Procuraduría pide cuatro meses más para acusar a Santiago Hazim y otros nueve imputados en caso Senasa

El Ministerio Público solicitó este martes al juez de instrucción a cargo del control de las investigaciones una prórroga de cuatro meses para presentar la acusación formal contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, y otros nueve imputados, en el marco del proceso que investiga una presunta estafa millonaria contra el Estado dominicano.

La solicitud fue depositada ante la jueza Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, por el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, y la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Mirna Ortiz.

El expediente pasa al Séptimo Juzgado de Instrucción

El caso será remitido al juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien deberá notificar a la defensa de los imputados y a los abogados que representan al Estado dominicano, y fijar una audiencia para conocer la petición de prórroga.

Quiénes están imputados y en qué condición

Junto a Santiago Hazim figuran como acusados Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez y Ada Ledesma.

Los cinco primeros guardan prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, mientras que Ledesma cumple arresto domiciliario.

También integran el grupo de imputados Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes se encuentran bajo arresto domiciliario. Los tres ya habían admitido ante el tribunal haber pagado sobornos a Hazim y a otros funcionarios de Senasa, colaboración que les permitió obtener esa medida de coerción en lugar de prisión preventiva.

Una red que operó cinco años y defraudó más de 19,000 millones

Al grupo se le acusa de haber defraudado al Estado dominicano por más de 15,000 millones de pesos, cifra que investigaciones posteriores han elevado a más de 19,000 millones. Según el Ministerio Público, la red operó entre 2020 y 2025, afectando directamente el sistema público de riesgos de salud.

Los delitos atribuidos incluyen coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, cobro de sobornos, lavado de activos, y falsificación y uso de documentos falsos.

Investigación abierta: más personas en la mira

El Ministerio Público reiteró que el caso permanece abierto y que, además de los actuales arrestados, otras personas físicas y jurídicas continúan bajo investigación, lo que anticipa posibles nuevas imputaciones en los próximos meses.