El magistrado Justiniano Montero anunció que impulsará una serie de reformas para fortalecer la estructura institucional del Poder Judicial, entre ellas la elaboración de una nueva ley orgánica, cambios en la carrera administrativa judicial y un proyecto de ley para regular la ejecución de sentencias.
Durante una rueda de prensa en la que presentó sus propuestas para los primeros 100 días de gestión, Montero explicó que el fortalecimiento institucional requiere contar con una carrera judicial y administrativa más sólida, que permita profesionalizar al personal y garantizar mayor estabilidad en sus puestos de trabajo.
En ese sentido, adelantó que se diseñará una estrategia para que los empleados del Poder Judicial puedan evaluarse y acceder al sistema de carrera administrativa.
“Vamos a programar una estrategia para comenzar a que los empleados tengan la posibilidad de evaluarse y de acceder al sistema de carrera administrativa”, expresó.
También planteó la necesidad de revisar las normas que regulan esa carrera, con el propósito de ofrecer seguridad laboral a los servidores judiciales.
Según explicó, la profesionalización y el ingreso a la carrera administrativa deben traducirse en una mayor identificación de los empleados con la institución, así como en motivación y compromiso con las funciones que desempeñan.
Una nueva ley orgánica para el Poder Judicial
Otra de las iniciativas anunciadas por Montero consiste en preparar un proyecto de ley orgánica del Poder Judicial para someterlo al Congreso Nacional.
La propuesta busca reunir y actualizar distintas disposiciones legales que regulan el funcionamiento de la institución, algunas de las cuales tienen varias décadas de vigencia.
Entre las normas que mencionó figuran la Ley de Organización Judicial, de 1927, y la Ley 327-98, sobre Carrera Judicial. También planteó incorporar la legislación que regula el Consejo del Poder Judicial, aprobada en 2011.
Sobre esta última normativa, consideró que presenta deficiencias que deben corregirse para adecuar el funcionamiento del Consejo a las necesidades actuales de la administración de justicia.
“Tenemos que apostar a un Consejo del Poder Judicial más acorde con la realidad de la administración de justicia y del Poder Judicial”, manifestó.
La iniciativa procura actualizar el marco legal que organiza la institución y revisar las disposiciones que rigen sus órganos y estructuras.
Proponen ley para regular la ejecución de sentencias
Montero también anunció que impulsará ante el Congreso Nacional un proyecto de ley sobre ejecución de sentencias, con especial atención a los procedimientos civiles, como desalojos y embargos.
El magistrado sostuvo que la ejecución de decisiones judiciales se ha convertido en una fuente de inseguridad jurídica debido a las actuaciones que, según afirmó, se producen durante algunos de estos procedimientos.
“La ejecución de sentencia es un tema que se ha convertido en nuestro país, sobre todo en el ámbito civil, en sinónimo de inseguridad jurídica, en sinónimo de vandalismo”, expresó.
Advirtió que durante los desalojos y embargos pueden ocurrir actuaciones que calificó de indecorosas y contrarias a la dignidad humana y a los principios que deben regir estos procedimientos.
“No quiera usted ser víctima de una ejecución del orden civil, de un desalojo, de un embargo, porque suscitan en múltiples características actuaciones muy indecorosas, actuaciones muy deleznables”, manifestó.
El magistrado consideró necesario establecer reglas claras que permitan ejecutar las decisiones judiciales sin vulnerar los derechos fundamentales de las personas involucradas.
Plantea aprovechar decisión del Tribunal Constitucional
Para sustentar la necesidad de una nueva legislación, Montero hizo referencia al artículo 148 de la Constitución dominicana y a una decisión del Tribunal Constitucional relacionada con la ejecución de sentencias.
Explicó que, a partir de ese escenario, el país debe aprovechar la oportunidad para establecer un marco legal que regule estos procedimientos y garantice el respeto a los derechos fundamentales.
“Nosotros tenemos que aprovechar esa coyuntura para tener una muy buena ley de ejecución que apueste a un clima de respeto a los derechos fundamentales y a una robustecida visión del Estado de Derecho”, sostuvo.
Las propuestas forman parte de los planteamientos presentados por Montero durante la rueda de prensa sobre las prioridades de su gestión, en la que abordó cambios administrativos, actualización legislativa y medidas para mejorar el funcionamiento de la justicia dominicana.
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