La República Dominicana enfrentaría un aumento de la presión que ahora resiste por la crisis haitiana, en caso de que las pandillas violentas haitianas tomen el control de Puerto Príncipe en ausencia total de un Estado que funcione en Haití.
Así lo plantea un reportaje del periódico Atlantic Council, de Estados Unidos, firmado por Camilla Reitherman, que plantea que de producirse tal situación Haití se convertiría en escenario de actividades terroristas, mercado de drogas y redes criminales transnacionales, desestabilizando aún más la Cuenca del Caribe.
Sostiene que con este nivel de inseguridad, a pocos kilómetros de las costas estadounidenses, la situación representa un incendio de cinco alarmas para la seguridad nacional de Estados Unidos
A juicio de la periodista, no existe una solución fácil para las crisis de Haití,pero Estados Unidos puede empezar a actuar ahora, porque de lo contrario se corre el riesgo de permitir que la crisis no sólo empeore, sino que se extienda a Estados Unidos y a toda la región.
Señala que la crisis de Haití ocurre a sólo 750 millas de Key West, Florida, que el inminente colapso de Puerto Príncipe pronto podría exigir una respuesta estadounidense más amplia y coordinada.
A continuación el reportaje de Camilla Reitherman, de Atlantic Council
No existe una solución fácil para las crisis de Haití
El 2 de mayo, el Secretario de Estado Marco Rubio designó a las dos coaliciones de pandillas más poderosas de Haití, Viv Ansanm y Gran Grif, como organizaciones terroristas extranjeras. Esta medida, junto con los dos viajes de Rubio al Caribe a principios de este año, señala el reconocimiento por parte de la administración Trump de la creciente crisis a sólo 750 millas de Key West, Florida. Aun así, el inminente colapso de Puerto Príncipe pronto podría exigir una respuesta estadounidense más amplia y coordinada.
Este es el cuarto año en Haití sin presidente, el noveno año sin elecciones presidenciales y el segundo año sin un solo funcionario elegido democráticamente en el poder. Desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021, el país ha sido testigo de una letanía de crisis (de seguridad, humanitarias y políticas) que han desplazado internamente a más de un millón de haitianos, más de la mitad de los cuales son niños. Las instituciones estatales debilitadas y una fuerza policial nacional con recursos insuficientes han dejado a los haitianos enfrentando estos desafíos con poco o ningún apoyo de su gobierno.
Si bien la resiliencia ha sido durante mucho tiempo un rasgo definitorio del pueblo haitiano, forjado a través de más de dos siglos de adversidad, los últimos meses han puesto a prueba esa resistencia hasta sus límites. Las pandillas han logrado avances asombrosos en áreas densamente pobladas de la capital y en regiones rurales anteriormente protegidas, provocando un aumento de la violencia que se ha cobrado más de 1.500 vidas desde el 1 de enero.
Los expertos advierten que el colapso total de Puerto Príncipe está ahora más cerca que nunca. ¿Qué pasa si la capital cae en manos de las pandillas? Más allá de una crisis humanitaria sísmica, el Consejo Presidencial de Transición (un órgano de gobierno provisional formado en abril de 2024 con el apoyo de la Comunidad del Caribe y Estados Unidos) probablemente se desintegraría, llevándose consigo cualquier esperanza restante de reforma constitucional, elecciones creíbles y un gobierno central que funcione. Y a medida que las pandillas expandan su control más allá de los bastiones urbanos y hacia el campo, la nación entera estaría al borde del colapso del Estado.
Si bien no hay soluciones inmediatas a la crisis en Haití, hay varias medidas tangibles que Estados Unidos puede tomar para aliviar el sufrimiento del pueblo haitiano y ayudar a facilitar la recuperación del país. De no hacerlo, se corre el riesgo de permitir que la crisis no sólo empeore, sino que se extienda a Estados Unidos y a toda la región.
