El Ministerio Público dominicano y la Fiscalía General de Colombia acordaron crear un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) para coordinar investigaciones sobre delincuencia organizada transnacional, trata de personas, delitos económicos y corrupción.
El acuerdo fue firmado por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, y la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo Garzón, con el acompañamiento de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
El mecanismo está previsto en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocida como Convención de Palermo, y permitirá a las autoridades de ambos países intercambiar directamente evidencia física y elementos materiales probatorios, coordinar investigaciones y ejecutar de manera conjunta determinadas medidas procesales, de acuerdo con sus respectivos ordenamientos jurídicos.
La trata de personas con fines de explotación sexual fue señalada durante el acto como uno de los principales ámbitos de actuación del equipo. Reynoso sostuvo que este delito constituye una prioridad para la gestión del Ministerio Público y requiere coordinación entre los países involucrados, debido a su carácter transnacional.
Camargo Garzón señaló que Colombia ha establecido 18 equipos conjuntos de investigación con otros países signatarios de la Convención de Palermo. Consideró que este tipo de mecanismos permite no solo intercambiar información, sino también desarrollar investigaciones coordinadas y compartir métodos de trabajo entre las fiscalías.
La fiscal general colombiana destacó además la persecución de las finanzas vinculadas a las organizaciones criminales como parte de las investigaciones sobre trata de personas. En ese contexto, planteó la necesidad de seguir los movimientos de dinero relacionados con el traslado de mujeres desde Colombia hacia República Dominicana.
El acuerdo contempla que el equipo pueda actuar en casos concretos y establece un marco de cooperación para la coordinación entre fiscales de ambos países. Su funcionamiento contará con cooperación y apoyo logístico de la UNODC.
El Código Procesal Penal dominicano, mediante el artículo 161 de la Ley 97-25, promulgada el 7 de diciembre de 2025, establece que el Ministerio Público puede coordinar investigaciones con autoridades de otros Estados y formar equipos conjuntos, bajo la dirección del Ministerio Público y el control de los jueces.
República Dominicana y Colombia son signatarios de la Convención de Palermo, adoptada en 2000. Colombia la ratificó el 4 de agosto de 2004 y República Dominicana el 26 de octubre de 2006.
La firma contó con la participación del viceministro de Política Exterior Multilateral, Rubén Silié, representantes de la embajada de Colombia en República Dominicana y funcionarios de ambas fiscalías, así como representantes de la UNODC.
República Dominicana ya había establecido un Equipo Conjunto de Investigación con Chile, según informó la Procuraduría General de la República. La cooperación con Colombia se enmarca en los esfuerzos de ambos países para investigar delitos que involucran actividades y estructuras criminales que operan más allá de sus respectivas fronteras.
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