Los abogados de la familia Reyes, querellantes en el proceso judicial conocido como caso Calamar, afirmaron este viernes que el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, no cometió desfalco alguno, sino que se limitó a cumplir con sentencias que ordenaban el pago de una deuda social pendiente desde hace más de seis décadas.
El proceso, que mantiene encartados a exfuncionarios y empresarios por presuntas maniobras para distraer recursos del Estado, gira en torno a los pagos autorizados en 2016 a distintas familias reclamantes de terrenos, entre ellas los Reyes, herederos directos del copropietario de la parcela 613 donde hoy se levanta el Aeropuerto Internacional Las Américas.
Según los representantes legales, lo que el Ministerio Público ha intentado presentar como un fraude fue en realidad el cumplimiento de decisiones judiciales, mientras que los verdaderos estafadores han sido beneficiados por la propia acusación.
Moisés Sánchez Ramírez, abogado principal de la familia, sostuvo que el desembolso ejecutado en 2016 estaba consignado en el presupuesto nacional y respondía a fallos judiciales firmes.
“El Estado pagó bien, no hubo desfalco. Lo que sí hubo fue una estafa de Fernando Crisóstomo, quien se quedó con más de 500 millones de pesos y, en lugar de responder por ello, fue beneficiado con un criterio de oportunidad por el Ministerio Público”, denunció.
En tanto, el abogado Rafael Zapata recordó que la sentencia ordenaba pagar 1,288 millones de pesos a los Reyes, de los cuales se ejecutó un 80 %. El 20 % restante sigue pendiente, mientras que “Crisóstomo se apropió indebidamente de 550 millones y devolvió mil millones para obtener ventajas procesales. No podemos hablar de un pago irregular del Estado, el dinero fue bien pagado. Los verdaderos estafadores están en otro lado”, puntualizó.
Otros representantes legales, como Julio César Ventura y Alexander Navarro, también cuestionaron la actuación del órgano acusador. Ventura sostuvo que lo que corresponde ahora es ordenar el pago pendiente y garantizar institucionalidad en el proceso. Navarro fue más enfático: “La familia Reyes se muere de hambre mientras el Ministerio Público juega a la narrativa de un falso desfalco. Guerrero pagó lo que establecía la ley”.
La familia Reyes, heredera directa de los antiguos propietarios de la parcela 613, aseguró haber sido víctima de una estafa por más de 700 millones de pesos. “Donald Guerrero cumplió con la deuda social; lo que ha faltado es justicia contra quienes defraudaron al Estado y a nuestra familia”, concluyó Sánchez Ramírez.
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