Efectos dominó
La principal consecuencia del posible colapso de Haití hasta convertirse en un Estado fallido sería la devastadora pérdida de vidas y el futuro destrozado de cientos de miles de haitianos. Pero estas consecuencias no se limitarían dentro de las fronteras del país: Estados Unidos y la cuenca del Caribe en general también sentirán inevitablemente los efectos de la crisis.
Un desastre humanitario de esta escala desencadenaría un aumento dramático de la migración a países de la región, incluida la frontera sur de Estados Unidos. Esto coincide con la revocación por parte de la administración Trump del Estatus de Protección Temporal para 200.000 refugiados haitianos, lo que obligó a deportaciones en un momento de máxima inestabilidad.
La República Dominicana, el vecino más cercano de Haití y un aliado clave de Estados Unidos, también enfrentaría una presión intensificada, tanto por los flujos de refugiados como por el riesgo de violencia transfronteriza. En ausencia total de un Estado que funcione, Haití podría convertirse en un escenario para actividades terroristas, mercados de drogas y redes criminales transnacionales que ya están activas en la región, desestabilizando aún más la cuenca del Caribe. Con este nivel de inseguridad a pocos kilómetros de las costas de Estados Unidos, la situación representa un incendio de cinco alarmas para la seguridad nacional de Estados Unidos.
La política exterior de Estados Unidos en Haití ha estado marcada durante mucho tiempo por la intervención, la mala gestión y las soluciones de corto plazo.
Muchos expertos temen que la designación de las pandillas de Haití como organizaciones terroristas extranjeras siga el mismo patrón: no abordar las causas profundas de la violencia de las pandillas ni considerar el impacto sobre los civiles que dependen de la ayuda.
Y como ha dejado claro el fracaso de la misión de Apoyo Multinacional a la Seguridad de Kenia para restablecer la seguridad en Haití, incluso los esfuerzos con un respaldo significativo de Estados Unidos han resultado inadecuados para los desafíos del momento. Las intervenciones y políticas pasadas de Estados Unidos hacia Haití han alimentado la sospecha entre muchos haitianos y la desesperanza entre muchos formuladores de políticas estadounidenses. Sin embargo, si bien el gobierno de Estados Unidos tiene una responsabilidad importante por este escepticismo, también posee la influencia para lograr un cambio positivo, aunque gradual, para Haití.
Cómo puede ayudar Estados Unidos ahora mismo
El gobierno estadounidense puede tomar varias medidas en el corto plazo para recuperar un mínimo de estabilidad y preparar a la nación para “el día después”. Muchas de las políticas necesarias ya existen; simplemente requieren una reautorización o revisiones específicas para ser efectivas.
Aunque Haití es ampliamente reconocido como el país más pobre del hemisferio occidental, Estados Unidos sigue siendo el mercado más grande para su sector más rentable: los textiles. Gracias a la legislación bipartidista aprobada por el Congreso en 2006 y 2010, conocida como las leyes HOPE y HELP, que establecieron condiciones comerciales preferenciales para el sector, las exportaciones de prendas de vestir de Haití a Estados Unidos aumentaron de 231 millones de dólares en 2001 a 994 millones de dólares en 2021.
Aunque la crisis ha socavado gravemente la producción textil, estas exportaciones proporcionan un salvavidas económico resistente para lo que queda de la economía formal de Haití. Sin embargo, a menos que se vuelvan a autorizar, estas preferencias comerciales expirarán en septiembre. En lugar de imponer aranceles que desestabilicen aún más el frágil sector manufacturero de Haití, el Congreso debería actuar rápidamente para preservar la casi deslocalización de las importaciones manufactureras estadounidenses mediante la aprobación de la HR 1625, la Ley de Extensión del Programa de Impulso Económico de Haití de 2025, patrocinada por el Representante Gregory Murphy (R-NC).
La retirada de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) plantea muchas preguntas sobre el futuro de las organizaciones de desarrollo en Haití, mientras cientos de programas que salvan vidas quedan suspendidos indefinidamente.
