Roberto Antonio Canaán, exgerente de atención al usuario del Seguro Nacional de Salud (Senasa), aparece como una de las figuras centrales en la investigación que involucra al fiscal del Distrito Nacional, Aurelio Valdez Alcántara, quien enfrenta imputaciones por presuntos actos de soborno, corrupción administrativa y lavado de activos.
Según el expediente del Ministerio Público, uno de los hechos clave ocurrió el pasado 13 de marzo, cuando Canaán se reunió con Valdez Alcántara en el parqueo de Plaza Lama. Durante ese encuentro, el fiscal habría utilizado información privilegiada sobre vínculos personales y patrimoniales de Canaán para establecer una posición de ventaja y presionarlo en el contexto de un proceso judicial.
El órgano acusador sostiene que Valdez Alcántara propuso alterar el curso de la investigación a cambio de beneficios económicos directos. La presunta exigencia inicial fue de US$ 200,000, reducida posteriormente a US$ 150,000, además de un reloj de lujo y un vehículo de alta gama.
En julio de 2025, Canaán había negado públicamente que el Senasa enfrentara una crisis financiera. En un video difundido en redes sociales, calificó como falsas las denuncias sobre un supuesto déficit y defendió la gestión de la institución, asegurando que el incremento del gasto respondía a la ampliación de la cobertura y a decisiones del Poder Ejecutivo orientadas a garantizar el derecho a la salud.
El expediente también señala que el fiscal habría mantenido presiones posteriores mediante llamadas telefónicas, fijando como fecha límite el 24 de marzo para la entrega del dinero, bajo la advertencia de judicializar el caso.
La jueza de la instrucción especial, Ysis B. Muñiz Almonte, autorizó el allanamiento a la residencia de Valdez Alcántara en Santo Domingo Este, con el objetivo de incautar dispositivos electrónicos, documentos, dinero, vehículos y otros elementos vinculados a la investigación. Los equipos serán analizados forensemente para extraer datos, comunicaciones, imágenes y archivos digitales relevantes.
El Ministerio Público justificó la medida por el riesgo de ocultamiento o destrucción de pruebas, dada la información que el investigado posee sobre el proceso en su contra. El caso se enmarca en presuntas violaciones al Código Penal Dominicano relacionadas con corrupción administrativa, así como a la Ley 155-17 sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
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