, mientras las familias esperan que la memoria de las víctimas no quede sepultada bajo los escombros ni se pierda entre los retrasos de la justicia.
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