Varias voces dentro de la comunidad política de Haití señalan que el trabajo de la agencia, a pesar de sus mejores intenciones, a veces creó una dependencia excesiva de la ayuda exterior dentro de las instituciones haitianas. Más de un siglo de esta dinámica llevó a Haití a convertirse, en palabras del experto en Haití Jake Johnston, en un “estado de ayuda”.
Tras la salida de USAID, Estados Unidos tiene la oportunidad de diseñar una estrategia de ayuda más eficaz que ponga la responsabilidad del trabajo de desarrollo en manos de una sociedad civil haitiana cada vez más resiliente, no sólo de contratistas extranjeros.
Esta estrategia resultó exitosa en la implementación del programa del Plan de Emergencia del Presidente para el Alivio del SIDA. Y este enfoque sirve como base de la Ley de Fragilidad Global (GFA, por sus siglas en inglés), una ley aprobada por el Congreso durante el primer mandato del presidente estadounidense Donald Trump que prioriza la localización y reorienta la estrategia de la política exterior estadounidense en los estados frágiles hacia la prevención de conflictos en lugar de reaccionar ante ellos.
Haití fue designado uno de los diez países prioritarios del GFA y la administración Biden dio pasos significativos hacia el desarrollo de una estrategia que prioriza el compromiso con una amplia gama de socios locales confiables.
La renovación del GFA podría aprovechar esta base canalizando recursos sustanciales para empoderar a los socios locales, fomentando así una mayor autosuficiencia dentro de las instituciones haitianas. Los representantes Sarah Jacobs (D-CA) y Michael McCaul (R-TX) presentaron un proyecto de ley para reautorizar y fortalecer la GFA. Sin embargo, a pesar del apoyo de la administración Trump a la localización de la ayuda, el impulso para renovar esta política ha flaqueado tanto en el poder legislativo como en el ejecutivo, poniendo su futuro en peligro.
Un enfoque de todo el gobierno
Como ha descrito Georges Fauriol, experto en el Caribe, la política estadounidense hacia Haití, “el desafío no es tanto la ausencia de una estrategia como su carácter desagregado”. Ya sea el Departamento de Estado, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos o el Comando Sur de Estados Unidos del Departamento de Defensa, al gobierno de Estados Unidos no le faltan entidades que llevan a cabo la política hacia Haití, sin mencionar la influencia de grupos de interés externos como los de la diáspora haitiana estadounidense.
Aunque apuntan a la misma misión, estas iniciativas tienden a operar en silos y no se unen para formar una estrategia cohesiva para la estabilidad a largo plazo del país. Esta dinámica fue evidente durante la respuesta de Estados Unidos al devastador terremoto de Haití de 2010, cuando las operaciones de ayuda militar dirigidas por el Comando Sur de Estados Unidos y las iniciativas de desastre de USAID a menudo lucharon con divisiones de responsabilidad poco claras, lo que resultó en ineficiencias operativas. El GFA y políticas como la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe tienen como objetivo establecer un enfoque de todo el gobierno para abordar este problema.
En lugar de lanzar nuevas iniciativas para cada crisis emergente, la administración Trump también debería nombrar un enviado especial para coordinar y aprovechar las políticas existentes en Haití dentro de las distintas ramas, ayudando a dar forma a una política exterior más coherente para la isla y la región en general.
La gravedad de la crisis actual en Haití hace que imaginar “el día después” sea un desafío. Sin embargo, para innumerables haitianos, ya sea que vivan en Haití o en el extranjero, vale la pena luchar por esta visión, tal como lo ha sido durante períodos de agitación anteriores. Estados Unidos tiene un interés estratégico en promover una política para Haití centrada en la estabilidad a largo plazo en lugar de soluciones a corto plazo. Ninguna política o iniciativa por sí sola resolverá los desafíos humanitarios, económicos y de seguridad que han afectado a Haití durante los últimos cuatro años. Pero no actuar en absoluto pondría en peligro aún más la estabilidad de Haití, Estados Unidos y la región en su conjunto.
* Camilla Reitherman es una joven profesional global del Programa de Liderazgo del Milenio del Atlantic Council.
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